Hace un cuarto de siglo nacía el Curso Iberoamericano de Derecho Registral con una vocación clara: fortalecer los lazos jurídicos entre los países que conforman la Comunidad Iberoamericana. Lejos de ser una mera iniciativa técnica, respondía a una convicción profunda y, en su momento, no suficientemente reconocida: que la Iberoamérica contemporánea no solo comparte una lengua, una cultura y unos intereses económicos y políticos, sino también una historia jurídica común, profundamente enraizada en más de tres siglos de Monarquía Hispánica, y proyectada en el presente por medio de instituciones vivas y profesionales comprometidos.
La creación del curso fue posible gracias al impulso coordinado de varias instituciones —colegios registrales, administraciones públicas y organismos de cooperación— en un momento en que la política iberoamericana de España apostaba decididamente por una visión ambiciosa y cohesionada del espacio jurídico común. Desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica se promovieron entonces iniciativas que consolidaran ese espacio compartido también en el ámbito del Derecho, con especial atención a los sistemas de registro, base silenciosa pero esencial del desarrollo económico y de la seguridad jurídica.
Desde su primera edición, el Curso Iberoamericano de Derecho Registral ha permitido el encuentro de generaciones de registradores, juristas y funcionarios públicos procedentes de toda Iberoamérica. Ha sido un foro de intercambio técnico, pero también una plataforma para estrechar vínculos personales y profesionales, para compartir buenas prácticas, y para cultivar una identidad jurídica iberoamericana con rasgos propios, sin caer en uniformismos.
Uno de los conceptos centrales que este curso ha contribuido a difundir con mayor claridad es el de seguridad jurídica preventiva, verdadera aportación del sistema registral latino a la arquitectura institucional del Estado de Derecho
Uno de los conceptos centrales que este curso ha contribuido a difundir con mayor claridad es el de seguridad jurídica preventiva, verdadera aportación del sistema registral latino a la arquitectura institucional del Estado de Derecho. Frente a una visión puramente reactiva o contenciosa del Derecho, el modelo iberoamericano pone el acento en evitar el conflicto antes de que se produzca, mediante el control de legalidad y la publicidad registral. Un sistema registral confiable, profesional y técnicamente sólido no solo reduce la litigiosidad, sino que crea un entorno de certeza imprescindible para atraer inversiones, garantizar derechos y ordenar el territorio.
En este sentido, la fe pública registral, figura clave del sistema latino, representa una garantía institucional que otorga valor probatorio y legitimador a lo inscrito, con el respaldo de un funcionario público independiente y cualificado. A diferencia del sistema anglosajón —que se apoya en seguros privados y en un enfoque más declarativo— el modelo iberoamericano ofrece una protección objetiva al tercero de buena fe, reduce los costos de transacción y refuerza la confianza en el tráfico jurídico. En muchos países de la región, esta tradición ha demostrado ser no solo jurídicamente robusta, sino también social y económicamente eficaz.
Pero el aniversario no puede ser solo un momento de celebración retrospectiva. Es también una oportunidad para proyectar hacia el futuro el papel del Curso Iberoamericano y de la comunidad jurídica que lo sostiene. Los desafíos son numerosos: desde la incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización de los registros hasta la necesidad de reforzar la capacitación continua, adaptar la formación a los cambios normativos y mejorar la cooperación entre oficinas registrales de distintos países.
El fortalecimiento de las prácticas, las estancias formativas y los intercambios entre profesionales iberoamericanos debe ser una prioridad en los próximos años. También lo es fomentar una mayor colaboración con las universidades y centros de estudios jurídicos, de modo que el Derecho registral se afiance como una disciplina con proyección internacional. En este esfuerzo, la implicación del sector privado —especialmente de las empresas que dependen de la seguridad jurídica para operar— resulta igualmente clave. Es necesario que contribuyan a crear un estado de opinión favorable a la cultura de la legalidad y al valor estratégico de la seguridad preventiva en el desarrollo económico.
Celebrar hoy su 25º aniversario es, además de un acto de justicia con sus organizadores, ponentes y participantes, una oportunidad para reafirmar que el Derecho —entendido como una tradición viva, en constante evolución— sigue siendo uno de los pilares más sólidos de la comunidad iberoamericana. Y también para reconocer que aquella intuición inicial, la de que había que cuidar y promover ese patrimonio jurídico compartido, no solo fue oportuna, sino visionaria.
Miguel Ángel Cortés
