“La seguridad jurídica es lo que distingue y define a una democracia avanzada”
Ante la crisis generada por la COVID-19, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, manifiesta en esta entrevista su convencimiento de que “seremos capaces de aprovechar esta situación para superar nuestras debilidades y sentar las bases para una recuperación sólida, orientada a los nuevos retos que plantea el futuro”.
Los registros de la propiedad y mercantiles han sido considerados esenciales durante la pandemia para dar servicio a las necesidades de financiación de personas y empresas. ¿Qué valoración hace del papel de los registradores?
La pandemia está poniendo a prueba las costuras de todos los ámbitos de la sociedad y está siendo especialmente cruel con el tejido económico, con las consecuencias que ello provoca en las empresas, los trabajadores y las trabajadoras. Sobre todo, aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, gracias a que tenemos unas estructuras jurídicas y administrativas sólidas, podemos, entre todos y todas, trabajar para paliar sus estragos. En este sentido, el papel de los registradores de la propiedad ha sido muy importante para garantizar un bien tan preciado en estos tiempos de incertidumbre como es la seguridad jurídica. La crisis sanitaria nos obliga a poner en perspectiva casi todo, pero ha evidenciado el enorme valor de los servicios públicos y, en el caso de los registradores, su labor ha sido esencial para que la actividad económica, societaria y financiera no sufriera daños mayores.
La principal función de los registros es garantizar la legalidad del tráfico jurídico inmobiliario y dar información fiable a los ciudadanos. La seguridad jurídica resulta a su vez un elemento esencial para cualquier territorio, más aún cuando se trata de superar una crisis y captar potenciales inversores. ¿Hasta qué punto es importante para usted este concepto?
La seguridad jurídica es lo que distingue y define a una democracia avanzada. Sin seguridad jurídica no se pueden atraer inversiones que redunden en progreso, desarrollo sostenible y generación de empleo. Tener claros los derechos y las obligaciones, tener la certeza de un escenario jurídico previsible, es, para cualquiera, una garantía de oportunidades.
Además, sin esa misma seguridad jurídica, no será posible llevar a término el proceso de recuperación que hay que acometer cuando, esperemos que más pronto que tarde, superemos la emergencia sanitaria. En la Comunitat Valenciana hemos conseguido alcanzar un acuerdo con todos los agentes sociales, otro acuerdo institucional con las entidades locales y un Pacto para la Reconstrucción Social, Política y Sanitaria impulsado por todas las fuerzas políticas, con la única excepción de Vox, para sentar las bases de la recuperación y coordinar los esfuerzos de todas las partes implicadas, que es toda la sociedad valenciana. Porque esta crisis nos afecta a todos y no podemos dejar a nadie atrás. Eso quiere decir que sólo podremos superarla juntos. Y juntos significa con el resto de España y también con la ayuda de Europa.
“Buscamos hacer realidad el expediente electrónico, de forma que pueda transitar por todas las administraciones sin necesidad de convertirlo a papel”
Durante la crisis económica anterior a la pandemia, se puso de manifiesto la labor vigilante y silenciosa que realizan los registradores ante las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Una labor que hemos realizado siempre, y que contribuye a salvaguardar los derechos de los consumidores. ¿Considera importante esta labor?
Sin duda alguna. Los registradores ayudan a garantizar que cualquier transacción se realiza conforme a la legalidad y, lo que me parece más importante, con el absoluto conocimiento de todos los detalles por parte de los intervinientes y, en especial, del comprador. La información y la transparencia son los mejores antídotos contra los abusos y los registros mercantiles y de la propiedad son un elemento de seguridad y de garantía que nos protege a todos y todas.
Los registradores colaboramos desde hace tiempo con las administraciones públicas (nacional, autonómica y local) gestionando expedientes de nacionalidad, gestionando impuestos locales, asesorando sobre textos legales, impulsando un registro de alquileres o informando sobre actos urbanísticos por vía telemática. Esa colaboración se extiende por supuesto a la Generalitat Valenciana, en múltiples facetas. ¿Qué opinión le merece?
La colaboración que mantenemos en la Comunitat Valenciana es fluida, fructífera, enriquecedora y muy provechosa. Y nuestra intención es seguir alimentando y profundizando en esta intensa relación.
