El vértigo de la incertidumbre, la ausencia de certezas, las incógnitas en todos los aspectos de la vida individual y colectiva, personales, sanitarios, económicos y sociales, que hay que afrontar, todos a la vez, no se daban en España desde el final de la guerra civil (1939). En esa circunstancia está un país, de una escala media como es España, que se hallaba en plena recuperación de la fortísima crisis económica de 2008, aunque sin haber reparado del todo los destrozos que aquella dejó.
La pandemia por el coronavirus será la crisis de la vida de todos los españoles ahora vivos, de todas las edades, y alcanzará a los que nazcan en los próximos dos o tres años, porque sus padres estarán afectados. Alguna de las crisis que ha comportado la epidemia, sanitaria, social y económica, les incumbirá. Ante tan descomunal tragedia, que requiere la cohesión y la responsabilidad de toda la sociedad, los síntomas que presentan los representantes de los ciudadanos, no son alentadores.
Gracias a que el horror de las primeras semanas, con hospitales al borde del colapso, y aumento imparable de contagiados y fallecidos por la COVID–19, los distintos grupos políticos aprobaron el decreto de estado de alarma, como marco jurídico constitucional en el que actuar contra la crisis en todos los frentes. Al tiempo, empresarios y sindicatos, y con el Gobierno como tercer pilar, han ido tomando medidas para poner un dique a la sangría de efectivos y recursos de empresas, autónomos y empleados. Ninguno está del todo satisfecho con lo conseguido, pero sí hay reconocimiento de que se ha detenido el derrumbe cuyo crujir ya se sentía, y aún reverbera. Su amenaza sigue sobre las cabezas de los millones de afectados y el edificio está en fase de apuntalamiento.
En este contexto de extrema gravedad hay iniciativas para, sin dejar el menor resquicio a la lucha contra el virus, preparar el país ante la eventualidad de un nuevo repunte de la enfermedad, como preanuncian virólogos y epidemiólogos. Se trata de poner las bases para que la economía no se desplome y con ella todo el tejido productivo, que arrastraría a amplias capas de profesionales, técnicos, trabajadores de servicios o manuales, a la intemperie del desempleo.
Una vez rechazada la propuesta del Gobierno de reeditar unos Pactos de la Moncloa, por considerar el PP, primer partido de la oposición, que el lugar debe ser el Parlamento, y aceptado por todos, no se pueden defraudar las expectativas que de ese foro salga el fortalecimiento de los pilares que España necesita y necesitará. En la comisión parlamentaria, que echó a andar el pasado 12 de mayo, se aborda el refuerzo del sistema de salud; cómo puede reactivarse la economía, y llevar a la Unión Europea la voz única del parlamento español con propuestas para sí y para todos los países socios.
No será fácil que el acuerdo sea lo que prime en las sesiones de esta comisión parlamentaria de reconstrucción social y económica tras la COVID-19. Ya se está viendo. La inercia del enfrentamiento de la política española durante cinco años no se frena con facilidad, máxime cuando la ausencia de pactos, llevó a los españoles a las urnas cuatro veces en cuatro años. Ahora, sin demora, los partidos políticos deben bajarse del tobogán electoral para primar la unidad. La hojarasca del discurso superfluo no puede ocultar que los diagnósticos son compartidos en bastantes realidades, dramáticas, todas ellas. Desde los agujeros negros de las residencias de ancianos, que empuja a un cambio en su planteamiento, sobre supervisión y el cuidado sanitario, o la necesidad de producción propia de algunos productos para eliminar esa dependencia de mercados fuera de la Unión Europea.
Todo debe salir del Parlamento, nada sin el Parlamento, cuyos electos tienen la obligación de estar al servicio de los ciudadanos, siempre, pero mucho más en estado de urgencia nacional. En los representantes de la soberanía popular recaen, por delegación, los instrumentos y el poder, para adoptar soluciones y decisiones. No son fáciles. Las posibilidades de cometer errores se dan por descontando para quienes tienen que arriesgar e improvisar, sí, improvisar, en situaciones imprevisibles y desconocidas. Pero no se disculpará la falta de acuerdo por partidismo. Con los ciudadanos, sus representantes, tienen que estar en la salud y en la enfermedad.
Anabel Díez
