El inminente comienzo del calendario de cierres de reactores ha reabierto el debate sobre la ampliación de la vida de las centrales.
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió en 2019 el cierre escalonado de las siete centrales nucleares existentes en España (Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Cofrentes, Vandellòs 2 y Trillo) entre 2027 y 2035. La primera que figura en el calendario es Almaraz 1, en noviembre de 2027; la segunda, Almaraz 2, en octubre de 2028; y la última, Trillo. Cuando se decidió, después de mucho alboroto mediático, las compañías eléctricas propietarias de las centrales se mostraron contrarias; pero asumieron el cierre, a sabiendas que había tiempo para buscar las vías (cambio de Gobierno, reconsideraciones sobre la energía nuclear, presiones externas…) para rectificar. Hasta la fecha, seis años después, no se ha movido nada sobre la decisión, aunque sí ha habido cambios importantes en el entorno mundial. El principal fue la inclusión por parte de las autoridades europeas de la energía nuclear como energía verde. Una puerta abierta para que el Gobierno español modificara el rumbo.
Sin embargo, esa situación no se ha producido y tiene el tiempo tasado. Si el Ministerio para la Transición Ecológica no lo toca antes de marzo de 2026, el calendario de cierres comenzará a aplicarse con el inicio del desmantelamiento de la central de Almaraz 1. De momento, este mes de octubre los propietarios de la central extremeña ya han anunciado que tienen lista la documentación para entregar al Consejo de Seguridad Nuclear el plan de desmantelamiento. Como es preceptivo debe hacerlo dos años antes de la fecha del cierre, previsto para el 1 de noviembre de 2027. La sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), que crearon los accionistas de ambos complejos (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), ha destacado que Almaraz 1 ha pasado los exámenes del grupo de expertos enviados por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) para un desmantelamiento seguro. WANO, con sede en París, es la organización mundial que se encarga de certificar la seguridad de las nucleares en base a una clasificación de cinco escalones. Almaraz y Trillo figuran en el primero, es decir, el de máxima seguridad.
En opinión de Claudio Aranzadi, exministro de Industria y Energía en la etapa de Felipe González y experto en la materia, debe determinarse cuál es la estimación correcta de los costes nivelados (costes totales medios) de la nueva capacidad renovable y compararlos con los imputables al alargamiento de las nucleares
El anuncio de CNAT, así como las acciones dirigidas por el Foro Nuclear, han servido para calentar el ambiente de la comarca de Campo Arañuelo, en la que se ubica Almaraz, contraria en su gran mayoría a la clausura. La plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro ha organizado varios actos, entre ellos la presentación de la Alianza por Almaraz, que ha juntado a más de 80 instituciones que respaldan un manifiesto en defensa del “futuro económico y social de Extremadura”. A su juicio, la decisión es “unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional, que convierte a Extremadura en un conejillo de indias de políticas caprichosas”, en un manifiesto que respaldaron los alcaldes de las principales poblaciones afectadas (de distintos partidos y tendencias) que también denunció la falta de diálogo con Transición Ecológica.
Para la comarca, el cierre de los dos grupos nucleares supone un tajo para la economía comarcal. Están amenazados más de 4.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos), lo que explica la incertidumbre generada. En contraposición, el Foro Extremeño Antinuclear ha celebrado la noticia como “un hito energético y ambiental” al tiempo que pide que el desmantelamiento cuente con una supervisión técnica y comunicación continua.
Mientras tanto, en el ministerio, en el que Sara Aagesen sustituyó a Teresa Ribera (ministra cuando se decidió el cierre) al irse esta a la Comisión Europea, el asunto está que arde. Cualquier decisión va a ser analiza con tiento. Además de las razones técnicas que se analizan, hay mucho trasfondo político. La población se ha acostumbrado a vivir con la energía nuclear sin que haya repercutido en sus costumbres diarias ni hayan surgido problemas de salud. Hay mucho en juego y el PSOE extremeño, que ya perdió el gobierno de la comunidad en las últimas elecciones, se teme que no ampliar la vida de las centrales les hunda en las urnas.
Las compañías, mientras tanto, han fraguado fundadas esperanzas de que el Gobierno cambie; pero, al tiempo, han aprovechado para pedir que la ampliación se produzca sin contrapartidas fiscales. Se han armado con informes de todo tipo en los que, en definitiva, se subraya que el alargamiento no supondrá costes extras y que, al contrario, el cierre repercutirá en un aumento del precio y menor disposición de energía. No obstante, añaden que una ampliación debe ir acompañada con una revisión de las cargas impositivas, que a su juicio son discriminatorias e injustificadas. El Gobierno, sin embargo, no parece comulgar con esos postulados y apunta que una hipotética revisión debería hacerse sin contrapartidas fiscales.
El alargamiento de la vida de las nucleares de 2ª Generación (entre las que están las citadas) más allá de los 40 años (vida útil de diseño más frecuente), en 10, 20 o incluso otros 40 años, se ha planteado en muchos países. Según la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos cinco años se ha extendido la vida útil al 15% del total de reactores nucleares. Estas iniciativas corresponden a países más nuclearizados, como Estados Unidos o Francia. Por otro lado, no se están aprobando centrales de 3ª Generación, básicamente porque sus costes son prohibitivos y porque las inversiones se centran en las energías renovables, más baratas y más asequibles.
La cuestión relevante estriba precisamente en la comparación con los costes de sus alternativas: el coste de las nuevas renovables (especialmente fotovoltaicas y eólicas) más el coste del respaldo necesario (sistemas de inercia y almacenamiento) y, en un periodo transitorio, el sobrecoste de una mayor presencia de gas natural en el mix energético, ya que la nuclear supone en torno al 20% de la producción y se cierra habrá que llenar el hueco progresivamente.
En opinión de Claudio Aranzadi, exministro de Industria y Energía en la etapa de Felipe González y experto en la materia, debe determinarse cuál es la estimación correcta de los costes nivelados (costes totales medios) de la nueva capacidad renovable y compararlos con los imputables al alargamiento de las nucleares. Es decir, lo que supone incluir los costes totales, fijos y variables (requeridos por imperativos de eficacia y seguridad), y los derivados del aumento de los residuos durante el periodo de alargamiento. No se incluyen los costes hundidos (es decir, a los que hay que hacer frente se prolongue o no la vida de los reactores). Si el coste nivelado, calculado y ajustado al valor diferencial que aporta la generación nuclear en términos de firmeza a la fiabilidad del sistema, es inferior al coste nivelado de las alternativas, el alargamiento de las nucleares estaría justificado, a juicio de expertos.
Miguel Ángel Noceda
