Con la asistencia de 500 representantes de 40 países se celebró en Oporto el XXII Congreso IPRA-CINDER, una cita que estaba prevista para 2020 pero que tuvo que ser aplazada por la pandemia, en la que se debatió sobre El papel del Registro ante los desafíos del siglo XXI.
La ciudad portuguesa de Oporto acogió el XXII Congreso Internacional de Derecho Registral IPRA-CINDER, al que asistieron 500 representantes de más de 40 países de los cinco continentes, para debatir sobre los retos que la globalización plantea a los registros inmobiliarios y su papel para un desarrollo sostenible desde los puntos de vista jurídico, económico y social. Como novedad en esta edición destacó la presencia por primera vez de Turquía, Venezuela y Cuba, así como de los países africanos de Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea Bissau, que forman parte de la asociación desde 1996. La organización cumple este año el 50 aniversario de su creación, que tuvo lugar en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1972.
Tras las palabras de bienvenida del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el secretario general de IPRA-CINDER, el español Alfonso Candau, se refirió en su intervención a la innovación tecnológica en los registros de la propiedad y resaltó que “la nueva forma de llevanza de los registros en formato y soporte electrónico, debe garantizar la titularidad pública de los datos así como de las bases de datos en las que se depositen los asientos electrónicos y sus documentos y archivos complementarios o relacionados”. Candau incidió en que el registro electrónico debe “llevar necesariamente a extremar las garantías en un doble sentido: la seguridad de los datos y el necesario equilibrio entre publicidad registral y derecho a la intimidad personal y familiar”.
El secretario general de IPRA-CINDER también señaló la importancia en todo el mundo de registros como herramienta en la lucha contra el blanqueo de capitales, lo que “ha dado origen incluso a la generación en el interior de nuestras instituciones registrales de organismos especializados en intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”.
Los registros deben ser un centro de información privilegiada en el ámbito de la planificación territorial y el análisis urbano en el proceso de formación de las llamadas “ciudades inteligentes”
En el acto de inauguración también participaron la ministra de Justicia de Portugal, Catarina Sarmento e Castro; la presidenta del Instituto del Registro y del Notariado de Portugal, Filomena Rosa; y la presidenta de la Asociación de Registradores Portugueses, Luisa Clode. La delegación española estuvo encabezada, entre otros, por la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán; la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo. También estuvo presente el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero.
GLOBALIZACIÓN Y DESAFÍOS
En el Centro de Congressos do Alfândega los asistentes debatieron sobre dos bloques temáticos: El Registro de la Propiedad ante la globalización y El Desarrollo sostenible. El papel del Registro inmobiliario ante los desafíos del siglo XXI. Consecuencias económicas y sociales.
En el primero de ellos se abordaron cuestiones relativas a las organizaciones internacionales y redes de cooperación entre los distintos sistemas registrales, mientras que en el segundo se trataron contenidos tan diversos como la georreferenciación, la participación del Registro en la eliminación o reducción de injusticias sociales, la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado o la revolución tecnológica y el Big Data.
Todos estos temas, que ya fueron abordados en el anterior congreso celebrado en Cartagena de Indias en el año 2018, han tenido que ser repensados tras la pandemia causada por la COVID-19. Una de sus consecuencias ha sido que lo que antes se consideraba una mera posibilidad, se haya transformado ahora en una necesidad insoslayable: el teletrabajo, las videoconferencias y, en general, las comunicaciones no presenciales han sido el hábitat natural en el que se han desarrollado nuestros contactos con los demás durante los años pasados.
Los registradores reunidos en Oporto han constatado una vez más que los sistemas registrales en todo el planeta son muy diferentes, aunque son notorios los movimientos de “armonización” entre algunos de ellos, lo que debe llevar a potenciar aún más decididamente los proyectos sobre conocimiento e interoperabilidad de las instituciones jurídicas de los diversos ordenamientos, por medio de las cuales los registros se expresan, de modo que tanto los ciudadanos como los mercados conozcan realmente cuál es el exacto contenido de los derechos registrados y qué valor tienen las garantías que lo registros confieren.
