“España necesita una alta dosis de moderación política”
El presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás, señala en esta entrevista que “nuestro reto, como el de otras Academias, es abrir las puertas a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, y hacer llegar nuestras reflexiones a la opinión pública interesada”.
Como presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿cuál crees que es hoy la función social de las Academias?
Los grandes países cuentan con grandes instituciones. Entre ellas figuran las Academias, herederas del humanismo neoplatónico del Renacimiento y, en su realidad actual, del espíritu intelectual de la Ilustración. La Academia francesa de Ciencias Morales y Políticas fue fundada en 1832 nada menos que por François Guizot y se proclama sucesora del enfoque sociológico y jurídico de Montesquieu. Sobre ese modelo nace nuestra RACMYP en 1857, la quinta de las Reales Academias por orden cronológico. Somos más de trescientos los académicos de número a lo largo de la historia de la corporación. Entre ellos, un jefe de Estado (don Niceto Alcalá-Zamora) y 23 presidentes del Gobierno/Consejo de Ministros (el más reciente, Leopoldo Calvo-Sotelo). Desde hace tiempo, predomina el perfil de catedrático o intelectual, pero no faltan entre los académicos (hoy día 44) políticos y empresarios relevantes, así como militares y eclesiásticos. Esta es la Academia más pluridisciplinar, y así se refleja en las ponencias que se presentan y debaten en nuestras sesiones todos los martes del curso. Pongo un ejemplo reciente: una sesión se dedicó al bitcoin y la siguiente a la música de Händel.
Dicho todo ello, respondo directamente a tu pregunta: a día de hoy, las Reales Academias son un referente intelectual para una sociedad confusa, que necesita escuchar la voz de los mejores. No se trata de opinar sobre la coyuntura política, sino de plantear los grandes desafíos de nuestro tiempo. Por eso en este curso hemos hablado de la guerra de Ucrania y su repercusión geopolítica, de la “crisis” de Occidente y de China, de las perspectivas del sistema financiero o de las repercusiones jurídicas, sociales, económicas y psicológicas de la pandemia, entre otros temas. Acabamos de publicar el primer volumen de una Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo XXI, con más de trescientos conceptos a lo largo de mil páginas.
Nuestro reto, como el de otras Academias, es abrir las puertas a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, y hacer llegar nuestras reflexiones a la opinión pública interesada. Estamos en ello, mediante un esfuerzo por utilizar medios telemáticos y realizar actos públicos (mesas redondas, presentaciones de libros…). Por cierto que nuestra sede, la Casa y Torre de los Lujanes, en la madrileña Plaza de la Villa, bien merece una visita cultural. Es el edificio civil más antiguo de Madrid y aquí estuvo prisionero nada menos que Francisco I, rey de Francia, después de la batalla de Pavía.
En nuestra página web (www.racmyp.es) están colgadas las ponencias y se puede consultar gratuitamente la Enciclopedia.
En particular, en tu experiencia, ¿cómo calificarías las relaciones con las otras academias nacionales y con el Instituto de España? ¿Qué destacarías sobre sus frutos y sus perspectivas de futuro?
La relación entre las Reales Academias (bajo el patronazgo del Rey, que inaugura el curso académico en un acto solemne) es muy positiva, de pleno respeto y colaboración. Cada una de ellas tiene su finalidad propia y sus instrumentos de actuación: la RAE, los Diccionarios que son referencia universal; la de la Historia, su gran Diccionario biográfico; la de Bellas Artes, un espléndido Museo, y así sucesivamente. Nuestro objetivo es cultivar las ciencias de nuestra competencia, dicen los Estatutos, “ilustrando las cuestiones de mayor importancia, trascendencia y aplicación, según los tiempos y circunstancias”. Un propósito muy bien descrito, con ese lenguaje jurídico de alta calidad literaria que –por desgracia– se está perdiendo.
El Instituto de España no es “otra” Academia, sino una entidad instrumental que colabora con las demás instituciones para el cumplimiento de sus fines. Entre sus actividades más destacadas, quiero mencionar el homenaje anual a la antigüedad académica (que corresponde este año al poeta Pere Gimferrer) y un importante ciclo anual en el que todos colaboramos, con temas tan diversos como el aniversario de Alfonso X el Sabio o el cambio climático.
La presidencia del Instituto corresponde cada curso a una Real Academia. En octubre de 2022 comienza mi mandato, sucediendo al presidente de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vamos a procurar que continúe y se intensifique esta labor de cooperación interacadémica, que nos beneficia a todos.