Por ejemplo, en el ámbito de vivienda, recientemente se ha colaborado en materia normativa, tanto en el proceso de elaboración de la Ley para la Función Social de la Vivienda como del Decreto Ley para la ampliación del parque público de viviendas mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
El reciente Decreto 6/2020 de vivienda impulsado desde el Consell responde a una necesidad y a un problema indudable. ¿Van a tener en cuenta las aportaciones de los diferentes operadores jurídicos a la hora de matizar determinadas cuestiones de carácter técnico?
Como usted señala, el Decreto Ley 6/2020 de vivienda impulsado desde el Consell atiende a una necesidad, la ampliación del parque público de viviendas, y a dar respuesta a un problema, paliar la escasez de vivienda pública, de forma que podamos hacer efectiva la garantía del derecho a la vivienda.
El diálogo, la búsqueda de consensos y de complicidades son señas de identidad irrenunciables del Gobierno valenciano. De esta forma, esta norma ha sido objeto de un debate amplio. Durante su tramitación se consultó a los múltiples actores jurídicos implicados, a lo largo del proceso de elaboración se recibieron alegaciones por parte de notarios y registradores -entre otros muchos agentes-, y se debatió el texto en sus distintas versiones.
Además, tras su convalidación, siempre en contacto con los distintos operadores jurídicos, la Conselleria de Vivienda ha recibido muy diversas aportaciones para mejorar el funcionamiento de la norma que están siendo implementadas. Todos los planteamientos de carácter técnico que pudieran ser interesantes para una mejor puesta en marcha del proceso de adquisición preferente serán tomados en consideración, destacando la creación de un espacio propio en la aplicación “GVA responde” denominado “Info Vivienda Pública” en el cual se da respuesta a diversas dudas que ha podido generar el decreto.
“La relación de la administración tributaria valenciana y las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario ha sido, y es, muy fructífera”
Los registradores valencianos mantenemos un convenio desde hace años con la Conselleria de Transparencia para el fomento del autogobierno y la difusión del derecho propio de los valencianos. ¿En qué momento del proceso se encuentra el Derecho Civil Foral Valenciano y qué opinión le merece la deriva que está llevando este tema?
Creo que es posible encontrar una fórmula que nos permita recuperar un valioso patrimonio jurídico e histórico como es el Derecho Civil Foral Valenciano y que encaje con nuestro ordenamiento constitucional. Soy un firme convencido de que la diversidad no es una debilidad, sino una fortaleza en todos los ámbitos y también en éste. Además, es legítimo y saludable que los valencianos y valencianas podamos conjugar en presente un legado que nos define y nos enriquece, tanto a nosotros como al resto de España. De ahí que el pleno de Les Corts aprobó el pasado mes de febrero una proposición de ley que pide la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución para incluir la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano y el Consell está comprometido en el trabajo para recuperar esa herencia y adecuarla al siglo XXI sin estridencias ni tensiones con el resto del ordenamiento y con el diálogo y el consenso como herramientas para conseguirlo.
Algunos registros actúan a su vez como oficinas liquidadoras, colaborando con la administración autonómica a la hora de gestionar y recaudar impuestos, sobre todo en pequeños municipios con menos recursos. ¿Es partidario de impulsar estas oficinas?
La relación de la administración tributaria valenciana y las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario ha sido, y es, muy fructífera y provechosa para los valencianos y valencianas en estos ya más de treinta años de colaboración. Por decreto del Consell de diciembre de 1987 se atribuyó a estas oficinas la gestión y liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En 1991, mediante otro decreto del Gobierno valenciano, se añadió el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y en enero de 2019, con la aprobación por decreto del Estatuto de la Agencia Tributaria Valenciana, se han mantenido estas funciones. Por tanto, la relación ha sido muy productiva y queremos continuar trabajando con las oficinas liquidadoras en los desarrollos actuales para mejorar en la digitalización de la Agencia Tributaria Valenciana y de las propias oficinas liquidadoras, en la eficiencia de las actuaciones en beneficio de los contribuyentes y en las presentaciones telemáticas. La digitalización es el marco en el que nos estamos moviendo y nos vamos a mover cada día más. Buscamos hacer realidad el expediente electrónico, de forma que pueda transitar por todas las administraciones sin necesidad de convertirlo a papel. Es el reto que tenemos ante nosotros y en el que no se puede fallar.
