«Es urgente hacer sostenible el Estado de Bienestar sin dejar atrás a los que necesitan los servicios públicos”
Nueva presidenta de Red Eléctrica, registradora de la propiedad desde 1993, concejala en el Ayuntamiento de Madrid, ministra de Vivienda del Gobierno de España, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, diputada en el Congreso y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, entre otras responsabilidades a lo largo de toda su trayectoria profesional. Hablamos con Beatriz Corredor de los nuevos retos a los que se enfrentan los Estados modernos y en particular, el español.
Su extenso bagaje en la administración pública le permite observar el papel del Estado desde muy diversas ópticas. ¿Cuáles cree que son, a grandes rasgos, los principales retos a los que se enfrentan los Estados?
La principal consecuencia de la gran crisis de este siglo ha sido y es el incremento de la desigualdad en todo el mundo. En los países desarrollados esto ha implicado un grave empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, el surgimiento del precariado y el retroceso en derechos sociales y laborales. En los países en vías de desarrollo la situación de pobreza de amplios grupos de población se ha acentuado, en contraste con el enriquecimiento de las clases tradicionalmente privilegiadas. Esto es insostenible y explica en buena medida, junto a la globalización, el estallido de protestas y revueltas sociales en países muy diferentes, geopolítica y socialmente hablando. Es urgente reformular las bases del Estado de Bienestar para hacerlo sostenible a medio y largo plazo, sin dejar atrás a los millones de personas que necesitan los servicios públicos como medio de acceder a una vida digna. Y mención especial merece la lucha por alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Junto a ello, la incorporación de las TIC a todos los aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos supone una realidad insoslayable que es ya tan disruptiva o más que los avances que permitieron la revolución industrial; afecta al ámbito personal -con nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos-, al profesional -nuevas ocupaciones que requieren diferentes capacidades y actualización permanente-, y también al político: la Democracia tal y como la conocemos deberá adaptarse a los medios digitales y encontrar la forma de evitar que éstos se conviertan en un mecanismo de control y adormecimiento de la opinión pública crítica, que es la base del buen funcionamiento de las sociedades democráticas.
Y naturalmente, la lucha contra el cambio climático debe ser el eje vertebrador de todas las políticas públicas de los gobiernos, como ha hecho ya la UE con el compromiso con el llamado Green New Deal.
Para ello y para adaptarla a los nuevos tiempos, ¿considera necesario una reforma en profundidad de la administración pública española?
La administración española ha hecho en la última década un enorme esfuerzo para adaptarse a la sociedad de la información y para incorporar las TIC a los servicios públicos, con el objeto de dar mejor servicio a los ciudadanos, ganar en eficiencia y reducir los costes y los tiempos de tramitación de los procedimientos de los que es parte. Este avance debe ser continuo, pero en mi opinión con dos claros ejes de actuación: no dejar atrás a ningún ciudadano por razón de exclusión digital y garantizar el interés general. Para ello es preciso insistir en que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio, y que por tanto siempre debe estar sujeta a las normas y regulaciones que garantizan la privacidad y la intimidad, la protección de datos personales y oficiales y la independencia de los procedimientos y datos públicos respecto de las grandes compañías tecnológicas.
¿La seguridad tecnológica puede sustituir a la seguridad jurídica que garantiza la intervención de los profesionales cualificados como por ejemplo en la función registral?
