Permítanme que salude expresamente a los consejeros y letrados del Consejo de Estado que nos acompañan realzando con su presencia la entrega de este premio, que tanta trascendencia tiene para nosotros los registradores.

Don Gumersindo de Azcárate fue un gran jurista, político cercano a los problemas de la sociedad, impulsor de la ley de represión de la usura y que, por su tesón en erradicarlos, se conoce por su nombre (la ley Azcárate), letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado -hoy de Seguridad Jurídica y Fe Pública- llegando a ser su director.

Con la voluntad de mantener vivo su legado, de apertura a la sociedad con rigor intelectual, asistimos hoy a una nueva edición, la décimo cuarta del Premio Gumersindo de Azcárate, que concede el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y el Decanato de la Comunidad de Madrid, que ha recaído en el Consejo de Estado.

Es el momento de enorgullecernos todos los españoles por la existencia de una institución que ha pervivido a lo largo de los siglos, desde su fundación por Carlos I, como órgano consultivo al servicio del poder ejecutivo. Así lo establece la vigente Constitución de 1978 en su artículo 107. 

El Consejo de Estado emite informes y propone soluciones, aportando una visión global del Ordenamiento Jurídico Español, para que las disposiciones normativas (proyectos de ley, reglamentos…) respeten la legalidad, y se circunscriban al marco Constitucional, permitiendo una elaboración normativa más perfecta, y coherente, no sólo para el Poder Ejecutivo Español, sino también para aquellas comunidades autónomas que carecen de Consejo Consultivo. Especial referencia hay que hacer al Derecho de la Unión Europea, al que se extiende esa visión legal, especialmente patente en los informes emitidos con ocasión de la trasposición de las Directivas. 

“Es el momento de enorgullecernos todos los españoles por la existencia de una institución que ha pervivido a lo largo de los siglos, desde su fundación por Carlos I, como órgano consultivo, al servicio del poder ejecutivo”

Sus dictámenes son emitidos con independencia y objetividad, como señala el artículo 1.2 de su ley orgánica 3/1980 de 22 de abril. Su carácter no vinculante, no obstante ser preceptiva su emisión en muchas ocasiones, no es un obstáculo para ser tenidos muy en cuenta, y ello es debido a que están impregnados por la auctoritas.

Hay pues una auctoritas en el Consejo de Estado que es el resultado de la suma del prestigio ganado en el transcurso de los siglos por el Consejo de Estado como institución, que suma el aportado por todos y cada uno de los consejeros y letrados que a título individual gozan de ese prestigio, pero también el aportado por los consejeros natos, directores o presidentes de otras instituciones y que a través de ellos suman el prestigio de las distintas academias, de la Fiscalía General del Estado, del Estado Mayor de la Defensa, de la Abogacía General del Estado, de la Comisión General de Codificación, de la Abogacía, entre otras muchas instituciones, que vierten su prestigio y su bagaje jurídico y cultural también en el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado se constituye así en ejemplo para otras instituciones, como la Registral que represento, garante de la seguridad jurídica, a través del control de la legalidad de los documentos que contienen actos y negocios jurídicos que buscan acogerse a la protección registral, puesto que, mediante la inscripción se constituyen derechos, o se conforman, dotándolos de eficacia erga omnes. También desde nuestras oficinas calificamos teniendo en cuenta el Ordenamiento Jurídico español, comprensivo de la normativa autonómica y europea, para dotar al ámbito inmobiliario, societario y financiero, de la seguridad jurídica que se consagra en el artículo 9 de la Constitución Española.

Agradezco al Consejo de Estado que haya aceptado este reconocimiento, y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que sea quien se lo entregue, por el valor simbólico que tiene para todos los juristas que llenamos esta sala. El Derecho es cosa de todos y todos debemos luchar, como don Gumersindo, para que la justicia se abra camino desde las demandas sociales hasta el Gobierno, con el apoyo jurídico del más alto órgano consultivo del Estado.