Trimestre tras trimestre, según nuestros datos, la Comunitat lidera la compraventa de viviendas por cada mil habitantes. En la provincia de Alicante predominan las segundas residencias, con presencia notable de ciudadanos extranjeros. ¿Cómo cree que puede afectar la COVID a esta región, con una alta demanda extranjera de viviendas?
Como comentaba antes, apenas existen sectores que se hayan quedado al margen del impacto de la crisis sanitaria provocada por la COVID. Y el sector de la vivienda, desde luego, no es una excepción. De hecho, es verdad que ha habido una caída del 43,8% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, es decir, coincidiendo con el estado de alarma. En todo caso, según los últimos datos del propio Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, referidos al segundo trimestre de 2020, la Comunitat Valenciana continúa encabezando el ranking de actividad inmobiliaria por población. En concreto, son 2,08 compraventas de viviendas por cada 1.000 habitantes, frente a la media estatal del 1,6. Alicante, con 2,62 operaciones, es la provincia de España con mayor movimiento, y Castellón, con 2,25, es la cuarta.
En el marco del convenio de colaboración suscrito con la Conselleria de Transparencia, los registradores hemos adaptado recientemente el Estatuto de Autonomía al formato de ‘lectura fácil’. ¿Cómo valora este tipo de iniciativas? ¿Cree que debe divulgarse en colegios y escuelas para mayor conocimiento?
La adaptación del Estatut d’Autonomia al formato de ‘Lectura Fácil’ es una iniciativa muy útil para la ciudadanía ya que se trata de hacer accesible textos del ámbito jurídico-político a un mayor número de personas que no necesariamente están vinculadas al Derecho o a la Administración. En ese sentido, sí sería interesante que se divulgara en los colegios y en las escuelas.
Muchas viviendas están siendo ocupadas a la fuerza, aprovechando la ausencia de sus dueños. ¿Qué solución ve a situaciones como la vivida recientemente en Jávea por unos propietarios ingleses? ¿La normativa debe cambiar o actualizarse para prevenir mejor estas situaciones?
No creo que sea necesario un cambio legislativo, sino la aplicación de las normas que ya existen y ahí está el ejemplo de la instrucción dictada hace pocos días por el Fiscal Jefe de la provincia de Valencia que autoriza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a desalojar de manera inmediata aquellas viviendas ocupadas ilegalmente que se consideran moradas, incluidas primeras y segundas residencias, siempre y cuando se haya comprobado la titularidad del inmueble, la falta de autorización y la ausencia del título legítimo de ocupación.
Parece evidente que, tal y como ha hecho el Ministerio Público, era necesario unificar los criterios de actuación para evitar situaciones como la que usted hace referencia.
Pero, al margen de lo referido estrictamente a las sanciones, es fundamental abordar la cuestión de la ocupación desde la vertiente social. Es decir, hay que trabajar para garantizar que ninguna persona ocupe una vivienda por no poder permitirse el acceso a un hogar. Esto no puede ocurrir en la Comunitat Valenciana. Para ello estamos implementando todo tipo de medidas para garantizar este derecho, ya sea a través de ayudas al alquiler o a la rehabilitación, de alquileres sociales u otro tipo de iniciativas que exigen la ampliación del parque público de vivienda.
El alquiler vacacional presenta una regulación bastante heterogénea entre las distintas regiones españolas. ¿Cree que esta dispersión normativa nos perjudica a la hora de regular su uso?
En 2018, el Consell impulsó una innovadora Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad con la que generamos las condiciones que propician la evolución de la actividad turística hacia un nuevo modelo que permita facilitar la integración de las personas visitantes con la población, la cultura y el medio ambiente locales. Con respecto al alquiler vacacional, la norma establece que los propietarios de apartamentos turísticos tienen que solicitar la compatibilidad urbanística en el municipio para darse de alta en el Registro. Es una medida que potencia la transparencia y la cogobernanza entre instituciones. Las comunidades autónomas pueden y deben definir sus estrategias en materia turística.
A través del Registro de Titularidades Reales, los registradores colaboran con el Gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales, al identificar a los titulares reales de las sociedades. ¿Cree necesaria una mayor transparencia para luchar contra este delito que merma los ingresos públicos?
La lucha contra la delincuencia económica y financiera es uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos ya que las nuevas tecnologías han provocado que este tipo de actividad criminal se haya hecho cada vez más sofisticada. Además, estamos hablando de delitos que, a su vez, son consecuencia de otros crímenes como la corrupción, el contrabando, el narcotráfico o la trata de seres humanos. Para luchar contra todo ello, la transparencia es la vía más eficaz no sólo para que actúe la Justicia, sino también para poder prevenir ese tipo de delincuencia que siempre encuentra un buen caldo de cultivo en las malas prácticas administrativas y societarias que pueden derivar en corrupción y criminalidad.
