Desde hace años, en la Unión Europea y a golpe de crisis se ha ido descubriendo que no existe una política europea energética. Es una de las asignaturas pendientes. Ahora parece que las cosas se han tomado en serio, quizá impulsadas por la lucha contra el cambio climático y la necesidad de hacer una transición hacia energías limpias. Una tarea en la que se han implicado el comisario de Energía, el español Miguel Arias Cañete (PP), alcanzado, además, una consonancia necesaria con el Parlamento Europeo, donde el también español José Blanco (PSOE), está encargado de la directiva de renovables y eficiencia energética.
A los dos, que han sido ministros del Gobierno de España en distintos periodos y con distintos idearios políticos, les ha unido en Bruselas esa causa común y se echan flores por el “trabajo y el esfuerzo”. La realidad es que la necesidad de lograr un mercado integrado, garantizando la seguridad de suministro y de funcionamiento, fomentando las energías renovables, la eficiencia, el ahorro energético y la promoción de la investigación, la innovación y la competitividad, explica ese tipo de maridajes, poco frecuentes por cierto en el territorio nacional.
Además, en consonancia con las discusiones que han desarrollado en los trílogos (negociaciones tripartitas entre Europarlamento, Comisión Europea y Consejo Europeo), la política debe abordar la cada vez mayor dependencia de las importaciones, la creciente demanda mundial de energía, los precios de la energía, los riesgos de seguridad que afectan a los países productores y de tránsito, la necesidad de una mayor transparencia y la necesidad de una mejor interconexión entre los países miembros.
Un rosario de tareas para cuya solución es más que conveniente un maridaje entre todas las fuerzas políticas. A ello responde el paquete de «energía limpia para todos los europeos» que propuso la Comisión Europea el 30 de noviembre de 2016. Este paquete incluye un conjunto de propuestas legislativas que persiguen establecer un marco que garantice el cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la UE para 2030 en relación con el despliegue de fuentes de energía renovables, la mejora de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el refuerzo de las interconexiones. Punto, este último, que es de vital importancia para España, ya que ha sido uno de los caballos de batalla habituales en las reclamaciones en materia energética tanto en electricidad como en gas.
«En el programa Horizonte 2020, que cubre el periodo 2014-2020 y es el principal instrumento de la UE para promover la investigación en materia de energía, se han destinado fondos de 5.931 millones de euros en aras de una energía limpia, segura y eficiente y de un desarrollo sostenible»
En materia de eficiencia energética, la piedra angular es la directiva que persigue encauzar el camino de los Estados miembros de la UE hacia el cumplimiento de los objetivos de 2020. En la citada directiva, la Comisión propuso revisar la directiva anterior de 2012 con objeto de reforzar la eficiencia energética de los edificios nuevos y acelerar el ritmo de renovación de los edificios existentes para reducir su consumo de energía. Por otro lado, en el programa Horizonte 2020, que cubre el periodo 2014-2020 y es el principal instrumento de la UE para promover la investigación en materia de energía, se han destinado fondos de 5.931 millones de euros en aras de una energía limpia, segura y eficiente y de un desarrollo sostenible.
En estos momentos, el camino trazado pasa por el derrotero que marcó el Parlamento Europeo el pasado febrero en el que se fijan los objetivos vinculantes en materia de eficiencia energética y uso de las energías renovables para 2030. Según la nueva propuesta, los eurodiputados apoyan una reducción del 40% en el consumo energético de la UE para 2030, con una cuota de energías renovables de, al menos, el 35%, un porcentaje que la Comisión acepta discutir, lo que redundará en un término medio entre ese 35% y el 27% que se había aprobado en la Comisión. Asimismo, los Estados miembros deberán elaborar estrategias a largo plazo para garantizar que, para 2050, los edificios apenas consuman energía en la Unión, según un acuerdo alcanzado en diciembre de 2017 con el Consejo Europeo sobre la eficiencia energética de los edificios.
Miguel Ángel Noceda
