Los Registros viven su nuevo reto: el de la conexión internacional, el de la cobertura global. Un reto tan beneficioso como necesario. Casi 300.000 empresas españolas, según los datos del DIRCE (Directorio Central de Empresas) tienen actividad exterior (exportación o importación). Muchas de ellas tienen o acabarán teniendo una infraestructura propia y mínima en el exterior. Y, más allá de las limitaciones competenciales de las legislaciones nacionales, todas ellas necesitarán un sistema de garantía de información que evite sustos en su labor contractual o empresarial diaria.
Ese es el reto: el de evitar que una economía que ya es global y necesita serlo para existir al actual nivel, deba serlo sin las garantías propias que sí tiene la operativa nacional por culpa de una falta de conexión o cobertura internacional de la información mercantil o de propiedad en un mundo donde los países y sus operadores empresariales actúan todos los días fuera de sus fronteras nacionales.
Evidentemente cada país tiene su propio sistema registral. Pero unos registros aislados en un entorno conectado aboca a la mayor de las frustraciones. Por ello, hace tiempo ya que se lanzaron las iniciativas para compatibilizar o conectar los registros, especialmente en áreas como la Unión Europea.
Los beneficios de esta corriente son visibles: intento de lograr que un solo trámite pueda dar protección en muchos países; uniformidad en normas y procedimientos; y seguridad jurídica para empresas y creadores a nivel global
Los objetivos son fáciles de identificar y todos ellos necesarios. En primer lugar, el de facilitar las inversiones transfronterizas. En segundo lugar el del logro de un intercambio electrónico de información ágil y fiable entre los distintos registros nacionales. Y, además, el de promover unas normas comunes de publicidad registral, seguridad jurídica y protección del comprador extranjero.
El proyecto IMOLA (Interoperability Model for Land Registers) de la UE, es un claro ejemplo de esta tendencia. Un plan que busca un modelo común para asimilar y utilizar la información registral en los distintos países europeos.
Posiblemente es en materia de propiedad intelectual, donde estas iniciativas están más avanzadas. Y es así gracias a una sensibilidad ya antigua, tanto como el Convenio de Berna (1886), que garantiza la protección automática de obras en todos los países firmantes. Fruto de esa sensibilidad es también la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), con capacidad para coordinar sistemas internacionales de registro como el de Madrid, de marcas, el de La Haya, de diseños industriales, o el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en materia de patentes.
Los beneficios de esta corriente son visibles: intento de lograr que un solo trámite pueda dar protección en muchos países; uniformidad en normas y procedimientos; y seguridad jurídica para empresas y creadores a nivel global.
Y, para beneficio de todos, se trata ya de una tendencia generalizada que avanza en el resto de áreas registrales. Así en materia de Registro Mercantil, los mismos planes caminan con el fin de que las distintas sedes registrales estén interconectadas y armonizadas, con el objetivo evidente de fomentar la transparencia empresarial y facilitar el comercio internacional.
Ejemplos claros de esta tendencia son el Business Registers Interconnection System (BRIS) de la Unión Europea, que permite consultar información de empresas en todos los países miembros. O las normas internacionales de contabilidad (NIIF/IFRS), que pretenden que los datos registrados sean comparables a nivel global. Igualmente la cooperación entre cámaras de comercio y registros empresariales para validar datos de sociedades extranjeras se suma a esta tendencia.
Todo ello, de nuevo con el objetivo de dotar de transparencia y confianza a los actores mercantiles en sus operaciones internacionales, ayudar a la prevención de fraudes y blanqueo de capitales y facilitar la constitución de empresas transnacionales.
Y es que, no sólo es que, según las bases de datos del citado Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, ya el 8% de nuestras sociedades tengan actividad exterior. Es que España debe favorecer que la mayoría de sus 3,4 millones de empresas activas acaben disfrutando de un sistema de garantías jurídicas plenas en su paso a la internalización. Porque, en caso contrario, España perdería el tren de una fase económica plenamente global.
Carlos Cuesta
