El mundo del Derecho tiene mala fama. No lo puede evitar. La gente lo observa desde la distancia y el escepticismo. A veces con miedo, porque asustan sus términos. Su reputación está en juego cada día, en cada telediario, en cada titular o noticia de portada. Es omnipresente y, sin embargo, incomprendido. Se desarrolla en cientos de miles de normas. En cientos de miles de sentencias. Y a pesar de su complejidad y amplitud, son muchos los que opinan sobre cómo debe ser y pocos los que de verdad entienden lo que realmente es.
El Derecho afecta a la vida de todos los ciudadanos, cada uno de los actos que una persona realiza en su día a día tiene su reflejo legal y, sin embargo, apenas se estudia en los colegios. No forma parte de la cultura general que se imparte en las aulas aunque probablemente vaya a tener mayor incidencia en la vida real de cualquier adulto que las ecuaciones integrales (con permiso de los estudiantes de la rama de ciencias).
El Derecho puede ser todo un misterio para quienes, desde fuera, intentan acercarse a él. Es ese miedo a lo desconocido. Los no iniciados en la materia tratan de entender cómo puede dar respuesta a los asuntos más cotidianos, a los nuevos problemas de la sociedad moderna o a los avances de la tecnología. Y muchas veces ven frustradas sus expectativas porque no es capaz de ofrecer la solución que esperan (y a la velocidad deseada) o porque simplemente la respuesta que se obtiene no coincide con la anhelada. Tiene mala prensa y se emplea como arma arrojadiza para defender una u otra postura.
Y, sin embargo, el Derecho es la base sobre la que se construye cualquier sociedad. Las normas básicas de convivencia, posteriormente aplicadas e interpretadas por los órganos judiciales.
El problema es que difícilmente puede haber justicia en una sociedad que no entiende lo que dicen las leyes o las sentencias de los tribunales. Según una encuesta que hizo el Consejo General del Poder Judicial, el 82% de la población que entra en contacto con la justicia no comprende bien lo que lee u oye. De acuerdo que buena parte del problema está en el bajo grado de conocimiento de Derecho por parte de la sociedad (¿acaso sólo deben entender las leyes los juristas?). Pero, ¿no será también culpa de lo difícil que se pone esta asignatura pendiente a los ciudadanos?, ¿es de verdad estrictamente necesario emplear un lenguaje alambicado cuando se habla de los derechos y deberes de todos?, ¿no tienen también su parte de responsabilidad quienes fomentan que el Derecho sea un idioma no apto para todos los públicos?
Decía Albert Einstein que “si no puedes explicar algo de forma sencilla es que no lo has entendido bien”. El reto de adaptar el lenguaje jurídico a la sociedad es una tarea que debería tomarse más en serio si queremos contar con una sociedad formada e informada. Los periodistas –y en especial los especializados en el sector jurídico- estamos acostumbrados a ‘traducir’ el idioma legal a palabras llanas, que sean lo suficientemente correctas para que los juristas no se escandalicen con lo que leen y lo suficientemente claras para que el mensaje llegue a la sociedad. La clave está en encontrar ese equilibrio.
Pero ésta no debe ser una tarea exclusiva del gremio periodístico. También los profesionales del Derecho deberían esforzarse por hacerse entender. La divulgación no tiene por qué estar reñida con la precisión del mensaje que se transmite. Pero ya sabemos que simplificar es siempre más difícil, hacer sencillas cuestiones complejas requiere un esfuerzo mayor. Se tarda cinco minutos en escribir un discurso de una hora y una hora en escribir un discurso de cinco minutos. Es más fácil explicar conceptos técnicos con palabras técnicas que tratar de adaptar el discurso al público. Por eso, el reto será convencer a los juristas de la necesidad de clarificar el lenguaje jurídico, entendido como un derecho de los ciudadanos.
La sobreabundancia normativa tampoco ayuda. En un país en el que, en 2015, se publicaron 884 normas estatales y casi un millón de páginas de boletines del Estado y de las comunidades autónomas, difícilmente se puede esperar que la sociedad no jurista pueda estar al día, ni siquiera queriendo. Sin olvidar que, como decía Montesquieu, “las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.
El uso de un lenguaje muy técnico, las expresiones propias del ‘argot’ jurídico, las alusiones continuas a preceptos legales o un uso frecuente de expresiones en latín son los ladrillos y el cemento que han contribuido a levantar un muro de incomprensión entre dos mundos, la Justicia y la sociedad. ¿Es esto seguridad jurídica?
