El Tribunal Supremo está obligado a lo que llama «anonimizar» los casos que juzga para proteger derechos de los que allí aparecen, así que en la sentencia histórica que emitió el pasado año para calibrar si un presidente del Consejo de Estado daba el nivel, eligió «Maribel». ¿Fue por azar o por ironía? En todo caso encaja bien tal apelativo en la sentencia, porque el popular dicho de «qué nivel, Maribel» planea entre líneas en este importante fallo judicial.

Con «Maribel» tapaba el nombre real que era, como todo el mundo sabe, el de Magdalena Valerio, respetada política socialista que había sido ministra de Trabajo y que, tras salir del Gobierno, había sido elegida por Pedro Sánchez para presidir su principal organismo consultivo. Era polémica la designación no sólo por tanta afinidad política, sino por la falta de currículum de la elegida. Se mantenía al menos, eso sí, la encomiable política de impulsar a una mujer para el cargo tras tan abrumador número de varones en la historia de la institución. 

El PSOE y sus aliados formaron mayoría en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobando su idoneidad en octubre de 2022 y no hubo voto en contra del Partido Popular. El buen talante de Valerio no ha provocado nunca rechazo en el principal partido de la oposición, que también ha elegido presidentes por afinidad política. Parecía, por tanto, que se abría una larga etapa para la exministra. 

El PSOE y sus aliados formaron mayoría en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobando su idoneidad en octubre de 2022 y no hubo voto en contra del Partido Popular. El buen talante de Valerio no ha provocado nunca rechazo en el principal partido de la oposición, que también ha elegido presidentes por afinidad política. Parecía, por tanto, que se abría una larga etapa para la exministra

No fue así. La Fundación Hay Derecho presentó un recurso al defender que Valerio podía cumplir uno de los requisitos exigidos por la Ley para presidir el organismo: el de «experiencia en asuntos de Estado», pero en ningún caso el otro de «jurista de reconocido prestigio». El Supremo le dio la razón: «El tenor literal del artículo sexto es cristalino: son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano. No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta pero concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador. Es decir, prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado».

La Abogacía del Estado defendió el nombramiento, pero el Supremo rechazó sus argumentos: «La notoria y sobresaliente trayectoria de doña Maribel -ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde, concejal, entre otras responsabilidades públicas- sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio. Su currículum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido».

La Fundación Hay Derecho reivindicó después que la anulación del nombramiento de Valerio no era un varapalo a la institución, sino un refuerzo de su seriedad. «El Consejo de Estado es un órgano de contrapeso en nuestro sistema constitucional. Es precisamente en estos órganos en los que el respeto al Estado de derecho ha de ser ejemplar para que sus decisiones puedan ser consideradas coherentes y, sobre todo, para no poner en peligro la confianza de la ciudadanía en el sistema en general».

El Gobierno acató la sentencia y no intentó cambiar la ley para reelegir a Valerio, sino que optó por la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, catedrática de Derecho Constitucional que tenía más posibilidades de pasar el corte.

En su sentencia sin precedentes, el Supremo dio así la lección de que no se puede retorcer la legislación para colocar a cualquier afín en las instituciones. Con 500 años de historia, el Consejo de Estado merece incluso un respeto adicional de todo Gobierno. Moraleja del caso: sea hombre o mujer, si con la ley en la mano no da el nivel, no puede ser Maribel.

Carlos Segovia