Este problema nos compete a todos, por lo que es esencial la colaboración que llevan a cabo los registradores de la propiedad con las instituciones para identificar –a través del Registro de Titularidades Reales– a los propietarios reales de todo tipo de patrimonio y evitar así su ocultamiento a través de testaferros, compañías-pantalla u otros artificios societarios. Para ello, debemos apostar, como hacen los registradores, por las nuevas tecnologías no solo para rastrear e identificar a los que quiebran la ley, sino también para prevenir actuaciones delictivas y en este camino, los registradores siempre tendrán a la Generalitat como aliada.
“No puede haber una ‘brecha territorial’ que marque la existencia de ciudadanos de primera y de segunda”
Recuperar el medio rural y luchar contra la despoblación es uno de los grandes desafíos actuales. En la búsqueda de posibles soluciones a ‘la España vaciada’ destaca el papel de los registradores en muchos pueblos de interior, facilitando a sus habitantes con su presencia y cercanía el acceso a unos servicios que de otra forma no podrían alcanzar, rompiendo a su vez la temida ‘brecha digital’. ¿Hasta qué punto lo considera importante?
Para el Gobierno valenciano, la estrategia contra la despoblación es absolutamente prioritaria. Por eso incorporamos a la estructura del Consell una nueva Dirección General Antidespoblamiento, adscrita a la Presidencia de la Generalitat, desde la que se está impulsando una Agenda Valenciana Antidespoblamiento. Todo ello con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios básicos a todos los valencianos y valencianas con independencia del lugar en el que residan. En ese contexto, todos los actores sociales que desde su ámbito de responsabilidad trabajen en esta línea contarán con todo el apoyo de la Administración valenciana. Entre otras medidas, estamos implementando las actuaciones para acabar con la exclusión financiera e instalar cajeros automáticos con apoyo de la Generalitat para facilitar el acceso a los servicios bancarios en las poblaciones que se han quedado sin oficinas financieras. No puede haber una “brecha territorial” que marque la existencia de ciudadanos de primera y de segunda.
La fuga de empresas catalanas a otras regiones parece haberse frenado. Algunas de ellas han recalado en la Comunitat Valenciana. ¿Cree que el recrudecimiento del movimiento independentista podría traer como consecuencia una nueva oleada de empresas catalanas que trasladen su sede social fuera de Cataluña?
En su momento se registró el traslado de numerosas sedes sociales de empresas y entidades financieras de Cataluña a la Comunitat Valenciana que, sinceramente, me produjo cierta sensación de tristeza debido a las causas que lo originaron.
En todo caso, todo este movimiento fue una muestra que evidenció la estabilidad y la confianza que proyecta la Comunitat Valenciana en los sectores económicos y financieros. Y la prueba de que dejamos atrás una etapa triste en la que la crisis económica de 2008, unida a la mala gestión, dejó un escenario de pérdida de entidades financieras históricas valencianas, entre ellas, dos de las cajas de ahorros de referencia de ámbito autonómico.
Los registros de la propiedad son un buen termómetro para medir la salud del sector inmobiliario y la economía de una región. ¿Es optimista ante el futuro económico que le depara a la Comunitat, una región con un componente turístico muy importante?
Yo tengo una enorme confianza en la sociedad valenciana y española. Estoy convencido de que vamos a superar esa crisis, la mayor desde la Guerra Civil, y que vamos a ser capaces de aprovechar la situación para superar nuestras debilidades y sentar las bases para una recuperación sólida orientada a los nuevos retos que plantea el futuro, como la digitalización, la economía verde y un estado social fortalecido que no deje a nadie al margen. Con ese objetivo, en la Comunitat Valenciana todos juntos, representantes políticos y socioeconómicos, hemos conseguido, como le decía, ponernos de acuerdo en tres grandes acuerdos, social, institucional y político. Estos pactos van a marcar la hoja de ruta de la recuperación económica y social, como estoy convencido de que va a pasar en el conjunto de España. Después de esta crisis, vamos a estar más preparados y vamos a tener más confianza en nosotros mismos como país.
Begoña Longás
