“La vacunación es la mejor política económica del Gobierno”
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aborda en esta entrevista algunos de los temas de actualidad de la acción del Gobierno, y señala que aunque “la pandemia sigue azotándonos y, por tanto, tenemos que seguir combatiéndola, estamos ya en tiempo de la recuperación”.
España lidera la vacunación con la pauta completa entre los 50 países más poblados del mundo, pese a lo cual se apunta un crecimiento de los contagios que es ya una nueva ola en algunos países de nuestro entorno, especialmente en aquellos con menor porcentaje de vacunados. Cerca del segundo aniversario del inicio de la pandemia, ¿qué valoración hace de la actuación del Gobierno durante esta dura etapa? ¿Cómo ve el futuro inmediato?
En España hemos dado una respuesta ejemplar a la pandemia. Ha sido una demostración de verdadero patriotismo cívico. Que un 90% de la población diana española esté ya vacunada, que también lo esté con la tercera dosis el 80% de los mayores de 60 años y que ya se haya alcanzado el 90% de la vacunación de los menores de 12 años es sin duda un éxito colectivo, fruto de la colaboración entre las administraciones, la responsabilidad de la población y la fortaleza de nuestro sistema público de salud y sus profesionales. Y lo hemos logrado en muy poco tiempo, en contra de lo que algunos agoreros vaticinaban.
Hemos pasado y estamos pasando un tiempo durísimo que nunca olvidaremos. La pandemia sigue azotándonos y, por tanto, tenemos que seguir combatiéndola, pero ya estamos en tiempo de la recuperación.
La vacunación es la mejor política económica del Gobierno, y ahora debemos conseguir que la recuperación sea justa. Es decir, que llegue a todas las personas y a todos los rincones de nuestro país. Tenemos una gran oportunidad con los fondos de recuperación de la Unión Europea para lograrlo, igual que en los años 80 y 90 se hizo con los fondos de cohesión. Ahora afrontamos la segunda gran modernización de nuestra economía. Tenemos un horizonte claro que se basa en tres ejes: modernización económica, consolidación del Estado de bienestar y ampliación de derechos.
El Gobierno acaba de prorrogar el denominado escudo social para que la senda de la recuperación iniciada alcance a la economía de las familias y Pymes más vulnerables, con el objetivo de conseguir una recuperación de manera rápida y justa. ¿Qué balance puede hacer del impacto de estas medidas?
La pandemia ha demostrado la necesidad de un Estado fuerte para proteger a los ciudadanos en momentos de dificultad, especialmente a quienes más lo necesitan. Lo público es la única red de seguridad que tienen millones de personas en momentos difíciles.
Los gobiernos no elegimos las crisis que nos tocan, pero sí podemos decidir cómo abordarlas. La salida de la crisis financiera fue lenta, injusta e incompleta. En esta ocasión está siendo rápida y justa.
Dimos desde el principio un apoyo decidido al tejido empresarial, especialmente de las pymes. Los créditos del ICO han permitido movilizar más de 130.000 millones para salvar los problemas derivados de la crisis sanitaria. El 98% de las empresas beneficiadas por estos créditos han sido, precisamente, pymes. También se aprobó un fondo de 7.000 millones de ayudas directas para las empresas más afectadas por la pandemia. Al contrario que en la crisis financiera, esta vez España ha optado por no dejar caer su tejido empresarial para que la recuperación posterior sea, como he mencionado, más rápida y justa.
Hemos aprobado el Ingreso Mínimo Vital, la subida del SMI y la actualización justa de las pensiones. Hemos promovido unos ERTE que han salvado 3,5 millones de empleos y hemos derogado el despido por baja médica. Hemos prohibido los desahucios a familias vulnerables, hemos aprobado ayudas para la emancipación de los jóvenes y hemos impulsado la primera ley estatal que garantiza el derecho a una vivienda digna. Hemos ampliado las plazas de educación de 0 a 3 años, hemos dedicado la mayor partida de la historia en unos PGE a la investigación, más de 13.000M€, y también la mayor partida de becas, 2.200M€. Y estamos ampliando las fronteras del Sistema Nacional de Salud para que abarque la salud mental. En definitiva, donde antes hubo austeridad, ahora hay solidaridad. De esta crisis saldremos reforzando el estado de bienestar.