La ingeniería jurídica es la tecnología que permite el aprovechamiento práctico del conocimiento científico en cuestiones relativas al Derecho, es decir, a las instituciones que conforman y fundamentan la estructura de un Estado. Una Institución del Estado funcionará bien y, por tanto, será útil a la sociedad a la que debe servir, si su diseño permite lograr los objetivos que se propone con alto nivel de eficacia y con un coste competitivo. El sistema registral español es, desde este enfoque, una institución del Estado cuya tecnología jurídica ha demostrado cumplir ambos requisitos: funciona con eficacia y su coste es competitivo. Los registros de la propiedad y mercantiles cumplen con lo que se espera de ellos: salvaguardan eficazmente la seguridad jurídica en los ámbitos inmobiliario y societario al coste más competitivo en comparación con otros sistemas registrales de nuestro entorno. Además, el sistema registral español ha sabido evolucionar desde su creación para adaptarse a los profundos cambios que ha experimentado nuestro país en todos los ámbitos: social, económico, político, jurídico y también tecnológico. La grandeza de nuestro Registro reside en buena medida en su capacidad para cumplir con excelencia su función, independientemente del soporte que se utilice, ya sea el papel y la pluma de las inscripciones más antiguas, ya sean los actuales procedimientos electrónicos, a través de una arquitectura informática dotada de las más altas exigencias de seguridad y basada en los recursos más punteros en software y hardware.
La tecnología, por tanto, está al servicio de la función que el Registro cumple; es un instrumento más, aunque indispensable, para atender las exigencias legales, sociales y económicas que se le atribuyen a los registradores. La ingeniería informática, debe seguir y servir a la ingeniería jurídica. Nunca al revés.
“Ningún ciudadano, institución, corporación o empresa puede ya eludir su responsabilidad personal en esta lucha contra el cambio climático. Estoy orgullosa de pertenecer a un colectivo, el de Registradores, que lo ha entendido y actúa en consecuencia”
Celebrada la Cumbre del Clima en Madrid, COP25, queda claro que hay que actuar ya. ¿España y sus ciudadanos están preparados para afrontar con urgencia la transición ecológica?
Es evidente que los resultados no han sido los deseables, teniendo en cuenta la urgencia de actuar contra la emergencia climática. Pero la COP25 ha demostrado que no todos los gobiernos, ni todas las sociedades, son iguales. Aunque no se ha podido llegar a un texto más ambicioso por la exigencia de unanimidad para la adopción de decisiones en Naciones Unidas, sí se han establecido alianzas voluntarias de numerosos países, que se han comprometido a incrementar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para que el aumento de temperatura durante este siglo no supere 1,5 grados.
La española es, entre las europeas, una de las sociedades más concienciada respecto al desafío del cambio climático, en parte gracias al compromiso inequívoco del Gobierno que, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha desplegado una estrategia global y transversal para afrontar esta realidad en el corto, medio y largo plazo. Las demás administraciones públicas, tanto regionales como locales, tendrán que estar a la altura de lo que se espera de ellas. Se va a requerir un cambio de paradigma radical, que obligará a reformular las bases de nuestro comportamiento como sociedad y también como individuos, pues ningún aspecto de la vida cotidiana estará al margen de las consecuencias de este fenómeno. Las generaciones jóvenes nos exigen tomar medidas ya para garantizarles el derecho al medio ambiente del que hemos disfrutado quienes les hemos precedido. Ningún ciudadano, institución, corporación o empresa puede ya eludir su responsabilidad personal en esta lucha global. Estoy orgullosa de pertenecer a un colectivo, el de Registradores, que lo ha entendido y actúa en consecuencia.
Los movimientos migratorios son otro de los grandes desafíos de este siglo XXI. ¿Qué elementos cree que hay que tener en cuenta para afrontar los mayores flujos de personas desde la II Guerra Mundial?
Según datos de Naciones Unidas, el número de personas migrantes en todo el mundo supera ya los 272 millones, 51 millones más que en 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 3,5% de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente comparándola con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980. La última crisis económica global ha acentuado los flujos migratorios dentro de las naciones y de unas naciones a otras, por razones laborales y económicas, sin que se hayan moderado, más bien al revés, los derivados de las guerras, los conflictos raciales, las hambrunas, las persecuciones o las discriminaciones. Y junto a ello, en el llamado primer mundo asistimos a una caída peligrosa de la natalidad que no sólo pone en riesgo el sistema de pensiones tal y como se configuró tras la segunda Gran Guerra, sino la supervivencia misma de nuestras sociedades. Por ello, es necesario asumir las migraciones como un fenómeno estructural y ordenar los flujos de forma que puedan paliar la falta de nacimientos, el déficit de mano de obra en determinados sectores, la despoblación de grandes extensiones de territorio en Europa y, por supuesto, la miseria, la pobreza, el hambre y la indignidad en que millones de seres humanos se ven obligados a sobrevivir.
