«La Constitución de 1978 nos ha permitido disfrutar de los 40 años de mayor avance social y económico de nuestra historia»
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, nos habla en esta entrevista de los avances y la transformación experimentada por nuestro país durante los últimos cuarenta años.
Cuál es su balance personal de lo que han representado para España y los españoles los 40 años de vigencia de la Constitución?
El balance es francamente positivo. La transformación que ha vivido nuestro país en estos 40 años de democracia es a todas luces incuestionable. El avance social y económico no ha tenido precedentes en la historia de España. También debemos considerar como muy positiva nuestra integración en Europa y en las organizaciones internacionales. Nuestro país ha sabido superar todos y cada uno de los retos hasta conseguir situarse en el grupo de las democracias que lideran el mundo desarrollado.
La Constitución tuvo en su momento dos grandes retos: articular un Estado social y democrático de derecho y el reconocimiento de la autonomía de nacionalidades y regiones. En el primer apartado parece haber un buen balance si apreciamos que el índice de democracias que publica The Economist considera que en el mundo solo hay 19 democracias plenas en 2017, y entre ellas está España. ¿Cuál es su opinión?
La Transición tuvo –en ello coinciden no solo los historiadores sino la inmensa mayoría los españoles- la enorme virtud de materializar la demanda colectiva de la sociedad, que no era otra que conseguir un Estado social y democrático de derecho. Quienes protagonizaron nuestra Transición, asumieron con enorme inteligencia y generosidad, a pesar de sus diferencias, los cambios necesarios para construir un nuevo proyecto común. Parte esencial de ese nuevo proyecto era precisamente el reconocimiento de la autonomía de comunidades y regiones. El acuerdo era muy claro: articular esa pluralidad a través de un sistema que hoy es de los más descentralizados del mundo.
En cuanto al Título VIII de la Constitución, España ha pasado en estos años de ser un país unitario a tener un Estado descentralizado con el desarrollo de las Comunidades Autónomas. ¿Cuál es su opinión sobre el proceso de descentralización del poder en España?
Yo creo que el acierto del proceso de descentralización es incuestionable. Acercar, por ejemplo, la gestión de los servicios públicos como la educación o la sanidad ha supuesto un avance sustancial. Pero igual que le digo esto, me gustaría destacar que es fundamental preservar el derecho que tienen los ciudadanos a recibir los servicios y las prestaciones en condiciones de igualdad. Siendo ministra de Sanidad aprobamos una ley, con el apoyo de todos los partidos políticos para la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad entre otras cosas de que, por ejemplo, el calendario de vacunas sea el mismo en todo el territorio nacional. Todo ello con el único objetivo de conseguir la igualdad de oportunidades de todos los españoles.
Algunos autores creen que por una parte ha faltado lealtad en algunos poderes autonómicos y por otra haría falta una cámara de solidaridad que obligue a esa lealtad institucional. ¿Está usted de acuerdo?
Como bien conoce, la Constitución del 78 recoge que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2, y debe de velar por un equilibrio económico justo y adecuado entre las diversas partes del territorio español, que no puede haber privilegios; en fin, que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones vivan donde vivan. Asimismo, nuestra Constitución recoge que las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, pero recoge también que con arreglo a los principios de coordinación y solidaridad entre todos los españoles. En eso consiste para mí la lealtad institucional, en cumplir lo que recoge nuestra Constitución.
“Quienes protagonizaron nuestra Transición, asumieron con enorme inteligencia y generosidad, a pesar de sus diferencias, los cambios necesarios para construir un nuevo proyecto común”
Lo que nos lleva a la pregunta de si es necesaria una reforma constitucional. Y en su caso, ¿en qué extremos?
Me gustaría referirme a unas reflexiones recientes formuladas por dos de los padres de la Constitución. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón dijo que “si no es por su antigüedad y es por sus defectos, la Constitución puede y debe ser reformada si la reforma es concreta, es decir, si se sabe qué se quiere reformar y para qué se quiere reformar, y no reformar en abstracto, que equivale a no reformar”. Y añadió que “no se puede desde fuera de la Constitución reformar la Constitución y no se puede desde fuera del Pacto constitucional tratar de hacer otro pacto, porque ese otro pacto carecería de legitimidad y de credibilidad”.
