Corría 2011 y dos años después de dejar el cargo, el ya ex vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, explicó en un trabajo de Fedea, por qué bajó la deuda pública a un nivel que no se ha vuelto a conseguir reducir. «Mi obsesión inicial no era la crisis, que hasta el año 2007 no da la cara y hasta 2008 no se aprecia con la envergadura que finalmente tiene, sino los problemas del envejecimiento de la población y, en especial, las pensiones. Pensaba que al bajar al máximo la deuda, unido a las dotaciones al fondo de pensiones, nos daría mayor margen de maniobra para hacer frente a un problema que se planteará antes o después, pero que, en mi opinión, dada la evolución demográfica, parece inevitable», declaró Solbes. En aquellos años, el jefe del Servicio de Estudios del BBVA llamado José Luis Escrivá, presentaba informes sobre la situación de las pensiones y era crítico con Solbes, porque debía hacer algo más que reducir la deuda. “Las reformas del sistema de pensiones ya debieran estar encima de la mesa para su discusión, porque el volumen de trabajo no va a generar recursos suficientes», decía en 2006, pese a que Solbes había reducido la deuda al 35% del PIB, la cuarta parte que ahora al calor del auge inmobiliario. Tenía razón Escrivá en que no bastaba con bajar la deuda y, de hecho, se disparó de nuevo rápidamente en cuanto estalló la burbuja. El problema es que tantos años después, el problema sigue estando ahí y, aunque el Gobierno de Zapatero lanzó una reforma importante al final del mandato retrasando la edad de jubilación sin apenas contestación social, aún no está garantizada la sostenibilidad del sistema. Así lo aseguran en la Comisión Europea hasta ver a fondo la segunda reforma comprometida por Escrivá.
Aprovechar la oportunidad de los fondos y conseguir una reforma de pensiones que dé una señal de estabilidad sobre el futuro de las cuentas españolas son dos de los grandes retos en este invierno duro de inflación y empobrecimiento
Al igual que entonces Solbes, el Gobierno afronta un doble reto en los próximos meses: a corto plazo, gestionar la crisis y, a largo, ser consciente de que hay que dejar margen de maniobra para próximas legislaturas con el que combatir los problemas de fondo de la economía española que incluye de forma estelar, como siempre, el sistema de pensiones. El horizonte inmediato es de vuelta al frenazo en la economía española y una desaceleración importante en 2023 cuando aún no se han recuperado los niveles previos a la pandemia. El Banco Central Europeo no ve la inflación media de la Eurozona por debajo del 5% antes de 2024 y eso en su mejor previsión. Es el escenario de la temida estanflación (estancamiento económico con altos precios) que se va materializando y que sorprende a España, una vez más, como el campeón del paro de la Eurozona y uno de los más endeudados de Occidente.
Ya quisiera el Gobierno la inflación que sufría Solbes, un 4,2% en el año más alto, y contar con el superávit presupuestario que llegó a alcanzar aquel vicepresidente. A favor tiene, sin embargo, por ejemplo, la impresionante inyección de fondos europeos concedida por la Unión Europea en la pandemia y que incluso el Ministerio de Economía cree que serán 20.000 millones más de lo previsto inicialmente al haber sufrido España la mayor caída del PIB de la Eurozona.
Aprovechar la oportunidad de los fondos y conseguir una reforma de pensiones que dé una señal de estabilidad sobre el futuro de las cuentas españolas son dos de los grandes retos en este invierno duro de inflación y empobrecimiento. Un antecesor de Solbes, Carlos Solchaga, decía en el mismo trabajo de Fedea que «cuando uno se dedica a la política no debe aspirar a ser querido, con ser respetado ya va bien». Buena frase, pero difícil de aplicar cuando toca tomar decisiones en vísperas de un año muy electoral y 2023 lo es.
Carlos Segovia