“La tecnología está al servicio de la función que el Registro cumple; es un instrumento más, aunque indispensable, para atender las exigencias legales, sociales y económicas que se le atribuyen a los registradores. La ingeniería informática, debe seguir y servir a la ingeniería jurídica. Nunca al revés”
La radical transformación del papel de la mujer es también uno de los rasgos distintivos de la última generación. ¿Considera que se ha alcanzado la igualdad efectiva?
No. No hemos alcanzado la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, aunque por supuesto hemos avanzado mucho desde el restablecimiento de la Democracia. Las mujeres hemos ido conquistando derechos fundamentales, políticos, civiles, sociales, laborales, económicos… gracias a las leyes de impulso a la igualdad que se aprobaron, sobre todo, en los últimos 10 años. Estas leyes protegen la integridad física frente a la violencia machista, el derecho al propio cuerpo, a la salud sexual y reproductiva, a la interrupción voluntaria del embarazo, a ocupar al menos el 40 % de los puestos de responsabilidad en todos las instituciones y organismos públicos, a la igualdad salarial para el mismo trabajo, a la igualdad en el acceso y el desempeño del poder económico. Pero nos engañaríamos si diéramos la conquista por consolidada. La crisis económica y los recortes en derechos que siguieron a ella han supuesto significativos pasos atrás en esta evolución, lo que se refleja en la reacción a escala global de la cuarta ola feminista y en movimientos como #NiUnPasoAtrás, #MeToo, #YoSíTeCreo o #UnVioladorEnTuCamino. España es uno de los mejores países del mundo para nacer mujer, y debemos preservar que siga siendo así.
La brecha de género es uno de los factores que incide en los indicadores de pobreza que no mejoran ostensiblemente en nuestro país. ¿Qué reflexión le merecen programas como el de la renta básica universal que han puesto en marcha países como Finlandia?
Es evidente que debemos repensar el Estado de Bienestar desde los nuevos paradigmas derivados de la globalización, del cambio climático, del avance de las TIC. Deberemos replantearnos cómo garantizar la dignidad personal de todos los ciudadanos, y eso en un mundo digitalizado implica no sólo repartir el trabajo, facilitar la formación continua y el fortalecimiento de capacidades nuevas, sino también ayudar a quienes no puedan afrontar su supervivencia a través de mecanismo de solidaridad y redistribución como, por ejemplo, una renta mínima vital.
También el sistema de pensiones supone un enorme desafío para el futuro más inmediato, teniendo en cuenta que en breve comenzará a jubilarse la generación más abultada del siglo XX. ¿Hay que replantearse nuestro modelo?
Sí, y de forma urgente. El reparto del trabajo, la formación continua, la adquisición de competencias nuevas, la capacitación tecnológica… Son cuestiones muy urgentes ya que debemos empezar a diseñar para las generaciones que nos sucederán, empezando por la de los que tienen ahora treinta y tantos años. Esa generación me preocupa especialmente: muchos de ellos se dieron de bruces con la crisis al acabar su formación, no pudieron acceder a un trabajo digno, no están cotizando, carecen de capacidad de ahorro, no han podido emanciparse porque tampoco han tenido acceso a una vivienda, y será difícil que puedan disfrutar de un sistema de pensiones privado en el futuro. Tenemos la obligación de garantizarles una vida digna para dentro de 20 o 25 años, y sin una renta básica será muy difícil. El reto y la responsabilidad son enormes.
