El que fuera primer ministro británico, David Cameron, cometió múltiples errores durante su mandato encabezados por el lamentable referéndum del Brexit de 2016, pero acertaba en la importancia de la independencia judicial como factor clave para intentar atraer inversiones. En sus intervenciones durante la pasada época como mandatario británico en el Foro Económico Mundial en Davos, el británico aconsejaba a los empresarios invertir en los países en los que sus gobiernos perdieran más casos en los tribunales como medida infalible de respeto al Estado de derecho. Presumía de que él mismo no acostumbraba a ganar en Reino Unido.
Cameron fue particularmente explícito en un discurso el 14 de noviembre de 2014 en Canberra, porque Australia es otro país anglosajón con tradición de independencia judicial. “Nuestros gobiernos perdemos casos en los tribunales porque no los controlamos. Pero es por eso que la gente invierte en nuestros países: porque tienen derechos de propiedad y saben que pueden obtener reparación gracias al Estado de derecho y porque contamos con jueces honestos que no buscan beneficio propio. No es casualidad que los países más exitosos del mundo sean aquellos donde no hay conflicto ni corrupción y sí hay fuertes derechos de propiedad e instituciones sólidas”, dijo el primer ministro en el parlamento australiano.
Hay abundante literatura académica que vincula el buen funcionamiento judicial con el crecimiento económico. El Nobel de Economía Daron Acemoglu dijo en su discurso de recogida del premio el pasado año: “Nuestra investigación mostró que las instituciones inclusivas —como la participación democrática, el Estado de derecho, los derechos de propiedad seguros y el acceso amplio a oportunidades económicas— son un factor determinante en la prosperidad compartida en todas las partes del mundo». Erica Bosio, especialista en gobernanza pública en el Banco Mundial sostiene que «reforzar la eficiencia judicial no es solo una mejora técnica, sino un pilar para construir confianza, estimular las dinámicas del mercado y desbloquear un crecimiento económico sostenido”.
Hay abundante literatura académica que vincula el buen funcionamiento judicial con el crecimiento económico. El Nobel de Economía Daron Acemoglu dijo en su discurso de recogida del premio el pasado año: “Nuestra investigación mostró que las instituciones inclusivas —como la participación democrática, el Estado de derecho, los derechos de propiedad seguros y el acceso amplio a oportunidades económicas— son un factor determinante en la prosperidad compartida en todas las partes del mundo»
El Banco de España dedica un capítulo de su último informe anual a intentar calcular lo que implica para la economía la falta de calidad de las instituciones, lo que incluye la independencia judicial. Apunta datos que muestran cómo si España lograra equipararse a Dinamarca, el país considerado referente en calidad institucional, su productividad mejoraría un 20% en cinco años, lo que supone mejorar nada menos que en ese porcentaje la renta per cápita nacional, estancada en la convergencia con la europea prácticamente desde 1999.
Por todo esto es tan insólita la tendencia populista en gobiernos incluso europeos que ven los varapalos judiciales en su contra no como señal de contrapeso democrático, sino de conspiración antigubernamental. En los informes sobre la situación del Estado de derecho en España es ya demasiado recurrente leer que en la cuarta economía del euro “ha habido declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, en las que se criticaba al poder judicial”. “Si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, que el poder judicial goce de confianza pública es fundamental para que desempeñe su labor con éxito, habida cuenta de su especial papel en la sociedad. El deterioro de dicha confianza es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial”.
Hay más países occidentales con este disparate y que haya que recordar esto a estas alturas de la democracia muestra una involución que, además de lesiva para el sistema, mina la prosperidad. Cameron dijo también en Canberra que, además de la independencia judicial, “una prensa libre y sin temor enciende luces dondequiera que sea necesario, sin miedo ni favoritismo. Por supuesto, eso puede hacer la vida difícil, pero ayuda a expulsar la corrupción que destruye a tantos países”. La independencia de los contrapoderes, necesaria e incluso rentable.
Carlos Segovia
