España ha dejado de ser la economía que más crece y más empleo genera en cada expansión, para ser la que más cae y más trabajo destruye en cada recesión. Y no es casual. Es cuestión de que nuestra economía es ya una economía de asistencia y subsistencia. Y no una economía de oportunidades. Es una economía de endeudamiento, y no de generación y atracción de riqueza y stocks de capital.
Por eso esta crisis en España será sistémica. Es ya sistémica. Porque será imposible no perder el tren de las grandes economías con un sistema que dispara sus costes laborales y burocráticos en cada expansión, y sus costes fiscales sobre el trabajo, la empresa y la propiedad en cada recesión.
Porque es imposible tener crisis en “V” -con salida rápida- con un diseño de Estado del bienestar que provoca la aniquilación del oxígeno económico de los supervivientes económicos en cada crisis, de forma, que cada coletazo de actividad, se convierte en la tumba de miles de creadores de empleo, algo que por pura lógica, imposibilita la vuelta al empleo tras la crisis de decenas de miles de trabajadores.
España va a ser la economía avanzada que más contracción del PIB sufra durante el año 2020, según el último informe de Bank of America. España será, con un optimista 12% de contracción, el país que peor lo haga durante el año de la pandemia del coronavirus. El último de los 19 Estados con economías avanzadas que analiza el banco de inversión.
Según BofA Global Research, todas las economías avanzadas caerán este año como consecuencia de la crisis sanitaria. Pero sólo una será, obviamente, la peor de todas ellas: y lo será por la falta de previsión, por el mayor impacto del coronavirus fruto de la lamentable gestión, y por la permanente sombra de medidas basadas en el incremento de gasto, deuda e impuestos.
Así, España perderá un 12% del PIB -un dato ciertamente optimista a la vista del deterioro interanual recién registrado de un -22,1%-. El siguiente país será Reino Unido, con una caída del 11,5%. Y, tras estos dos países, Italia y Francia superarán por muy poco el 10% de retroceso del producto interior bruto.
Portugal caerá un 9% y Grecia un 8%. Y Bélgica, un 8,5%.
Y todo ello implicará que España perderá posiciones frente a grandes y pequeños países competidores. Que perderá atractivo fiscal y tenderá a disparar los impuestos para intentar mantener una recaudación y un Estado del bienestar plenamente reconvertido ya en el bienestar del Estado.
Y que, como colofón, cada nuevo negocio o empresa superviviente tendrá que intentar recuperar posiciones en una carrera global contra competidores internacionales que irán con la mochila fiscal ligera mientras las sociedades y particulares españoles llevarán un petate lleno de piedras.
El resultado ya se ha empezado a ver. Y sólo es el comienzo.
Sostener el Estado del bienestar en España se convertirá tras esta crisis en un reto casi imposible.
Con los últimos datos disponibles, en España hay cerca de 15 millones de personas que mantienen su fuente de ingresos del sector público, un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que hay sólo unos 13,1 millones de asalariados privados. Es decir: ya hay más personas que cobran un salario del sector público que de la empresa privada.
El colectivo más abultado, y que más seguirá creciendo debido al envejecimiento de la población, es el de los pensionistas. En la actualidad hay 9,7 millones de jubilados que reciben cada mes su prestación por jubilación de la Seguridad Social. Un artículo reciente del Instituto BBVA de pensiones destacaba que es probable que en 2050 haya ya 1,3 jubilados por cada persona en edad de trabajar (entre 20 y 64 años). El análisis recordaba que, “teniendo en cuenta que de esa población con posibilidad de trabajo no todos estén empleados, se llegará al nivel de una persona activa que tendrá que mantener a un pensionista”.
En la actualidad uno de cada cuatro municipios (1.851) cuenta con más jubilados que personas cotizando a la Seguridad Social. Y en un tercio de municipios (2.129) ya hay un trabajador por cada persona jubilada.
Una situación que exige de un dinamismo laboral impensable en estos momentos para ser sostenible. Y de un dinamismo posiblemente inalcanzable en un futuro cercado si no se recortan los costes fiscales y burocráticos de las empresas. Y si nuestros gobernantes no giran el timón de sus reformas 180 grados.
Carlos Cuesta