En este sentido, se concluyó por unanimidad que instituciones de ámbito supranacional como la Comisión Europea han proporcionado cauces de comunicación e interconexión valorados ya como seguros por los registradores y los usuarios de los registros. Particularmente se ha visto como uno de los modelos de referencia el que opera a instancias de la European Land Registry Association que, tras haber superado con éxito su primera y segunda fase, se encuentra ya en el proyecto denominado IMOLA III. Se trata de alcanzar la interoperabilidad de los metadatos relacionados con la información jurídica que es suministrada por el European Land Register Document, por medio de la consolidación del modelo semántico para la interconexión de los registros.
En el ámbito iberoamericano, se cerró en Oporto un acuerdo de colaboración de redes, de tal forma que, en cierto modo, puede decirse que, a efectos registrales, el océano atlántico va estrechándose cada vez más. Lo que hace unos pocos años parecía una utopía, va apareciendo ya como una realidad innegable.
TOKENIZACIÓN Y PASAPORTE AMBIENTAL
También se abordó en el Congreso la posibilidad de tokenización de los inmuebles y de los derechos de propiedad sobre ellos, problema que se planteó desde distintas perspectivas. Se concluyó que existe una confusión en el planteamiento, pues el objeto de dicha actividad puede serlo tanto el derecho real representado en el token, como el asiento registral que vincula dos contenidos: la titularidad del derecho, amparada en el asiento registral firmado electrónicamente y la descripción del objeto, esto es, la finca. Es la inscripción la que garantiza esa vinculación y no el token, que a lo sumo es una representación digital del asiento. Fue objeto de discusión si el token podría oponerse o no a asientos temporales ordenados por la autoridad judicial o administrativa.
Durante el encuentro se trataron las situaciones de muchas grandes urbes del mundo que acogen a millones de personas en sus entornos que se ubican informalmente en el extrarradio de las capitales. Se trata utilizar el registro como medio de consecución y garantía del derecho a la vivienda, concluyéndose que deben interrelacionarse los aspectos puramente registrales con el planeamiento administrativo y los programas de erradicación de las infraviviendas. A su vez, estos aspectos se encuentran muy cercanamente relacionados con los problemas medioambientales generados por la densidad de población en estos núcleos, generalmente desprovistos de los servicios mínimos que la ciudad debe prestar a sus habitantes.
La formalización de la propiedad no solamente constituye una exigencia ético social para dotar de estabilidad a las personas y las familias en una vivienda digna, sino también de un medio -en ocasiones el único alcanzable en la práctica- de acceso al crédito
En esta misma línea se habló del registro como “pasaporte ambiental” de la finca e instrumento para una correcta ordenación del territorio, ya que los registros deben ser un centro de información privilegiada en el ámbito de la planificación territorial y el análisis urbano en el proceso de formación de las llamadas “ciudades inteligentes” y en la consecución de los objetivos de desarrollo territorial y ambiental sostenible, trazados a nivel nacional e internacional.
Otro de los aspectos que se pusieron de manifiesto en la cita de Oporto fue que la formalización de la propiedad no solamente constituye una exigencia ético social para dotar de estabilidad a las personas y las familias en una vivienda digna, sino también de un medio -en ocasiones el único alcanzable en la práctica- de acceso al crédito, tanto el masivo empresarial, como al microcrédito, que permita a las economías más modestas emprender actividades generadoras de trabajo y riqueza y asentado correctamente a las poblaciones en los movimientos migratorios globales a los que asistimos.
Todas estas conclusiones y propuestas adoptadas deberán ser verificadas en el XXIII Congreso de IPRA-CINDER que se celebrará en Costa Rica en el año 2024, como así se aprobó por unanimidad en la Asamblea General que tuvo lugar una vez concluido el XXII Congreso Internacional.