“Las Reales Academias son un referente intelectual para una sociedad confusa, que necesita escuchar la voz de los mejores”
Asimismo, has dirigido el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales al que el Gobierno encomendó la elaboración de un informe sobre los medios para frenar el estado de desconfianza que la política despertaba en la ciudadanía. ¿Crees que persiste esta desconfianza? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias que se pudieron extraer de ese estudio?
En mi etapa como director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el Gobierno nos encargó, en efecto, un estudio sobre la desafección de los ciudadanos hacia la política y sus posibles soluciones. Debo decir, ante todo, que es un fenómeno general en las democracias occidentales, y muy preocupante. De ahí surgen los populismos, dispuestos a ofrecer soluciones falsas a problemas complejos y a crear una fractura social entre “los de aquí” y “los de fuera” o entre “la casta y la gente”, etc. Es fundamental que los partidos serios (“sistémicos”, diríamos en términos bancarios) ofrezcan planteamientos serios y rigurosos, porque de lo contrario se abre el campo para radicales y extremistas.
En aquel informe y en otros posteriores se plantearon temas como la necesidad de favorecer la presencia de los mejores profesionales en la vida política, para recuperar su prestigio y gestionar con eficacia los asuntos públicos. Es obligado el respeto a la Constitución, a las leyes y a las resoluciones judiciales: el Estado de Derecho es la expresión de la civilización jurídica. Sin lealtad constitucional quiebra la convivencia social. Hay que recuperar los valores de la Transición: la concordia, la capacidad de entendimiento entre ideologías diferentes.
A mi juicio, España necesita una alta dosis de moderación política. Ser moderado no es ser tibio ni miedoso, sino que es una forma de entender la vida, estar dispuesto a dialogar y a dar la razón al adversario, cuando la tenga. Hay que cerrar el espacio para los dogmáticos y los intransigentes y favorecer las virtudes cívicas que han convertido a Occidente en la sociedad menos injusta de la Historia. Precisamente, mi discurso de ingreso en la Academia, en 2014, se titulaba “La Ciudad de las Ideas. Grandeza y servidumbre de la moderación política”, y la respuesta corrió a cargo de Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución de 1978.
Las señas de identidad de nuestra Constitución siguen siendo perfectamente válidas: Estado social y democrático de Derecho; Monarquía parlamentaria; Estado autonómico, plenamente compatible con la soberanía nacional única que corresponde al pueblo español. Europa, con sus virtudes y defectos, es el lugar natural donde España debe estar, sin olvidar nuestros vínculos culturales y afectivos con Iberoamérica. Este era el “proyecto sugestivo” del 78 (como hubiera dicho Ortega y Gasset) y lo sigue siendo, con las adaptaciones necesarias en un mundo cada día más complejo.
Ha sido constante tu vinculación al mundo del arte, llegando a ser responsable de la Dirección General de Bellas Artes y ejercer como Patrono del Museo del Prado. ¿Cuál debe ser, en tu opinión, una política cultural correcta (no solamente respecto a las artes)? ¿Qué papel deben tener las administraciones públicas al respecto?
España es una gran potencia cultural, y es imprescindible que sepamos utilizar ese “poder blando” que deriva de la imagen positiva que un país transmite al conjunto de la sociedad internacional. Al margen de la política: fíjate la impresión que causan a cualquier persona culta del mundo entero las imágenes del Palacio Real o del Museo del Prado en la reciente “cumbre” de la OTAN. Fue un privilegio ser durante una legislatura director general de Bellas Artes. Somos una de las tres primeras naciones en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La lengua española, segunda lengua de comunicación del mundo, es un “tesoro”, como escribió el pionero Sebastián de Covarrubias. Es, literalmente, nuestro petróleo. El patrimonio artístico, catedrales, castillos, palacios, es de primer rango. Y el Teatro Real, el Liceo y otras instituciones musicales; y los festivales de teatro clásico y moderno; y algunas primeras figuras del cine o las artes plásticas…
Para ello, los poderes públicos tienen que favorecer la cultura, con programas ambiciosos y, por supuesto, sin sectarismo ni preferencias ideológicas. Hay que realizar una actividad de fomento al modo clásico y dejar en libertad a la cultura, sin romper las reglas del juego con subvenciones para los afines.
Pero, además de estas expresiones exquisitas, cultura es también –a día de hoy– la calidad de vida, las fiestas y manifestaciones populares, la gastronomía y el llamado “patrimonio inmaterial”. También aquí jugamos en un terreno favorable. Para sacarle provecho, hay que evitar el localismo excluyente, porque la cultura no puede ser cerrada ni estrecha de miras. Las identidades son perfectamente complementarias: tu lugar de origen y tu Comunidad Autónoma y España como nación y Europa como proyecto y el mundo visto desde una perspectiva global y cosmopolita.
