La legislatura ha empezado a andar, ahora sí. Después de cinco años de gobiernos débiles, con alianzas inseguras, que han desembocado en la repetición de elecciones, ahora, hay algún indicio de que, a pesar de que la fortaleza aparente puede desvanecerse por la crisis en Cataluña, el Gobierno puede empezar a llevar adelante su proyecto, y el Parlamento a legislar y a controlar. Una de las tareas, sin embargo, pendientes no parece que vaya a ser abordada. Se trata de la renovación de órganos constitucionales e institucionales, varada, bloqueada, por la falta de acuerdo de los partidos mayoritarios. La gravedad está en que esa ausencia de consenso perjudica a los intereses del Estado. Estos organismos no son de los partidos, sino que forman parte de la arquitectura institucional que da solidez al Estado.
La tentación del partido que gobierna de absorber todos los poderes está en la más oculta de sus ensoñaciones pero, esporádicamente, asoma y se manifiesta. Desde la oposición, se vigila para denunciarlo de inmediato, incluso solo con la sospecha. Con sabiduría y prudencia los padres de la Constitución y los legisladores que pusieron en fin el entramado institucional, instauraron la necesidad del acuerdo de una mayoría parlamentaria reforzada para elegir a los componentes de los órganos que sirven de contrapeso a todos los poderes. La anomalía está en el comportamiento de los partidos cuando creen que el cambio en los órganos no les va favorecer. El instrumento que utilizan es descorazonador: El bloqueo. Una vez llegado el tiempo de esas renovaciones, simplemente dejan correr el tiempo y los órganos siguen su marcha con su mandato caducado y entran en la fase de “en funciones”.
En esa situación están la mayoría de los órganos que hay que renovar, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Este tiene una mayoría conservadora fruto de la mayoría política que había en el país en su elección. La situación ha cambiado y en esa tendría ahora más influencia la actual mayoría progresista. No hay visos, sino todo lo contrario, de que vaya a darse una negociación entre partidos. La renovación de cuatro miembros de los doce que componen el Tribunal Constitucional espera desde el pasado mes de noviembre. Pueden ir preparándose los partidos porque la Junta Electoral Central debe renovarse en el mes de marzo, también a propuesta de los grupos parlamentarios. El Gobierno debe proponer al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que debe ser refrendado por 176 votos. En la más absoluta parálisis está la renovación del Consejo de Administración de RTVE. El impulso para su elección por concurso público paró en seco en marzo del año pasado. A la espera también está la elección del Defensor del Pueblo y el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
No hay forma de obligar a las fuerzas políticas a que negocien. Solo podría poner en evidencia ese comportamiento anómalo que los miembros de esos órganos en funciones, en un gesto de arrojo y decoro democrático, presentaran su dimisión y obligaran a los partidos, entonces sí, a negociar
Si no es para mí; para nadie. Esta es la realidad práctica de los partidos en su negativa a renovar los órganos con mandatos caducados. No hay forma de obligar a las fuerzas políticas a que negocien. Solo podría poner en evidencia ese comportamiento anómalo que los miembros de esos órganos en funciones, en un gesto de arrojo y decoro democrático, presentaran su dimisión y obligaran a los partidos, entonces sí, a negociar la composición de unos órganos que no son de los partidos, sino del Estado.
Anabel Díez
