La ministra de Justicia, Pilar Llop, presidió el acto de entrega de las medallas de honor de Colegio de Registradores, que se celebra cada año coincidiendo con el aniversario de la promulgación de la Ley Hipotecaria de 1861, para reconocer el trabajo de los registradores en labores corporativas y el de las personas e instituciones que trabajan por el fortalecimiento del Estado de derecho.
En su intervención, la ministra destacó que el trabajo realizado por los registradores es “imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho, y un ejemplo de solidaridad democrática”. En este sentido se refirió a las últimas actuaciones llevadas a cabo por la Institución Registral en asuntos como el apoyo a los damnificados por el volcán de la isla de La Palma, el trabajo realizado en materia de igualdad de derechos de las personas con discapacidad o la contribución a la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la delincuencia transfronteriza, a través del Registro de Titularidades Reales.
Durante el discurso, Llop resaltó también “la implicación de los registradores para preservar la privacidad y proteger adecuadamente los datos de la ciudadanía, y así poder garantizar sus derechos y libertades a través del del servicio PRISMA”. En este sentido, felicitó al Colegio de Registradores por el reciente premio concedido por la Agencia Española de Protección de Datos a la publicación de la Guía de buenas prácticas en materia de privacidad.
Pilar Llop resaltó que el trabajo realizado por los registradores es “imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho, y un ejemplo de solidaridad democrática”
Por su parte la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, destacó en sus palabras que “el Registro ha contribuido de modo decisivo al desarrollo social y económico de España. Un motor para la justicia social y la igualdad”. El Registro, dijo, “es la excelencia al servicio de la Justicia y de las personas”.
“Los registradores no somos más que servidores públicos y eso es lo que podemos ofrecer al ministerio, al Gobierno de España, y a España entera”, añadió la decana, y ofreció a la ministra su contribución para todos los proyectos que se requieran, “especialmente para apoyar la presidencia española de la Unión Europea, que será un punto de inflexión en la construcción de un espacio jurídico común europeo, donde España tiene mucho que aportar y los registradores se ofrecen a colaborar”.
La decana de los registradores destacó que “el Registro es la excelencia al servicio de la Justicia y de las personas”
PREMIADOS
María Emilia Adán agradeció también a los premiados el ejemplo dado y su trayectoria profesional, señalando que si “hoy la Institución Registral es más fuerte y más moderna, es gracias a vuestro esfuerzo”.
Este año las medallas de honor se han otorgado a los registradores que formaron parte de la junta de gobierno en la anterior legislatura como fueron José María de Pablos O´Mullony, José Ramón Martín Marco, Manuel Ballesteros Alonso, Fernando Acedo-Rico Henning, Juan Luis Gimeno de la Fuente, Mercedes Ríos Peset, Gabriel Gragera Ibáñez, Jorge Salazar García y Eduardo Entrala Bueno.
Junto a ellos, ha recibido también el máximo galardón de la institución Alberto Muñoz Calvo, presidente Comisión Atención a la Discapacidad del Colegio de Registradores de España; Ernesto Calmarza Cuenca, coordinador del Centro de Estudios del Decanato de los registradores de Madrid; Francisco Palacios Criado, registrador de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma y Francisco Marín Castán, presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo.
El acto sirvió también para rendir homenaje a los registradores jubilados en los dos últimos años, y a título póstumo a Arjan Sundardas, director técnico del Servicio de Sistemas de Información del Colegio, fallecido en 2014.
Junto a la ministra estuvieron presentes en la entrega de las medallas de honor el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, entre otras autoridades.