“Tenemos un horizonte claro que se basa en tres ejes: modernización económica, consolidación del Estado de bienestar y ampliación de derechos”
El Consejo de Ministros ha tomado en consideración en primera lectura el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. ¿Qué instrumentos efectivos pondrá a disposición de las administraciones competentes esta normativa para reforzar el ejercicio de este derecho constitucional?
Estamos ante la primera ley que regula este derecho constitucional y con la que el Gobierno se ha marcado dos prioridades: dotar a las administraciones de capacidad de intervención para poner en marcha sus políticas y favorecer el acceso de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, a una vivienda digna.
Las comunidades autónomas podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado, lo que les permitirá poner en marcha beneficios fiscales al alquiler que pueden alcanzar el 90% o limitar la subida de los precios del alquiler, un límite que diferencia entre los grandes tenedores, con mayores obligaciones, y el resto de propietarios. También regula y potencia los parques públicos de vivienda, mejora la definición de la vivienda protegida y crea el concepto de vivienda asequible incentivada para potenciar la colaboración del sector público, el privado y el tercer sector.
Es una norma, además, que se ocupa de la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario con medidas como la prohibición de vender los parques públicos de vivienda o la identificación de los derechos y deberes de los propietarios, el establecimiento de garantías, de obligaciones de información y del régimen de responsabilidad de todas las partes.
En definitiva, creemos que es una ley adecuada para abordar un problema social que afecta a todos los españoles, especialmente a los más jóvenes. Ahora estamos trabajando en dos sentidos: que la ley mejore con las aportaciones de todas las partes afectadas y que, una vez esté en vigor, todas las administraciones públicas hagan uso de ella para desarrollar buenas políticas de vivienda mirando por los intereses de sus vecinos.
Desde los primeros momentos de la erupción del volcán Cumbre Vieja, el Colegio de Registradores ofreció su colaboración a las autoridades y a los damnificados que han perdido sus viviendas ofreciéndoles una certificación gratuita que les permita acreditar su propiedad. Usted preside la Comisión Interministerial para la ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma y acaba de defender en el Congreso el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la isla. ¿Qué valoración hace de la colaboración entre las distintas administraciones y de las medidas adoptadas?
Agradezco en nombre del Gobierno la colaboración del Colegio de Registradores. Hemos sacado muchas lecciones de la pandemia, individuales y colectivas. Quizá la más relevante es la importancia de colaborar de manera leal y responsable, el valor de la cogobernanza. La devastación causada por el volcán es enorme, pero también lo es la unión de todas las administraciones y de la sociedad civil para responder a esta emergencia y la solidaridad de instituciones y ciudadanos particulares, una prueba más del gran país que es España.
Los palmeros y las palmeras no han estado solos en ningún momento desde el domingo 19 de septiembre. Desde ese mismo día, el Gobierno ha puesto en marcha en un tiempo récord medidas de impacto inmediato que incluían, por ejemplo 10,5M€ para la compra de viviendas y enseres o la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, que ha permitido que el Consorcio de Compensación de Seguros haya aprobado ayudas por valor de más de 62 M€ hasta el momento.
Hasta el momento, hemos movilizado ayudas por un importe superior a 247 millones de euros. En los próximos meses se movilizarán otros 195 millones de euros, alcanzándose así la cifra total de 442,6 millones de euros.
Para que todas las ayudas se gestionen de manera eficaz, es necesario coordinar la actuación de todas las administraciones públicas implicadas, que es lo que estamos haciendo. Nuestro compromiso con La Palma es permanente y nuestra misión no terminará hasta que los afectados recuperen su vida anterior al 19 de septiembre.
“La devastación causada por el volcán es enorme, pero también lo es la unión de todas las administraciones y de la sociedad civil para responder a esta emergencia”
Los registradores nos hemos puesto a disposición de las distintas administraciones para tratar el desafío jurídico que plantea el nuevo escenario en materia de propiedad y en protección del medio ambiente. ¿En qué medida podemos cooperar para hacer frente a los cambios que esta catástrofe va a generar en la realidad física del territorio de la isla y en la transformación de su configuración jurídica?
No me canso de reconocer y agradecer la labor del Colegio de Registradores desde que se produjo la erupción. Suyas han sido importantes iniciativas como la habilitación de un espacio para que los afectados pudieran recibir información sobre sus derechos y solicitar de forma gratuita e inmediata las certificaciones registrales que les permitieran acreditar la titularidad de sus inmuebles de cara a futuras indemnizaciones o ayudas.
