“Frente a un escrutinio mediático y político cada vez más intenso, resulta esencial trabajar para mantener la confianza en las instituciones”
Alberto de Gregorio ha sido nombrado director general de los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea tras 25 años de experiencia en las instituciones comunitarias. Con un profundo conocimiento del marco jurídico y de los procesos de toma de decisiones de la Unión, de Gregorio asegura en esta entrevista que una de las lecciones más importantes aprendidas en su dilatada trayectoria profesional “es la necesidad de combinar rigor jurídico con sensibilidad política, y siempre sin renunciar a interpretaciones jurídicas sólidas”.
Ha sido confirmado por Ursula von der Leyen como director de los Servicios Jurídicos de la Comisión, uno de los puestos de mayor trascendencia en todo el organigrama europeo, te sentarás en los colegios de comisarios y estás encargado de dirigir todo el servicio jurídico de la Comisión. ¿Como encaras esta nueva etapa y cómo vas a enfocar la dirección de un cuerpo tan prestigioso?
Encaro esta nueva etapa con la convicción de que, gracias al trabajo bien hecho de los que me han precedido, estamos muy preparados para afrontar el futuro.
El Servicio Jurídico de la Comisión comenzó con tres juristas en 1952, en aquel entonces, en la Alta Autoridad de la CECA y es actualmente un servicio formado por más de 300 juristas, altamente cualificados y motivados. Desde sus orígenes hasta el presente, la estabilidad y transmisión de conocimientos a través de las generaciones han permitido que el Servicio Jurídico mantenga un alto nivel de excelencia.
Tenemos por delante retos apasionantes. Pero estos retos deben ir de la mano de nuestros valores fundamentales: el Estado de derecho y la buena gobernanza europea, que son nuestros desafíos permanentes. Nuestro trabajo consiste en asegurar que los Estados miembros respeten los principios democráticos y el marco legal común, algo que se ha vuelto especialmente relevante en la gestión de fondos europeos y en la cohesión política interna.
No es la primera vez que te enfrentas a un reto tan mayúsculo. Antes ostentaste la dirección de los Servicios Jurídicos del Consejo, ¿qué lecciones aprendiste en esa etapa?, ¿cómo la recuerdas?
Mi experiencia en el Consejo de la Unión Europea me permitió aprender numerosas lecciones, quizá una de las más importantes es la necesidad de combinar rigor jurídico con sensibilidad política, y siempre sin renunciar a interpretaciones jurídicas sólidas.
Frente a un escrutinio mediático y político cada vez más intenso, resulta esencial trabajar para mantener la confianza en las instituciones, asegurando que las decisiones se basen en un análisis jurídicos rigurosos y objetivos.
“El desarrollo de una capacidad de defensa será esencial. La guerra en Ucrania y la situación geopolítica han puesto de manifiesto que Europa necesita reforzar su seguridad y contar con una industria propia”
Asumes la dirección de los Servicios Jurídicos de la Comisión, prácticamente en el comienzo de la segunda legislatura de von der Leyen. En un contexto geopolítico muy complicado, ¿cuáles consideras que van a ser los grandes retos que va a enfrentar la Comisión Europea durante los próximos años?
Europa atraviesa una de las coyunturas geopolíticas más complejas de las últimas décadas. Y precisamente por eso, los retos que afrontará la Comisión en los próximos años serán tan decisivos. La presidenta von der Leyen ya habló de ellos en su discurso sobre el estado de la Unión. A mí me gustaría destacar tres grandes retos transversales.
Habida cuenta de la situación política en muchos Estados Miembros, no es muy probable que los tratados vayan a cambiar en un futuro próximo. La UE deberá hacer frente a desafíos formidables, sobre todo aquellos derivados de las crisis con el marco jurídico existente. Y esta es una de las funciones más importantes de mi servicio: realizar una lectura evolutiva de los tratados que, sin distorsionarlos, permita adecuarlos a esos retos. La UE se orienta hacia el imperativo de independencia (o de autonomía estratégica). El derecho de la UE debe responder a este imperativo en todos sus vectores, fundamentalmente tres: seguridad y defensa, competitividad y la protección de los valores de la UE, fundamentalmente del Estado de derecho.
