La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, inauguró la Jornada de lenguaje jurídico claro, organizada por el Colegio de Registradores de España, y en la que se destacó la importancia de las instituciones para conseguir la equidad de los ciudadanos.
El lenguaje claro es una corriente de comunicación internacional que aboga por fomentar en todas las administraciones públicas el uso de un lenguaje sencillo y eficiente que permita a los ciudadanos entender con facilidad lo que se les comunica.
Esta tendencia, que también se abre paso en España, ha cobrado recientemente reconocimiento oficial con la aprobación por parte del Gobierno, en Consejo de Ministros, del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que incluye en su texto un artículo titulado Derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales. Esta es, según la referencia oficial del Consejo de Ministros, “la primera ley en recoger el derecho de la ciudadanía a que la Administración de Justicia se dirija a ellos en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y universalmente accesible, tanto en las notificaciones de actos, resoluciones y comunicaciones procesales como en cualquier información que precisen con relación a sus causas, estrategias procesales e intereses y derechos”.
En este contexto, el Colegio de Registradores organizó una jornada sobre esta materia, que fue inaugurada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y en la que también participaron el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán. A continuación intervinieron en una mesa de debate moderada por el director de Relaciones Institucionales del Colegio, Sebastián del Rey, altos cargos institucionales y colegiales y diversos expertos en el tema, entre ellos, Estrella Montolío, catedrática de la Universidad de Barcelona; Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia; Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; Alex Grijelmo, periodista y escritor, y Arsenio Escolar, editor y director de Archiletras.
“Tenemos que hablar de una justicia de los cuidados, y el derecho a un lenguaje claro y conciso, forma parte de nuestra obligación”. Manuel Olmedo
En la apertura de la jornada, María Emilia Adán destacó la importancia de atender a las personas, junto con las guías y procedimientos hasta de ámbito europeo que se realizan desde el Colegio para hacer más accesible el lenguaje jurídico. La decana del Colegio de Registradores señaló que “a veces el juego de las palabras se utiliza para limitar los derechos de las personas, porque si no tienes la comprensión de lo que se te está contando, difícilmente puedes ejercitar los derechos en la forma en que te han sido reconocidos”, y concluyó afirmando que el uso de un lenguaje claro que permita a los ciudadanos entender con facilidad lo que se les comunica, está todavía “muy lejos de ser una realidad”.
UN DERECHO CON RANGO CONSTITUCIONAL
Por su parte, Juan Carlos Campo recordó la creación de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico que impulsó como secretario de Estado en el Ministerio de Justicia, y calificó “la historia de la modificación del lenguaje jurídico como la historia de un fracaso. No avanzamos. Damos un impulso, creemos que estamos y no estamos”. En este sentido destacó que “el ciudadano es el que tiene derecho a entender, y por eso creo que ya no hay que hablar de modernización del lenguaje jurídico, sino de lo que hay que hablar es del derecho a comprender que tienen los ciudadanos, un derecho a comprender que tiene rango constitucional”. Campo concluyó asegurando que “yo no puedo respetar una justicia que ni comprendo ni entiendo, y en eso tenemos que seguir trabajando, no podemos dejar pasar ni un minuto”.
De la misma forma se expresó Sofía Puente, quien reconoció que “todo el proceso no está hecho para los usuarios, está hecho para los profesionales del Derecho”. De nada sirve, dijo, “reconocer derechos si después esto no tiene ninguna aplicación práctica y queda en un enunciado, en un determinado artículo”. Además, señaló que “tenemos que empezar a hablar para los otros, los usuarios de la administración de Justicia”. Y en este punto mantuvo que desde el Ministerio están acuñando más el término “Justicia de los cuidados, una mirada hacia los usuarios de la Administración de Justicia”.
El lenguaje claro es una corriente de comunicación internacional que aboga por fomentar en todas las administraciones públicas el uso de un lenguaje sencillo y eficiente que permita a los ciudadanos entender con facilidad lo que se les comunica
La catedrática de la Universidad de Barcelona, Estrella Montolío, aseguró que la formación es básica, destacando la “importancia del derecho a entender” que tienen todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. En este sentido puntualizó que “un documento está en lenguaje claro cuando el público objetivo, para el que ha sido redactado, primero encuentra el documento, luego lo lee y entiende, y en tercer lugar, y esto es muy importante, entiende lo que tiene que hacer a continuación”. Para ello, dijo, “es necesario una transformación cultural” en la que es imprescindible que “la alta institución debe estar comprometida con esta transformación”, aunque reconoció que será difícil porque consiste “en cambiar una manera de hacer las cosas en las que todo el mundo está muy cómodo”.