Se ha reforzado el servicio de atención a los afectados y el sistema de cita previa para poder atender las consultas sobre el estado de sus propiedades. También se ha puesto en marcha un servicio de geoportal específico desde el que los afectados pueden comprobar si su propiedad ha sido afectada y solicitar la información registral.
La institución registral se ha volcado con los habitantes de La Palma para paliar, en la medida de lo posible, el terrible daño que está causando la erupción volcánica.
A propuesta de su Ministerio, el Gobierno acaba de aprobar en el primer Consejo de Ministros del año el Plan Anual Normativo de 2022. ¿Qué objetivos se persiguen con este ambicioso Plan?
El PAN-22 es la plasmación legislativa de nuestro proyecto de país. Un proyecto con los rasgos distintivos de una socialdemocracia europea y avanzada basada en el refuerzo del Estado de bienestar, la modernización económica y la ampliación de derechos y libertades. La prioridad del Gobierno es la recuperación justa: acompañar el crecimiento económico de más derechos y libertades.
Las 368 propuestas normativas que lo componen desarrollan el programa de Gobierno y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Incluye 92 leyes, 11 orgánicas y 81 ordinarias, y 276 reales decretos. Casi cuatro de cada diez leyes desarrollan compromisos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. En total, 61 de los 368 proyectos están relacionados con él. Cumplimos también nuestros compromisos con la Comisión Europea.
“No me canso de reconocer y agradecer la labor del Colegio de Registradores desde que se produjo la erupción en la isla de La Palma”
Los registradores estamos muy comprometidos con la inclusión para que las personas con discapacidad puedan acceder al Registro en igualdad de derechos. Usted defendió en el Congreso el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué va a suponer esta modificación en la configuración del Estado social y democrático de derecho?
Reformar el artículo 49 de la Constitución es reconocer la dignidad de las personas con discapacidad y hacerla efectiva. Garantizar el ejercicio real y pleno de sus derechos como ciudadanos. El texto propuesto parte del amplísimo acuerdo parlamentario alcanzado en 2018. Y hemos contado en todo momento con la participación y el respaldo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Es, por tanto, una reforma consensuada con la sociedad civil y con los mayores expertos en la materia.
Ninguna fuerza política puede oponerse a que la Constitución deje de calificar como “disminuidas” a las personas con discapacidad. Espero y deseo que, al menos en esta cuestión, no tenga cabida la confrontación política. Lo esperan también 3,8 millones familias y las asociaciones que las representan. Por eso, confío en que esta propuesta de reforma constitucional cuente con un respaldo unánime porque cuando una sola persona avanza en derechos, avanza toda la sociedad.
Usted presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Memoria Democrática. ¿Cuáles son los principales pilares en los que se fundamenta esta Ley?
Es una ley humanitaria, que preserva y mantiene viva la memoria de las víctimas a través de los cuatro principios del derecho humanitario internacional: verdad, justicia, reparación, y deber de memoria como garantía de no repetición.
Pone en el centro a las víctimas, a todas, y a sus familiares. Es una ley para el reencuentro y homologable con las que existen en países de nuestro entorno que sufrieron dictaduras. Es una ley muy completa con la que queremos dar un paso adelante para construir juntos una España mejor.
Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles fueron declarados durante el estado de alarma servicio público esencial, por lo que su funcionamiento no se interrumpió durante esos meses. Usted ha manifestado en numerosas ocasiones la importancia de poner en valor lo público, que es lo que responde en momentos de crisis. ¿Qué opinión le merece la función social que desempeña la Institución Registral?
Lo público no lo es todo, pero, para muchas personas, es lo único que evita que lo pierdan todo. Es la única red de seguridad que tienen cuando vienen mal dadas. Y lo público es también el instrumento que asegura un futuro para todas y para todos.
Quiero agradecer además la labor de la Institución Registral durante la crisis sanitaria, que ha sido fundamental para poder aplicar algunas de las normas que han protegido a los ciudadanos más vulnerables. En este sentido, destaca la buena implementación de la tramitación telemática de las notas simples del servicio de índices, que era necesaria para aplazar los pagos hipotecarios en una situación de vulnerabilidad económica. Prácticas como esta han puesto en valor la institución por su doble dimensión de protectora de la seguridad jurídica y facilitadora de la cohesión social.
María Emilia Adán
