Reconocer a las personas o entidades que promueven el Estado social y democrático de derecho y el desarrollo institucional, y con ellos la paz, la convivencia y el progreso económico y social, es el motivo por el que los registradores de España tenemos instituido el Premio Gumersindo de Azcárate. Un galardón que lleva el nombre del que fuera gran jurista, director general de los Registros y del Notariado, y político muy implicado con los problemas de la sociedad.

Esta institucionalidad con la que los registradores estamos tan comprometidos, no puede verse mejor reflejada que en los valores que inspiran las actuaciones del Consejo de Estado, una institución que está próxima a cumplir los 500 años desde su creación en 1526 por Carlos V, y que en palabras del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el acto de entrega del galardón, es “un órgano absolutamente indispensable en la arquitectura institucional de nuestro país”.

Con la concesión del XIV Premio Gumersindo de Azcárate al máximo órgano consultivo de España, reconocemos desde el Colegio de Registradores una auctoritas en el Consejo de Estado que es el resultado de la suma del prestigio ganado en el transcurso de los siglos como Institución, que suma el aportado por todos y cada uno de los consejeros y letrados que a título individual gozan de ese prestigio. Su defensa del Estado social y democrático de Derecho como expresión de los derechos de la ciudadanía a través de sus dictámenes, mociones, informes y propuestas de reforma, ha hecho que esta institución, como señaló su presidenta, Carmen Calvo, “haya generado una extraordinaria e imprescindible labor para la tranquilidad de nuestro país a lo largo de cinco siglos”.

Por este motivo, es el momento de enorgullecernos todos los españoles por la existencia de una institución que ha pervivido a lo largo de los siglos, que se constituye, además, en ejemplo para otras instituciones, como la Registral, que de nuevo ha vuelto a demostrar la vocación de servicio público que siempre inspira su actuación, poniéndose al servicio de los damnificados por los efectos causados recientemente por una de las mayores catástrofes naturales vividas en España.

El Colegio de Registradores puso desde el primer momento a disposición de los afectados por la DANA, un servicio donde pudieran obtener de manera gratuita notas simples que acreditaran su titularidad u otros derechos sobre las fincas afectadas, de forma que su titularidad pudiera ser acreditada en las solicitudes de indemnizaciones o ayudas. Hasta el momento han sido más de 9.000 ciudadanos los que han solicitado y obtenido esta documentación

Los registros de la propiedad afectados por la DANA han hecho un gran esfuerzo para recuperar la normalidad lo antes posible, con la inestimable colaboración de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Un ejemplo de resiliencia la de los compañeros y miembros de las plantillas afectados por la DANA. El Registro electrónico ha ayudado de modo inestimable a la normalización de la situación, en seis meses de funcionamiento ha resultado sometido a un gran envite y lo ha superado. Ninguna titularidad inscrita, sobre bienes o derechos, ha dejado de estar protegida por la Institución Registral, tampoco los linderos de las fincas que estuvieran georreferenciados.

El Colegio de Registradores puso desde el primer momento a disposición de los afectados por la DANA, un servicio donde pudieran obtener de manera gratuita notas simples que acreditaran su titularidad u otros derechos sobre las fincas afectadas, de forma que su titularidad pudiera ser acreditada en las solicitudes de indemnizaciones o ayudas. Hasta el momento han sido más de 9.000 ciudadanos los que han solicitado y obtenido esta documentación. Toda colaboración es poca ante la inmensidad de la tragedia, pero “tota pedra fa pared”.

Del mismo modo, dentro de la colaboración institucional que mantiene el Colegio de Registradores, se puso el Portal Registral de Emergencias (PRE) a disposición de las autoridades, instituciones y administraciones competentes para ayudar en la reorganización y reconstrucción de las propiedades de las zonas dañadas. 

Ahora queda otra tarea por hacer, la más difícil: evitar el olvido. Y para ello se requiere poner toda la estructura institucional del Estado al servicio de unos ciudadanos que, tras el sufrimiento por las pérdidas humanas, se enfrentan ahora a una incertidumbre económica que con la colaboración de todos debemos paliar.