El desarrollo de una capacidad de defensa será esencial. La guerra en Ucrania y la situación geopolítica han puesto de manifiesto que Europa necesita reforzar su seguridad y contar con una industria propia. El encaje de la política común de defensa en los tratados sigue siendo complicado, caracterizado por un despliegue paulatino sujeto a decisiones unánimes. Pero los últimos años se han caracterizado por el desarrollo de instrumentos de defensa fundados en políticas clásicas, como la industrial o la económica. Y esto ha sido un gran avance político y jurídico.
En segundo lugar, la competitividad económica es una gran protagonista, especialmente en un contexto tecnológico global marcado por la inteligencia artificial, los semiconductores y la innovación avanzada. Europa necesita empresas capaces de crecer a escala europea y mundial. Para generar este estímulo, la Comisión se propone simplificar el marco jurídico a través de diversos ómnibus legislativos. Todas estas propuestas se integran en la «Brújula de Competitividad» de la Comisión, que fija las prioridades esenciales para el crecimiento.
Y estrechamente vinculado a los anteriores es la competitividad industrial en plena transición energética. Europa debe ser capaz de reducir los costes energéticos, acelerar la producción renovable y desplegar infraestructuras comunes que garanticen la seguridad del suministro. La política ambiental y energética deben situar la descarbonización en el centro de nuestra estrategia de crecimiento. Dado que Europa carece de otros recursos energéticos como energías fósiles, la energía limpia es nuestra mejor apuesta para avanzar hacia la seguridad e independencia energética.
En tercer lugar, y como complemento esencial al fortalecimiento económico, encontramos la estrategia por la defensa de la democracia y los valores de Europa, en la que se incardinan el Escudo Europeo de la Democracia, la Ley de Equidad Digital y el programa de resiliencia de los medios de comunicación.
En conjunto, estos tres vectores definen gran parte de la agenda europea de los próximos años. Son retos de enorme calado, pero también oportunidades para reforzar la cohesión del proyecto europeo y consolidar su papel en un mundo cada vez más exigente.
“La competitividad económica es una gran protagonista, especialmente en un contexto tecnológico global marcado por la inteligencia artificial, los semiconductores y la innovación avanzada. Europa necesita empresas capaces de crecer a escala europea y mundial”
A lo largo de tu carrera en de los Servicios Jurídicos de del Consejo y de la Comisión has afrontado retos mayúsculos como la crisis del COVID-19 o la guerra de Ucrania. ¿Compartes la afirmación de que son las grandes crisis las que fomentan la integración de Europa?
En buena medida, sí, aunque no de forma automática. Si uno mira la historia de la integración europea, encuentra un patrón bastante claro: las grandes crisis suelen actuar como catalizadores. Son momentos en los que se revelan con crudeza los fallos estructurales del sistema y en los que queda en evidencia que las herramientas existentes sencillamente no bastan. Y es esa constatación la que obliga a los Estados miembros a tomar decisiones que, en tiempos normales, habrían sido demasiado difíciles.
Las crisis también generan urgencia política. Lo que antes parecía impopular o avanzaba con lentitud se convierte de pronto en una necesidad inmediata. Tanto los gobiernos como la opinión pública aceptan soluciones más profundas y ambiciosas.
Durante la pandemia, quizá la más grave en un siglo, todos los procesos se aceleraron. En el plano organizativo tuvimos que optimizar el uso de las herramientas informáticas, replantear por completo la forma de trabajar y, sobre todo, buscar soluciones jurídicas innovadoras para problemas inéditos. Del mismo modo que ocurrió en otras etapas históricas —desde la posguerra hasta la crisis financiera o el Brexit—, la pandemia obligó a Europa a dar pasos que no estaban previstos, como la creación de un instrumento excepcional de recuperación financiado con deuda común. Fue un periodo de enorme tensión que obligó a nuestras instituciones a demostrar una gran capacidad de adaptación.