Alex Grijelmo, muy crítico con la falta de claridad del lenguaje jurídico y del lenguaje en general, señaló “que a los juristas les cuesta expresarse con claridad, pero no solo a ellos”, y manifestó que “el lenguaje oscuro limita los derechos”. Grijelmo concluyó afirmando que el aprendizaje del lenguaje claro no puede acabar en los colegios, sino que también se debería enseñar en algunas facultades como Derecho o Medicina, por ejemplo.
Arsenio Escolar dedicó parte de su intervención en recordar el Manifiesto por un Lenguaje Claro en la Administración, que entregó a los representantes de los poderes del Estado, donde se reivindica el derecho de los ciudadanos a entender toda la información que les dirigen las administraciones públicas. Y aunque reconoció que “se está avanzado, como con la incorporación del artículo 9 del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, sobre la claridad del lenguaje, falta mucho por hacer”, aunque jornadas como esta, organizada por el Colegio de Registradores, ayudan.
PONER AL CIUDADANO EN EL CENTRO
El secretario de Estado de Justicia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Manuel Olmedo, clausuró la jornada agradeciendo al exministro Juan Carlos Campo todo el trabajo llevado a cabo para potenciar el uso de un lenguaje más sencillo, claro y comprensible. “Un trabajo que continuamos haciendo desde el Ministerio”. Igualmente, destacó la obligación de los poderes públicos conectada con la equidad para poner al ciudadano en el centro. En este sentido recordó que recientemente se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que incluye un artículo, el 9º, titulado Derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales. Olmedo quiso insistir en que tenemos que hablar de “una justicia de los cuidados”, y “el derecho a un lenguaje claro y conciso, forma parte de nuestra obligación”.
“Hacer que la gente nos entienda es un tema de calidad democrática”
En su intervención en el acto de inauguración de la jornada la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quiso comenzar con un agradecimiento al Colegio de Registradores porque creo, dijo, “que sin vosotros todo sería infinitamente más complicado”. Seguidamente, señaló que “hablar de cómo somos, cómo hacemos posible que la gente nos entienda, es un tema de calidad democrática y de equidad y, por tanto, hablar de ello como presidenta del Congreso de los Diputados me parece muy interesante, porque también desde el Congreso a la hora de legislar, a la hora de tomar las decisiones y explicarlas, sin duda el cómo lo hacemos y qué lenguaje utilizamos, es absolutamente necesario para que luego sea comprensible para todos y también para los agentes jurídicos a nivel nacional”.
Armengol manifestó que “es importante hacernos entender siempre, de hecho, nuestra Constitución española, en el artículo 9.2, dice claramente que los poderes públicos tenemos la responsabilidad, yo diría que también la obligación, de romper todos los obstáculos para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas en toda la vida política, social y económica”. Cuando hablamos del lenguaje jurídico, continuó diciendo, “creo que es si cabe un derecho más grande de la ciudadanía el de poder acceder y entender lo que se le explica desde una resolución procesal, desde cualquier cuestión que tiene relación con la justicia, es necesario que el ciudadano pueda entender perfectamente los textos, pueda entender lo que se le imputa o lo que no, lo que se le dice o lo que no se le dice”.
“Cuando hablamos del lenguaje jurídico creo que es si cabe un derecho más grande de la ciudadanía el de poder acceder y entender lo que se le explica desde una resolución procesal”
En este sentido, la presidenta del Congreso se refirió a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que ahora ya está en tramitación parlamentaria y que, en el artículo 9, precisamente reconoce el uso de un lenguaje claro y hace referencia al derecho de los ciudadanos a entender todo lo que se relaciona con las actas, con las comunicaciones o con las resoluciones procesales. Esto, comentó, “nos obliga a todos y a todas y, en primer lugar, a los legisladores, a poder tener esas claves para utilizar el lenguaje adecuado, porque si el objetivo es común, si el objetivo es compartido, si el objetivo de todos nosotros y de los poderes públicos, pero también de los entes privados, es que la gente entienda lo que se le dice y, por tanto, que podamos adaptar el lenguaje a la realidad social que vamos viviendo y hacerlo entendible, sin duda eso nos hará ganar como país en calidad democrática, nos hará ganar como país en índices de equidad y en índices de igualdad de oportunidades”.
“Soy muy consciente como presidenta del Congreso –concluyó Armengol– de que la Administración tiene que hacer esfuerzos enormes precisamente también para adaptar su lenguaje a la ciudadanía”.
