La COVID-19 está provocando enormes consecuencias sanitarias y económicas, y generando profundos cambios en múltiples aspectos de nuestras vidas, tanto laborales como sociales.
Cuando el 31 de diciembre del pasado año los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan fueron reportados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), pocos podían imaginar a lo que nos tendríamos que enfrentar en este inicio de la década.
Las autoridades de China confirmaron el 7 de enero que habían identificado el virus como un nuevo coronavirus, y cuatro días después la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anunciaba la primera muerte. El 24 de enero Francia informaba de los primeros casos de coronavirus en Europa.
La OMS declaraba la Emergencia de Salud Pública por el brote de este coronavirus el 30 de enero, y al día siguiente se producía el primer caso en territorio español, un turista de nacionalidad alemana había dado positivo en la isla canaria de La Gomera, después de haber contraído el virus en su país de origen.
El Mobile World Congress de Barcelona, que debía inaugurarse el 24 de febrero, fue clausurado el día 12 de ese mismo mes. Dos días más tarde un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en la primera persona en fallecer por el brote en Europa. La COVID-19 vuelve a Canarias el 24 de febrero con el positivo de un médico de la región italiana de Lombardía y un día después se detectaban los primeros casos en Madrid y Cataluña, todos relacionados con el país transalpino. Al finalizar el mes de febrero el coronavirus salpicaba ya a diez comunidades con medio centenar de casos, y fue el 3 de marzo cuando la Comunidad Valenciana reportaba la primera muerte en España. Oficialmente, el 11 de marzo, la OMS calificaba de pandemia la crisis del coronavirus.
El 14 de marzo el Consejo de Ministros declaraba el estado de alarma por segunda vez en democracia. El decreto establecía drásticas medidas y permitía al Gobierno asumir competencias de otras administraciones y disponer de medios sanitarios públicos, privados y militares.
A partir de aquí, largas y duras semanas pendientes de los picos de contagios o de la evolución de los datos de la curva epidemiológica y, sobre todo, de la cita diaria de las 8 de la tarde con los aplausos a un personal sanitario que se habían convertido por méritos propios en los héroes de una pandemia sin precedentes, que hasta el 20 de mayo había dejado en el mundo un total de 5.000.561 casos diagnosticados, 328.191 fallecidos y 1.899.675 curados. España se situaba como el quinto país con más casos detectados, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Brasil y Reino Unido. El número total de diagnosticados en nuestro país era de 232.555, los fallecidos ascendían a 27.888 y los recuperados alcanzaban la cifra de 150.376.
Los “telepoderes”, una buena opción en tiempos de teletrabajo
En esta situación de parálisis empresarial que estamos viviendo han ido surgiendo diversas iniciativas para paliar sus negativas consecuencias. Una de ellas, como destaca el director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles del Colegio de Registradores, Jorge Salazar, en un artículo publicado en Cepymenews, es el poder electrónico. Hasta el momento, y a pesar de su facilidad de otorgamiento e inscripción, había tenido una lenta implantación, pero la coyuntura actual pone de relieve la utilización de este tipo de poder cuyos efectos son exactamente los mismos que los del poder otorgado por otro procedimiento, acreditando las facultades del apoderado y la vigencia de las mismas por legitimación -presunción de veracidad- resultante de su inscripción en el Registro Mercantil. 
REPERCUSIÓN ECONÓMICA
Junto a estas trágicas cifras sanitarias empezaban a llegar unos negativos datos económicos que anunciaban una contracción económica a nivel global. En el caso de España, los quince días de parón de la actividad desde que se decretara el estado de alarma a mediados de marzo, supusieron un desplome de nuestra economía de un 5,2% en el primer trimestre del año, una caída sin precedentes en la historia reciente, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Junto a este dato, el consumo de los hogares cayó un 7,5 % trimestral, el mayor desplome de la serie histórica y la inversión bajó un 5,8 %, el descenso más grande en casi once años.
Las estadísticas que elabora el Colegio de Registradores con datos procedentes de los registros de la propiedad y mercantiles, constituyen un preciso indicador de la coyuntura inmobiliaria y empresarial de nuestro país, convirtiéndose en referencia de instituciones públicas y privadas. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística, cuyos informes tienen como fuente primaria los datos aportados desde estos registros, agradecía al Colegio de Registradores en su nota de prensa el enorme esfuerzo realizado por la institución registral para facilitar estos datos en una situación tan excepcional.
La información aportada por la Estadística Mercantil pone de manifiesto que el impacto del estado de alarma y la paralización de todas las actividades no esenciales han provocado una fuerte caída del 72,1% en las constituciones de sociedades a nivel nacional. Por comunidades, Madrid, Cataluña o Andalucía, apenas llegan a superar las 500 operaciones este año, cuando el año anterior oscilaban entre las 1.400 y las más de 2.000 en el caso de Madrid.
“El 14 de marzo el Consejo de Ministros declaraba el estado de alarma por segunda vez en democracia. El decreto establecía drásticas medidas y permitía al Gobierno asumir competencias de otras administraciones y disponer de medios sanitarios públicos, privados y militares”
Las cifras de un sector de enorme importancia para nuestra economía, como es el de la vivienda, tampoco dejan lugar para el optimismo. En el informe de la Estadística Registral Inmobiliaria se observa como los datos mensuales completos de marzo, influenciados por la primera quincena donde se permitía todavía la actividad económica, caen en la segunda quincena de forma mucho más significativa, mostrando reducciones aproximadas de un tercio en las compraventas totales y casi la misma intensidad en las caídas de compraventas de vivienda. La actividad hipotecaria desciende igualmente de forma pronunciada, reduciéndose casi un 29% el total de hipotecas constituidas y más de un 27% las hipotecas constituidas sobre viviendas.