En un escenario distinto, aunque igualmente delicado, la invasión de Ucrania planteó otra urgencia: actuar con rapidez en materia de sanciones, asistencia y cooperación internacional. La Unión respondió sin demora con los instrumentos que le permiten los tratados, consciente de que lo que se jugaba no era solo la seguridad de Ucrania, sino también la de Europa.
Las crisis además fomentan modelos de integración avanzada: a la crisis del euro se responde con una gobernanza económica reforzada e instrumentos de deuda común (como el MEDE); a la crisis bancaria se responde con la creación de la Unión bancaria; a la crisis migratoria se responde con instrumentos de gestión común de flujos masivos; a la crisis del COVID se responde con empréstitos comunes que alimentan el plan de recuperación. Las crisis se han gestionado con un maridaje de los principios de solidaridad y de responsabilidad.
Es decir, se puede decir que las grandes crisis tienden a impulsar la integración porque en esos momentos los Estados Miembros ven claro que avanzar juntos es la única manera eficaz de afrontar desafíos que, por su propia naturaleza, superan las capacidades nacionales.
“Europa debe ser capaz de reducir los costes energéticos, acelerar la producción renovable y desplegar infraestructuras comunes que garanticen la seguridad del suministro. La política ambiental y energética deben situar la descarbonización en el centro de nuestra estrategia de crecimiento”
Eres el tercer español al frente de los Servicios Jurídicos de la comisión, lo que, para muchos, es una demostración de los grandes juristas que España aporta a la Unión Europea. Durante los últimos meses de tu predecesor, Daniel Calleja, habéis trabajado juntos, ahora Daniel ocupará la dirección de la oficina de la Comisión Europea en España. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a Daniel durante estos meses?
Ha sido una muy buena transición, creo que es más fácil entender estos procesos con el ejemplo de las carreras de relevos en las que los atletas se pasan entre sí el testigo. Daniel Calleja es una institución dentro de la institución. Un excelente profesional y mejor persona. Siempre he dicho que Daniel es 100% jurista y 50% diplomático. Aúna audacia jurídica con una comprensión perfecta de los imperativos políticos. Todo ello regado con un gran talento comunicativo. Daniel Calleja ha tenido un papel transformador del Servicio Jurídico, llevando a cabo su “aggiornamento”.
A diferencia de otros atletas, las carreras de relevos son un ejercicio en presente, muy público, y que afrontan con presión emocional.
Al igual que en las carreras de relevos, nuestra transición tenía por objetivo que mi cargo arrancase de la mejor manera posible. Nuestra transición, como servidores públicos, se hizo bajo una visión institucional, teniendo siempre muy presente la Comisión.
Mi intención es consolidar el proceso transformador del Servicio Jurídico iniciado por mi predecesor. Orientarlo hacia las prioridades geopolíticas de la Comisión, hacer de él un servicio que, sin plegar el derecho a la política, pueda traducir la última en el primero de forma robusta, hacer uso de las inmensas posibilidades de la inteligencia artificial.
“Como complemento esencial al fortalecimiento económico, encontramos la estrategia por la defensa de la democracia y los valores de Europa, en la que se incardinan el Escudo Europeo de la Democracia, la Ley de Equidad Digital y el programa de resiliencia de los medios de comunicación”
En uso de su competencia en materia de mercado interior, la Comisión Europea ha dictado durante los últimos años una serie de directivas para fomentar y dinamizar la actividad mercantil y, para ello, ha tenido en cuenta instituciones como el Registro Mercantil. ¿Seguirá el Registro Mercantil siendo una pieza clave en las sucesivas reformas europeas en materia de digitalización y dinamización del tráfico mercantil?
En los últimos años, la Comisión Europea ha impulsado una ambiciosa agenda de digitalización del mercado interior, en línea con los informes de Enrico Letta y Mario Draghi, que señalan la necesidad de modernizar infraestructuras institucionales clave para la competitividad. En este proceso, el Registro Mercantil ha adquirido una relevancia creciente.
Las bases regulatorias, como la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, marcan el inicio de esta transformación. A este marco se suma el reciente Digital Ómnibus de la Comisión (séptimo paquete ómnibus), centrado en reducir cargas administrativas y fomentar la innovación empresarial.