Por su parte, José Pedro Pérez Llorca cuando ha manifestado que “es el autogobierno al que hay que dedicarse, al de una España que es un país independiente, como se es independiente hoy en día, que es con muchas dependencias concretas y con muchas interdependencias, pero un país que tiene que ser gobernado de acuerdo al servicio de los ciudadanos en su conjunto y al interés general en su conjunto. El tema de nuestro tiempo es cómo mejorar ahora el autogobierno de España.” Yo no podría decirlo mejor y no puedo estar más de acuerdo.
¿Hay consenso para una reforma constitucional?
La reforma de la Constitución está contemplada en el Título X de la misma, lo que ofrece una idea clara de la importancia que los constituyentes le concedieron a establecer un procedimiento para modificarla cuando así se decidiese. En el año 2006, el Gobierno encargó un dictamen al Consejo de Estado sobre una reforma en cuatro aspectos de la Carta Magna. Ya en esta legislatura, más concretamente el 15 de noviembre del 2017 se constituyó en el seno del Congreso la comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Por esa comisión han pasado ya los ponentes de la Constitución que siguen con nosotros, políticos de dilatada trayectoria, catedráticos de derecho constitucional, etc. Hay coincidencia en que es necesario un consenso para reformarla.
Hay una crítica a lo que algunos han dado en llamar de manera despectiva “el régimen del 78” que ha tenido cierto éxito. ¿En qué medida cree usted que esto se debe a la profunda crisis económica de la que todavía hoy España se está recuperando?
Afortunadamente, una mayoría de los españoles pensamos que la aprobación de la Constitución de 1978 nos ha permitido disfrutar de los 40 años de mayor avance social y económico de nuestra historia. Nuestro PIB se ha multiplicado por seis y nuestro gasto en sanidad por diez, el número de universitarios ha pasado del 3,6% a casi el 30% de la población. Y así podría seguir con otros muchos ejemplos. Muchos ciudadanos han nacido ya en democracia y todos deberíamos hacer pedagogía para explicar de dónde veníamos y lo que hemos conseguido juntos todos los españoles.
40 años es un periodo largo, pero escaso comparado con el tiempo de vigencia de otras constituciones como la americana. Hay voces que defienden que cada generación debe votar su Constitución pero esa no parece la fórmula de las democracias más avanzadas en el mundo. ¿Cuál es su opinión?
Permítame aquí que haga alusión a unas palabras de Miquel Roca cuando explicaba que la nuestra “es una constitución con la que han podido gobernar mayorías de signo ideológico distinto, que ha podido tener lecturas distintas, que ha podido ser interpretada desde visiones tanto doctrinales como jurisprudenciales o políticas distintas, encontrando en la propia flexibilidad de la Constitución la manera de ser adaptada a la evolución de los tiempos”. Creo que, como demuestra la historia, incluso la de nuestros últimos 40 años, ningún texto constitucional es inmutable. De hecho hemos conocido ya dos reformas: las del año 1992 y la del año 2011. Ahora bien, antes de acometer el estudio de una posible reforma de algo tan importante es fundamental conocer qué es lo que se quiere modificar, en qué sentido y tener muy claro que debemos conservar intactos los cimientos constitucionales por lo que se rige una nación como la nuestra.
¿Cómo valora desde su condición de mujer y presidenta del Congreso la igualdad de sexos 40 años después de su consagración en el artículo 9?
Pienso que en estos 40 años se ha avanzado mucho. Por ejemplo, la población activa femenina ha pasado del 28% al 53%. Las mujeres son ya más de la mitad de las universitarias, cuando hace cuatro décadas apenas eran un tercio. La brecha salarial se está reduciendo afortunadamente, aunque lentamente.
Pero queda mucho camino por recorrer y sin ninguna duda un rastro flagrante de la discriminación sigue siendo la violencia contra las mujeres, con la que tenemos que acabar. Hay igualdad legal pero falta mucho para alcanzar la verdadera igualdad, la igualdad real.