Otro dato significativo proviene del Registro Público Concursal. El número de búsquedas en este registro entre los días 6 y 23 del pasado mes de abril, fue de 178.688, que comparadas con el mismo período de 2019 suponen un 118,74% más. Y el número de usuarios que accedieron en este mismo intervalo de tiempo fue de 38.808, representando un incremento del 162,21%. Este registro, gestionado por los registradores mercantiles, se configura como una herramienta a disposición de los ciudadanos, de los profesionales y también de la Administración de Justicia, para facilitar la comunicación de las resoluciones que adopten los Juzgados de lo Mercantil a los distintos registros públicos.
Para acceder a las ayudas de las líneas de crédito del ICO para empresas y autónomos, es necesario, entre otros requisitos, adjuntar la consulta al Registro Público Concursal para descartar que la empresa solicitante está en concurso de acreedores. Estas ayudas fueron aprobadas por la Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para paliar los efectos económicos de la COVID-19.
Propuestas por los registradores y la CNMV
Alternativas para resolver el problema de la aplicación de resultados en el estado de alarma
Las sociedades cotizadas se encuentran ante una situación inédita por la emergencia sanitaria de la COVID-19, que incide en el acuerdo de aplicación de resultados, y tiene consecuencias en el depósito de sus cuentas. En el contexto de esta situación extraordinaria, el Colegio de Registradores de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han propuesto a las entidades una serie de alternativas para hacer frente a esta situación. Estas propuestas pueden encontrarse en la web registradores.org.
EL REGISTRO, SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL
La declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por la COVID-19 efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, exigía la adopción de medidas que garantizaran la adecuada prestación del servicio público registral, ya que los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles están considerados servicio público de interés general, y por lo tanto debían mantenerse abiertos con la finalidad de que los ciudadanos realizaran aquellas actuaciones que por su carácter urgente no pudieran ser objeto de dilación.
En este tiempo los registros han permanecido abiertos con el personal necesario para poder atender la entrega de documentos con un horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. El trabajo se ha desarrollado adoptando las medidas individuales de protección y dotando a las oficinas de los elementos de seguridad necesarios para mantener el equilibrio entre la adecuada prestación del servicio registral y la protección de la salud de usuarios, empleados y registradores. La dotación de estos equipos de protección individual había sido gestionada y suministrada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), el Colegio de Registradores y los decanatos autonómicos.
Además, los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles realizaron una importante transformación tecnológica que hizo posible que en pocos días más de 4.000 empleados de estas oficinas prestaran sus servicios desde sus domicilios en la modalidad de teletrabajo, lo que permitió seguir prestando el servicio con la máxima eficacia y sin merma de la seguridad jurídica. Este cambio supuso un esfuerzo de adaptación tecnológica, que fue posible gracias al soporte técnico del Colegio de Registradores. Todo ello canalizado a través de una red privada virtual (VPN) que conecta los distintos puestos de trabajo con la red corporativa, utilizando los máximos estándares de seguridad.
MEDIDAS DE APOYO
Debido a esta situación de emergencia sanitaria global, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, se aprobaron una serie de medidas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables.
Entre las medidas adoptadas estaba la posibilidad de solicitar al banco el aplazamiento del pago del préstamo hipotecario si con él se financió la adquisición de la vivienda habitual, así como una moratoria en el pago de la renta arrendaticia para los que estuvieran en situación de vulnerabilidad económica. Para acreditar esta situación debía aportarse, entre otra documentación, una nota del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar que informa de las propiedades u otros derechos inscritos a nombre de una persona en cualquier Registro de España. Para facilitar a las familias el cumplimiento de este requisito, los registradores crearon un sistema rápido, sencillo y gratuito que evitó que las personas tuvieran que desplazarse a las oficinas registrales. Además, el Colegio de Registradores editó un folleto traducido a todas las lenguas del Estado para informar a los usuarios de los pasos a seguir para la solicitud de esta nota de índices.
Hay que destacar también que el Real Decreto-Ley suspendió el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. La suspensión también afectó al plazo de vigencia de las certificaciones de reserva de denominación del Registro Mercantil Central, en la constitución o cambio de denominación de sociedades y demás entidades inscribibles. Esta decisión permitió que en el mes de abril no vencieran más de 500.000 asientos registrales.
Todas estas actuaciones se han podido llevar a cabo gracias al trabajo conjunto de la decana y la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, de los decanatos autonómicos y de la Dirección General de Justicia y Fe Pública, que con la decidida y eficaz actuación de su directora general, nos ha permitido afrontar con garantías esta situación sin precedente.
La función social del Registro en los medios de comunicación
El Registro como servicio público esencial ha estado muy presente durante el estado de alarma en los diferentes medios de comunicación social, que han recogido en sus informaciones todas las acciones desarrolladas desde el Colegio de Registradores para poder seguir ofreciendo a los usuarios el mejor servicio en una situación tan excepcional.
Del mismo modo, las propuestas de los registradores y la CNMV para resolver el problema de la aplicación de resultados de las sociedades cotizadas en el estado de alarma; la importante transformación tecnológica realizada por los registros, que hizo posible que en pocos días más de 4.000 empleados prestaran sus servicios en la modalidad de teletrabajo; la suspensión del plazo de caducidad de los asientos registrales; la creación de un sistema gratuito para que las familias pudieran solicitar de forma rápida y sin salir de casa el aplazamiento del pago de la hipoteca o del alquiler de la vivienda, o las estadísticas publicadas durante estos meses, han sido algunos de los temas que han estado presentes en medios como TVE, Canal 24 horas, Telecinco, COPE, Onda Cero; El País, El Mundo, ABC, El Confidencial y en los diferentes diarios económicos y regionales.