En paralelo, otro de los avances más significativos es la creación de la cartera empresarial europea (European Business Wallet), una identidad digital única que permitirá a empresas y administraciones realizar trámites, intercambiar documentos verificados, firmar y comunicarse de forma segura en toda la UE. Si bien su alcance definitivo está por definirse, es claro que transformará los procedimientos de autenticación y verificación de identidad, donde los registros mercantiles son esenciales.
La pieza normativa reciente más directamente vinculada al futuro del Registro Mercantil ha sido la Directiva (UE) 2025/25, que refuerza la interconexión de registros y la digitalización integral del ciclo de vida societario.
La directiva introduce la constitución íntegramente en línea de sociedades de capital, diseñada especialmente para facilitar la expansión transfronteriza de pymes. Establece un control preventivo obligatorio de los documentos societarios antes de su inscripción, garantizando la legalidad y fiabilidad de la información registral.
Además, la directiva crea el certificado de sociedad de la UE y un modelo europeo multilingüe de poder de representación digital, lo que facilitará enormemente las operaciones transfronterizas.
Otros paquetes legislativos, como el Paquete Ómnibus IV, persiguen la reducción de obligaciones administrativas y la simplificación de requisitos de mantenimiento de registros, impactando directamente en las tareas de información y verificación de los registros.
La digitalización del marco societario europeo no solo depende de herramientas tecnológicas, sino de instituciones que aseguren la fiabilidad, el control preventivo y la coherencia de la información. Los registradores, situados en la intersección entre empresas, seguridad jurídica y digitalización, son así una pieza estructural para la digitalización y dinamización del tráfico mercantil.
“Los registradores cumplen una función crucial en el tráfico jurídico tradicional, garantizando la seguridad jurídica y generando confianza. Esta labor preserva, en última instancia, el Estado de Derecho, uno de los valores fundamentales de la Unión Europea”
Los registradores de España siempre hemos pensado que podemos hacer aportaciones a las instituciones europeas en materia de seguridad jurídica. Desde tu perspectiva de los servicios jurídicos, ¿cómo valoras el trabajo que desempeñamos los registradores de la propiedad y mercantiles de todos los Estados miembros de la Unión Europea?
Los registradores cumplen una función crucial en el tráfico jurídico tradicional, garantizando la seguridad jurídica y generando confianza. Esta labor preserva, en última instancia, el Estado de Derecho, uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, recogido en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), junto a la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos.
No obstante, el Derecho europeo ha moldeado y transformado el trabajo del registrador, y me gustaría destacar dos aspectos de esta influencia.
Por un lado, se ha potenciado mucho la prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales a través de la función del registrador. No se puede inscribir nada en el Registro de la Propiedad si no se acredita que se han pagado los impuestos correspondientes, como por ejemplo el impuesto de Sucesiones, lo que se complementa de manera natural con la labor de los notarios. En cuanto al blanqueo de capitales, especialmente las normas sobre transparencia que se imponen a las empresas en el momento de presentar cuentas anuales, por ejemplo, son efectivas gracias a la importante labor de los registros mercantiles.
Por otro lado, los registradores también desempeñan un papel importante en la protección de los consumidores. Esta función ha cobrado especial relevancia tras la crisis inmobiliaria, para garantizar que no existan cláusulas abusivas en los contratos; también por ejemplo con la labor del Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Una función que permite ofrecer ciertas garantías en casos en los que la jurisprudencia por ejemplo ya se haya pronunciado de forma clara o incluso cuando las normas fijan límites claros ante ciertas cláusulas. Aunque la protección de los consumidores no ha sido tradicionalmente una función del Registro, en los últimos años se ha incorporado como parte de sus responsabilidades.
Y en este sentido, es importante reconocer su labor para asegurar no sólo la seguridad jurídica, sino también estas nuevas protecciones, que contribuyen de manera decisiva al mercado único y a la confianza en los sistemas registrales de toda la Unión Europea.
Dulce Calvo
