«Gracias a la Constitución, España es un Estado plenamente integrado en Europa”
En esta entrevista el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, analiza la importancia del texto constitucional que, según sus palabras, “nos ha traído el mayor período de paz y prosperidad de nuestra historia”.
Usted tiene una larga trayectoria en el Tribunal Constitucional, el cual preside desde marzo del año pasado. ¿Nos podría hacer un análisis de la jurisprudencia del Tribunal como intérprete de la Constitución en las últimas cuatro décadas?
Como dice el artículo 123 de la Carta Magna, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y su principal guardián jurídico. La evolución del Tribunal ha sido siempre muy positiva desde su primera sentencia, la 1/1981 de 26 de enero, que aseguró la supremacía normativa de la Carta Magna, hasta las más recientes dictadas sobre la situación política de Cataluña como la de 17 de octubre de 2017, que anuló la Ley de Referéndum aprobada por el Parlamento catalán, así como la sentencia de 8 noviembre de ese mismo año que también anuló la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
En medio de este periodo también se han dictado resoluciones judiciales importantes que han ayudado a resolver los conflictos de competencias entre órganos constitucionales y también para impulsar el proceso de descentralización territorial del Estado. En este punto puedo citar la célebre sentencia 76/1986 sobre la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que sancionó la necesidad de conjugar homogeneidad y diversidad entre las autonomías y el Estado.
Finalmente, tampoco puedo dejar de mencionar las numerosas sentencias dictadas sobre recursos de amparo que han contribuido a la efectiva garantía de los derechos y libertades que consagra la Constitución. Me gustaría recalcar en este punto que el Tribunal ha asumido como propia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obliga a España tanto por la vía convencional como por la cláusula interpretativa del artículo 10.2 de nuestra Carta Magna.
Transcurridos ya tres años, ¿cuál es su valoración de la reforma de 2015 para facilitar la ejecución de las sentencias del Tribunal?
En mi opinión, la valoración de la reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2015 es positiva porque proporcionó al Tribunal nuevos instrumentos para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones judiciales. Durante este tiempo el Tribunal sólo en una ocasión ha empleado la imposición de multas coercitivas frente a aquellos que pretendían no atender las decisiones del Tribunal de Garantías. Y es que el artículo 87 de su ley orgánica dice que son de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos.
Pero, dicha reforma fue enjuiciada por el propio Tribunal…
Sí, y por la Comisión de Venecia, órgano dependiente del Consejo de Europa. Ambos órganos concluyeron que la reforma era constitucional y acorde con los principios y valores europeos.
¿Qué objetivos principales se ha marcado para el conjunto de su mandato al frente del Tribunal Constitucional?
Los puedo sintetizar en tres. El primero, se refiere al funcionamiento propio del Tribunal, donde pretendo reducir la pendencia de los asuntos y que las sentencias dictadas gocen de un buen nivel jurídico y sean comprensibles para todos. El segundo, es seguir desarrollando el proceso de modernización y apertura del Tribunal, tanto al ciudadano como a otras instituciones españolas y europeas. Y el tercero, relacionado con el anterior, es impulsar la transparencia para hacer del Tribunal un órgano constitucional donde los ciudadanos puedan acceder a la información sobre sus actividades públicas. El pasado año el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos dio el primer puesto del ranking con una puntuación de 9,87.
Hay una corriente de opinión que defiende que cada generación debe votar su Constitución. ¿Qué le parece?
Soy un defensor de la democracia parlamentaria y representativa, con lo que no creo que un constante recurso al plebiscito sea la mejor opción. Los españoles hace 40 años, gracias al consenso, al diálogo y a la concordia, aprobamos un texto ambicioso y generoso. Esto no quiere decir que sea intocable.
“El pasado año el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos dio el primer puesto del ranking con una puntuación de 9,87”
Entonces, ¿es partidario de una posible reforma?
Qué duda cabe que, llegado el caso y con el consenso y diálogo necesario, nuestra Constitución pudiera necesitar adaptaciones o mejoras a las nuevas circunstancias que vive nuestro país. Nuestro texto constitucional no tiene cláusulas de intangibilidad. Creo que todos los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, los que no han vivido la Transición, deben aprender lo que es nuestra Constitución, lo que representa y lo que defiende.
¿Qué opina del papel de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles en la defensa de la seguridad jurídica, consagrada por el artículo 9 de la Constitución, en el ámbito inmobiliario y mercantil?
Creo que la función registral es vital en nuestro ordenamiento, ya que garantiza la seguridad jurídica en el tráfico mercantil e inmobiliario. Es un principio básico del Estado de Derecho y consagrado en el artículo 9.3 del texto constitucional en el que el registrador realiza un papel clave. A través de las debidas inscripciones y su correspondiente publicidad se protegen y aseguran las más diversas situaciones y actos jurídicos. Es, por tanto, un cometido importantísimo en España para el particular porque preserva sus derechos subjetivos y evita, en numerosas ocasiones, conflictos. Personalmente, además, tengo en alta estima y en gran consideración al cuerpo de registradores, de gran valía profesional. Me gusta estar al tanto de las principales novedades y retos del sector, cuyo seguimiento efectúo a través de las diversas publicaciones del Colegio.
José María Ramírez-Cárdenas Gil
