Vivienda es sinónimo de quebradero de cabeza en estas Islas Afortunadas que, en ocasiones, y por culpa y desidia de algunos, no lo son tanto. Amén del mercado libre, que fluctúa al alza sin consideración tanto en venta como en alquiler, lo que aboca a la juventud a la desazón, nos topamos con la vivienda pública, un cúmulo de despropósitos.

La administración ha sido incapaz de articular una respuesta eficaz y real para atender una de las principales demandas de los ciudadanos. El actual Gobierno del Estado -como recordó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su toma de posesión- ha aprobado una Ley de Vivienda que no reconoce la realidad de Canarias. No están recogidas en ese texto las diferencias en el problema de acceso a las casas que se vive en las islas, porque en todas es desigual la problemática y las soluciones, que deben ser diferentes para Lanzarote o Fuerteventura que para El Hierro, La Gomera o La Palma. Hay que distinguir entre lo que es vivienda social, que es competencia exclusiva de las administraciones, de lo que es la promoción pública de vivienda tanto en alquiler como compra, en cuya política necesariamente tienen que figurar las administraciones con los promotores privados, calificando suelo, actualizando módulos y con ficha financiera tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma. Para ello, desde Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda, Visocan, Gestur y Gesplan se debe colaborar con todos los ayuntamientos para la aprobación y modificación del planeamiento para tener el suelo disponible a medio y largo plazo.

Tan maliciosa es la normativa del Gabinete Sánchez que el Gobierno de Canarias estudia recurrir la Ley Nacional de Vivienda ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias autonómicas y generar inseguridad en los propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler. De hecho, numerosos propietarios renuncian a ello, por lo que hay que dotar al alquiler de seguridad tanto al cliente como al arrendador. La actual ley inhibe la oferta y esta situación requiere una solución inmediata desde tres vertientes: que el sector privado construya más viviendas, lo cual es complicado por la falta de suelo; que el sector privado vuelva a levantar casas de protección oficial, y que también los poderes públicos puedan construir inmuebles.

Desde el año 1998 se han sucedido seis planes autonómicos de vivienda con cierto resultado -uno de ellos alcanzó el 71% de ejecución-, pero la crisis económica y financiera de 2008, un crack sin precedentes a nivel mundial, frenó todos los intentos de regular el mercado y provocó una escasez de financiación bancaria que afectó al desarrollo de programas de viviendas protegidas. La recesión económica ha dejado tras de sí un rastro de situaciones de desigualdad y dificultades de integración social para numerosas personas, familias y colectivos, que han sufrido especialmente sus consecuencias. Por ello, existe un elevado número de demandantes de vivienda frente a la oferta disponible. De acuerdo, con el Registro Público de Demandantes de Canarias, un total de 17.023 personas engrosan la lista de espera. 

Uno de los grandes retos que necesita acometer Canarias es la adecuada gestión y optimización del uso del suelo, que resulta crucial para una adecuada planificación del territorio que permita, entre otros objetivos, construir vivienda protegida

Una de las paradojas en las Islas es la presencia de casas deshabitadas -1.326 hogares vacíos por cada 10.000 viviendas- la mayoría construidas en el periodo 2002-2011. Estos datos evidencian la imperiosa necesidad de movilizar y poner inmuebles en el mercado. 

Uno de los grandes retos que necesita acometer Canarias es la adecuada gestión y optimización del uso del suelo, que resulta crucial para una adecuada planificación del territorio que permita, entre otros objetivos, construir vivienda protegida. 

Otro de los graves problemas que sufre Canarias es el drama que viven muchas familias que se ven desalojadas de sus viviendas o padecen el riesgo de perderlas ya sea por un procedimiento judicial o extrajudicial ante la falta de capacidad económica para afrontar el pago de cuotas hipotecarias o de alquiler, procedimientos que, cada vez con más frecuencia, acaban en desahucio. 

Por todo ello, Canarias debe activar un Plan de Vivienda con tres objetivos:

  1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos y fomentando el mercado de alquiler, fundamentalmente de las desocupadas. 
  2. Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas como medio de impulso económico del sector, y de la creación y mantenimiento de empleo estable. 
  3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad o núcleo urbano sostenible y accesible, promoviendo actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de adecuación del espacio público y de rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano, social y patrimonial.

LA VIVIENDA LIBRE

Decía al principio la dificultad de los jóvenes para acceder a un hogar en las Islas. Los datos lo dicen todo: el precio medio de la vivienda se incrementó en el segundo trimestre de 2023 un 3,6% en relación con el mismo período de 2022, lo que significa 35 trimestres consecutivos de subidas; es decir, nueve años. Lo mismo ocurre con el alquiler: la flamante Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez no ha paliado la progresiva escalada de los alquileres en la Comunidad Autónoma. De hecho, el recibo medio que cada mes pagan los arrendatarios isleños está en máximos históricos.

¿Y el alquiler vacacional? El boom de esta modalidad que tanto molesta a los hoteleros ha dejado casi sin posibilidad de alojamiento a trabajadores del sector turístico. Los pisos de alquiler están pasando a la historia y seguimos sin regulación.

Antes de finalizar estas letras, quiero agradecer al Colegio de Registradores su magnífica labor en los trágicos días vividos en La Palma durante y después de la erupción del volcán Tajogaite. Desde los primeros momentos, anunciaron su colaboración con las autoridades y los damnificados que han perdido sus viviendas, ofreciendo a todos aquellos titulares de fincas en la zona afectada una certificación que fue dispensada de forma gratuita, lo que permitió acreditar la propiedad y demás derechos preexistentes.

Gracias por ello.
Bienvenidos a Tenerife.

Joaquín Catalán