Tener la suerte de escribir en esta reputada revista y no abordar el asunto de la vivienda sería un tremendo error por mi parte. No sólo porque, de acuerdo con la mayoría de encuestas recientes, la vivienda es el principal problema de los españoles; sino porque nadie entendería que un político no trate un asunto que abre informativos y perturba el sueño de los españoles en una publicación en la que, frecuentemente, se esbozan sus soluciones por plumas más que acreditadas.

Una publicación editada por una corporación cuyos miembros merecen el agradecimiento mayúsculo de la sociedad española. Por su excelente y valioso trabajo diario y por su ejemplar comportamiento tras las terribles riadas acontecidas en la Comunidad Valenciana y otras regiones de nuestro país.

Creo que no descubro nada nuevo al lector al afirmar que el panorama de la vivienda en España es tremendamente preocupante. El Banco de España lo describió con rotundidad en su informe del pasado mes de octubre, concluyendo que faltan casi medio millón de viviendas en nuestro país, teniendo en cuenta la diferencia abismal que existe entre la cifra de creación neta de hogares y las viviendas que se construyen. Un déficit de vivienda que se concentra, además, con especial intensidad, en un puñado de provincias que han resultado fuertemente castigadas por los efectos de la escasez de oferta, frente a una demanda que no para -ni parece que vaya a parar- de crecer.

La vivienda española se sitúa en el centro de una tormenta perfecta que arrecia con fuerza sobre los sueños y propósitos de los españoles (y, especialmente, de nuestros jóvenes). Y que es fruto de un cúmulo de factores variados pero capaces de bailar al son de la misma música, como: el crecimiento de las barreras en el acceso a la financiación consecuencia de la crisis financiera; el aumento del número de hogares derivado de la inmigración y de una sociedad que abraza nuevas formas de vivir; o, la importante caída del número de viviendas construidas durante la última década, algo de lo que tiene gran parte de culpa nuestro presidente del Gobierno. Un presidente enemigo de la confianza y experto en generar incertidumbre e inseguridad jurídica, que vacila -cuando no tontea- con la ocupación ilegal y que gobierna aplicando recetas radicales e ineficaces.

El resultado de ello se ha convertido en el lastre de toda una generación, incapaz de prosperar aplicando la misma fórmula a la que antes recurrieron sus padres y abuelos, la de crecer a lomos de la propiedad privada, ingresando en la clase media y surfeando la vida sobre un pequeño patrimonio que sirve de impulso y refugio. Algo con consecuencias graves y amplias, capaz de perjudicar aspectos como la emancipación, la natalidad o la creación de riqueza.

El Plan de Vivienda del Partido Popular tiene como objetivos poner más vivienda en el mercado, de nueva construcción y fruto de la rehabilitación, a través de la reducción de plazos, la movilización de suelo público, la transformación del suelo y la eliminación de obstáculos legales y urbanísticos; mejorar el acceso a la vivienda, aumentando la oferta de vivienda asequible, concediendo avales, facilitando la financiación y reduciendo (y bonificando en su totalidad) impuestos; dotar de mayor seguridad al mercado, acabando con la ocupación ilegal y derogando los aspectos más lesivos de la Ley de Vivienda vigente; y conseguir que todos los actores implicados remen en la misma dirección

Esta situación no ha caído recientemente del cielo. Lleva años sobre la mesa de un presidente que ocupa el escaño azul desde junio de 2018. Es decir, desde hace prácticamente 7 años. Y que no ha hecho otra cosa que acordarse de la vivienda -como de los ciudadanos- cada vez que se han abierto los colegios electorales. 

Su única propuesta al respecto ha sido la de prometer, como un mantra y a golpe de mitin, viviendas que todavía no han llegado, algo tan interesado y ruidoso como inútil; así como impulsar una norma intervencionista y sectaria que ha demostrado ser absolutamente estéril allí donde ha desplegado plenos efectos -desencadenando importantes reducciones de oferta-.

En este contexto, escuchar a Pedro Sánchez culpar a todos para tapar su incompetencia e inacción genera desesperanza y risa a partes iguales. La emergencia de la vivienda no se solucionará ni un ápice intentando que los españoles maldigan a enemigos ficticios mientras bucean desesperadamente en Idealista. Ni tampoco con medidas ilusorias, fuegos de artificio diseñados para la galería, alumbrados bajo la ficción de que el Gobierno de España es capaz de legislar sobre algún asunto de calado en el Congreso de los Diputados.

La situación de la vivienda debe ser afrontada con realismo, mucha determinación (en el corto y medio plazo), grandes dosis de visión (en el largo) y actuando de forma coordinada a todos los niveles. Con esa idea en mente y el propósito de encontrar fortaleza en la unidad, el Partido Popular ha presentado recientemente su Plan de Vivienda. 

Una batería de medidas ambiciosas que aspiran a doblegar la crisis de la vivienda persiguiendo de forma simultánea cuatro objetivos: (i) poner más vivienda en el mercado, de nueva construcción y fruto de la rehabilitación, a través de la reducción de plazos, la movilización de suelo público, la transformación del suelo y la eliminación de obstáculos legales y urbanísticos; (ii) mejorar el acceso a la vivienda, aumentando la oferta de vivienda asequible, concediendo avales, facilitando la financiación y reduciendo (y bonificando en su totalidad) impuestos; (iii) dotar de mayor seguridad al mercado, acabando con la ocupación ilegal y derogando los aspectos más lesivos de la Ley de Vivienda vigente; y, (iv) conseguir que todos los actores implicados remen en la misma dirección, a través de una “Mesa por la Vivienda” en la que estén sentados todos los que puedan (y quieran) aportar a la solución.

La ciudadanía española demanda de la política más soluciones y menos problemas, y es con ese espíritu con el que está trabajando el Partido Popular. En pocos meses, muchas de estas medidas serán una realidad en gran parte de las CCAA y ayuntamientos, y los españoles comenzarán a percibir sus efectos. Y, más pronto que tarde, serán también una bandera del Gobierno de la Nación. Cuando España vuelva a contar con un presidente del Gobierno a su altura, como Alberto Núñez Feijóo. Lejano a intereses particulares y cercano al interés general, que gobierne para solucionar y no para sobrevivir.

Miguel Tellado