“Contamos con un modelo registral eficaz y eficiente, tanto a efecto de inmuebles como de bienes muebles y de Registro Mercantil. La seguridad jurídica es un valor fundamental de la civilización jurídica”
Asistimos hoy a una proliferación o “motorización” legislativa en todos los niveles: municipal, autonómico, estatal, europeo e, incluso, a través de los tratados internacionales, mundial; en tu condición de Letrado de las Cortes, ¿prevés algún camino para solventar este problema?
Es una pregunta compleja. En mi discurso de toma de posesión en el Consejo de Estado como consejero nato, expresaba un deseo que no será fácil llevar a la práctica: hay que legislar menos, mucho menos, y legislar mejor, mucho mejor. El ordenamiento jurídico se ha hecho inmanejable y con ello perdemos al jurista sabio, conocedor de reglas y principios, al que sustituye el especialista en sectores muy específicos. También hay una práctica perversa en materia de fuentes del Derecho. Así, el Decreto-ley, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una fórmula habitual. Lo mismo cabe decir del deterioro del procedimiento legislativo.
En definitiva, entre normas internacionales, europeas, nacionales, autonómicas y locales, el operador jurídico se pierde en una “selva” jurídica y el ciudadano común se hace escéptico sobre el significado del Derecho. Con la inflación legislativa ocurre como con la inflación monetaria: cada vez valen menos las normas y se incumplen sin consecuencias.
Este es un tema muy serio que debería llamar la atención del mundo universitario y profesional, así como de las Academias; en particular, la de Jurisprudencia y Legislación y la nuestra. Creo que debemos reforzar los estudios sobre la calidad jurídica de las normas, evaluar antes y después su necesidad y eficacia y explicar a los destinatarios para qué sirven y las razones que la justifican. Lo peor, insisto, es caer en el escepticismo y pensar que se trata de una causa perdida.
En España hay instituciones muy capaces de elaborar buenos proyectos normativos (Consejo de Estado, Comisión General de Codificación, las propias Facultades de Derecho) y las Administraciones Públicas cuentan con funcionarios cualificados. Tenemos que motivar a unos y otros al servicio de una buena causa, que supondría un gran fortalecimiento para el Estado de Derecho. Es también un fenómeno universal (“leyes desbocadas” decía el maestro Enterría), pero nuestro Estado compuesto es particularmente vulnerable en este terreno.
“Hay que recuperar los valores de la Transición: la concordia, la capacidad de entendimiento entre ideologías diferentes”
¿Estimas que las instituciones públicas de España suministran en la actualidad la necesaria seguridad jurídica? En esta Revista parece obligado consultar tu criterio y valoración acerca de los registros.
Enlaza con ello la pregunta sobre los Registros. En este terreno, podemos estar muy satisfechos, porque contamos con un modelo registral eficaz y eficiente, tanto a efecto de inmuebles como de bienes muebles y de Registro Mercantil. La seguridad jurídica es un valor fundamental de la civilización jurídica, lo mismo que la garantía jurisdiccional de los derechos.
El éxito de nuestro sistema registral tiene mucho que ver con el riguroso modelo de acceso a la profesión. Es sorprendente que –hoy día– se ponga en cuestión el mérito para ejercer funciones que conllevan una alta responsabilidad. Me parece una tesis frívola y peligrosa. Las oposiciones son una buena fórmula para que los más capacitados accedan a esos puestos que exigen conocimientos técnicos y criterios morales de objetividad e imparcialidad. Algunos políticos españoles, copiando un libro muy discutible de Michael Sandel, critican ese modelo que supone exigencia y sacrificio. Espero que no pase de ser una ocurrencia momentánea.
Nuestra Academia, por otra parte, tiene entre sus miembros históricos más distinguidos a don Gumersindo de Azcárate, tan reconocido por el mundo de los registradores. Tengo el honor de ser titular de la medalla número diez, la misma que ostentaba el ilustre catedrático leonés. Y quiero recordar también a otro compañero admirado que falleció hace pocos años, Jesús González Pérez, gran administrativista y registrador de la propiedad.
Una reflexión final. Hablamos antes de la calidad de los políticos como garantía de su independencia de criterio. Si un líder político tiene una cualificación que le permita retornar a su profesión cuando concluye su etapa como alto cargo, será sin duda menos sensible a la tentación del poder como forma de vida. Tuve ocasión de plantear este tema el pasado mes de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en diálogo público con el expresidente Mariano Rajoy. Es un buen ejemplo de lo que hemos hablado a lo largo de esta entrevista.
Alfonso Candau
