«El Estado del Bienestar solo se puede mantener facilitando la creación de riqueza”
Manuel Pizarro, presidente desde hace casi un año de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogado del Estado y agente de Cambio y Bolsa. Ha sido presidente de la Bolsa de Madrid, de Ibercaja, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y de ENDESA. También ha sido diputado por Madrid en el IX legislatura. Un bagaje excepcional que le permite tener conocimiento sobre variadas materias que afectan al presente y futuro del Estado social y democrático de derecho.
Cuáles son sus objetivos al frente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación?
Ha sido para mí un gran honor acceder a la Presidencia de la Real Academia, que debe estar a la altura de lo que la sociedad española espera de ella. Por ello, creo que debe participar en el debate social que le corresponde, aportando nuestras reflexiones en asuntos tan cruciales como la posible reforma de la Constitución y la defensa del Estado de Derecho, no sólo en España sino en la Unión Europea, conforme a la importante Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho. También, equilibrar económicamente la Academia. Unas instituciones como las Reales Academias, reconocidas por la Constitución bajo el patronazgo de la Corona, no deben vivir en la penuria actual. El Estado debe aportar los fondos mínimos para poder cumplir con decoro sus funciones.
Como jurista, ¿cuál es su valoración del llamado “procés”, la sentencia y cómo ve el futuro?
El juicio al “procés”, tal como se pudo ver en directo, demostró que en España el Estado de Derecho funciona. Cuando la Justicia se ha puesto en marcha, hemos visto que cada instancia ha cumplido con su misión y que cuando se quebranta la ley la Justicia debe actuar. Y si quien no cumple la norma es una autoridad del Estado, como lo es una Administración Autonómica, debe responder. Respecto a la sentencia, lo mejor que se puede decir es que el Tribunal ha realizado su función con todas las garantías y dejado claro que España es un país con una democracia de alta calidad.
Quería darle la enhorabuena por el eficaz trabajo de la Fundación Santa María de Albarracín de la que usted es patrono desde su creación. ¿Teruel existe?
La labor de la Fundación Santa María en Albarracín, cuyo patronato está formado por el Gobierno de Aragón, el Arzobispado de Albarracín, el propio Ayuntamiento y la Fundación Ibercaja, ha conseguido poner en valor la ciudad y su entorno, utilizando sus propios recursos humanos, culturales y de patrimonio. Para ello ha sido clave su gerente, Antonio Jiménez, al que ha sido un honor apoyar en su trabajo, desarrollado a lo largo de más de 30 años. Para todos los que somos patronos, o los que lo han sido, es un gran orgullo ver cómo se ha convertido en un referente del resurgir de un territorio.
Respecto a si Teruel Existe, por supuesto que sí. En Teruel, como en todo Aragón, hay numerosas actuaciones que muestran la eficacia del trabajo de las instituciones autonómicas en colaboración con entidades y empresas. Así, solo en la provincia de Teruel, tenemos Dinópolis, el mudéjar y los Amantes, la nieve de Valdelinares y Javalambre, el impulso de Motorland en Alcañiz o el aeropuerto de Teruel, que es un modelo de éxito. La despoblación de la España interior es un proceso largo y complejo que afecta a toda Europa. Todos los esfuerzos para paliarlo y revertirlo son bienvenidos, pero algunos llevamos luchando toda la vida.
“El juicio al “procés”, como vimos en directo, demostró que el Estado de Derecho funciona”
Cumbre del cambio climático en Madrid. Usted dirigió la primera energética española. ¿Es posible conciliar crecimiento económico y protección del Medio Ambiente?
La protección del Medio Ambiente es un reto y, a la vez, una oportunidad de prosperidad y riqueza, pero ha de hacerse respetando a las personas y empresas, con normas claras y dibujando un horizonte previsible que permita invertir sin temor a arbitrariedades y a causar daños irreparables. En esto, como en todo, la legalidad, la seguridad jurídica, es la condición del progreso. Ahora se habla de transición ecológica justa. Es todo un reto, porque esa transición debe empezar por preservar los derechos de las posibles víctimas de esa transición, como está previendo la Comisión Europea.
¿Cree usted que estamos en una situación económica parecida a la de 2008?
Todos los indicadores hablan al menos de ralentización. El futuro viene cargado de incertidumbres. Con dos potencias económicamente preponderantes, como son Estados Unidos y China; con una serie de economías emergentes como India o Brasil; y con otros Estados económicamente muy potentes como Japón o Canadá, Europa, la vieja Europa, si no desarrolla un conjunto de políticas económicas comunes y no desarrolla políticas conjuntas sólidas, está llamada a ocupar un papel secundario en el nuevo tablero internacional. Eso, sin duda, acabará afectando a nuestro empleo y a nuestro bienestar.
Como Abogado del Estado y por su trabajo en la Administración y en la política quería preguntarle ¿qué reformas vería usted convenientes para mejorar la seguridad jurídica en España?
Como afirmó el gran jurista y polígrafo aragonés Joaquín Costa, sin seguridad jurídica y libertad, no hay riqueza. El Derecho es la garantía y la condición esencial para que existan sociedades libres.
La justicia ha de ser, como quería Montesquieu, independiente. Y para ello ha de disponer de los medios adecuados. Una justicia lenta no sirve a la sociedad, y sin medios no puede ser rápida ni eficaz.
“Debemos contar con los fondos mínimos para que la Academia de Jurisprudencia cumpla con decoro sus funciones”
¿Ve usted posible y deseable la implantación de una renta básica universal?
Creo que la sociedad debe fomentar la actividad de las personas, potenciando la posibilidad de esforzarse y desarrollar un proyecto de vida. La renta básica, en nuestro país, ya existe en forma de acceso general y gratuito a la educación y a la sanidad, el sistema de pensiones o el nivel de las infraestructuras públicas de que disponemos. Además, estoy de acuerdo en la defensa del Estado de Bienestar para que, aquellos que por disfunciones sociales o avatares de la vida se quedan en el camino, puedan recibir el auxilio y la ayuda necesaria.
¿Cómo garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar: sanidad, educación y pensiones?
Para empezar, ayudando a la creación de riqueza. Un país que crea riqueza puede pagarlo todo. Eso exige libertad de mercados de verdad e igualdad de oportunidades. Y como siempre, gobernar con la ley en la mano, para que se paguen los impuestos justos, no más impuestos; y, sobre todo, para evitar la corrupción que tantos recursos detrae del sistema y que falsea la competencia. Por supuesto, disponiendo de un Estado eficiente. En España, en este aspecto, tenemos recorrido de mejora. Yo estoy a favor del Estado de las Autonomías. De hecho, estuve en los albores de la construcción de la de Aragón. Pero se han construido manteniendo todas las estructuras anteriores…. Y no era eso. Hay que conseguir un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.
¿Cree usted aplicable a diversos ámbitos la gestión privada de servicios públicos? (en cierto modo, es la forma de gestión de los registros y del notariado).
Si se hace bien, con procedimientos transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades y la supervisión y control de la Administración, puede ser un modelo complementario. Abrir la puerta a la iniciativa privada siempre es positivo. Da oportunidades a personas esforzadas y creativas y genera competencia, una virtud extraordinaria para la mejora continua. Pero eso: con transparencia y equidad, y que quien no lo haga bien desaparezca, no vayamos a crear nuevos monstruos.
