Mientras la población sigue atónita y consternada por la devastación de las inundaciones de la Comunidad Valenciana, un premio recuerda al Consejo de Estado, el concedido por esta casa. Un premio a la unidad, al consejo jurídico, al valor de la reflexión y el apoyo técnico como guía acertada. Un premio que recuerda que, frente a la división y la falta de preparación, hay otra forma de hacer las cosas. 

El Consejo de Estado ha sobrevivido a los siglos demostrando que lo que es fundado -en 1526 por Carlos V- sin improvisación y con acierto no envejece con los años sino que se convierte en más esencial aún en la vida política.

Nunca han faltado intentos de degradarlo, politizarlo en extremo y apartarlo. En el pasado y en el presente. Pero su valor como centro institucional de asesoría jurídica lo ha hecho sobrevivir.

Por eso es importante recordar su papel en estos momentos. Porque, frente a un enloquecido e histérico marketing político, la falta de dedicación, la ausencia de reflexión y hasta el olvido del servicio público, existe una vía -la contraria- que acaba garantizando que cada acto legislativo puede servir a la soberanía nacional recogida y defendida en las páginas de nuestra Constitución.

Es importante recordar el papel del Consejo de Estado en estos momentos. Porque, frente a un enloquecido e histérico marketing político, la falta de dedicación, la ausencia de reflexión y hasta el olvido del servicio público, existe una vía -la contraria- que acaba garantizando que cada acto legislativo puede servir a la soberanía nacional recogida y defendida en las páginas de nuestra Constitución

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. “El Consejo tiene relevancia Constitucional y basa su actividad en la reflexión, el diálogo y la excelencia jurídica a la hora de emitir los dictámenes, mociones, informes y propuestas de reforma que le consulta el Gobierno u otros organismos previstos en la Ley Orgánica que lo regula”, señala el propio organismo en su presentación oficial. “El Consejo sitúa en el centro de sus preocupaciones la lealtad constitucional y la defensa del Estado social y democrático de Derecho, como expresión de los derechos de la ciudadanía”, añade. Y eso es lo que ha hecho sobrevivir institucionalmente: su servicio a la población y la democracia.

Y esa es la lección que, pasadas las inundaciones de la Comunidad Valenciana, deberían sopesar algunos: la de que sólo la dedicación a esos “derechos de la ciudadanía” recogidos constitucionalmente garantiza la buscada supervivencia política o institucional.

Carlos V, nieto de los Reyes Católicos, fundó el que hoy es el supremo órgano consultivo precisamente con ese objetivo: el de que el aparato normativo del Estado fuese depurado hacia la excelencia. Era necesario un órgano que, con plena visión de conjunto de las necesidades del país, se ocupase de los asuntos de la Monarquía, principalmente, en materia de política exterior. Había comenzado el proceso de unificación de los Consejos de Castilla, de Aragón, de Indias, de Hacienda o de las Órdenes. De unión. No de fragmentación. Porque sólo desde esa unión era posible entender las necesidades de una España extensa y creciente.

Obviamente, su papel se ha amoldado a una estructura democrática. Y, lo mismo que la aparición de los secretarios de Estado o ministros de la Corona hizo que el Consejo de Estado y los demás consejos perdieran influencia, su papel se ha centrado en la pura asesoría jurídica: en el consejo al Gobierno. 

Y ese papel y denominación de Consejo de Estado, remarcado desde 1858 por el gobierno de O’Donnell, no se ha perdido. Fue la Ley orgánica del Consejo de Estado de 1860, la que lo definió como “Cuerpo Supremo consultivo del Gobierno en los asuntos de gobernación y de administración y en los contencioso-administrativos de la Península y Ultramar”. Y, aunque esta última función contencioso-administrativa, pasó con la Ley Santamaría de Paredes a un Tribunal especial y, más tarde -en 1904- al Tribunal Supremo, su papel como supremo órgano consultivo del Gobierno ha llegado hasta nuestros días.

Y lo ha hecho como testigo discreto de una realidad: sólo la formación, la reflexión y la dedicación a la protección de los derechos constitucionales es garantía de pervivencia. Una gran lección en estos días.

Carlos Cuesta