El armazón del Estado en España ha tardado siglos en construirse y a pesar de sufrir envites y embates a lo largo de la Historia se mantiene en buenas condiciones. Su firmeza no está exenta de acechanzas que pueden hacerlo tambalear. El Estado es la garantía de que la aspiración a una sociedad armónica, en la que prevalezcan ideales muy cercanos en su enunciación a los de la Revolución Francesa, no sean cuestionados. Las tragedias ponen a prueba la fortaleza de los estados. El épico lema de “el pueblo salva al pueblo” no puede darse por válido dado que, si se evoca y prende es porque el Estado ha estado ausente. No hay peor situación.
Las riadas de últimos de octubre de 2024, en la Comunidad Valenciana casi de manera absoluta, aunque con estragos en zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha, que requerirán por mucho tiempo la acción de las administraciones públicas, ha hecho tambalearse la confianza en los gobiernos autonómicos y central. La pérdida insoportable de vidas y la destrucción material de viviendas, negocios e infraestructuras, justifican las manifestaciones individuales y colectivas en las que se ha renegado de los poderes públicos. Si la sociedad se siente desamparada y abandonada no puede esperarse más que desapego hacia quienes consideran que son los causantes. Esta tragedia ha hecho emerger preguntas que solo se producen en situaciones límite.
Los fallos, los retrasos y la falta de coordinación en el engranaje de un Estado autonómico no pueden ser negados. Aun así, y con la natural y justificada incomprensión de quienes han sufrido, y aún siguen en situaciones extremas y precarias, los resortes del Estado no se han roto.
Las emergencias ponen a prueba la agilidad de los poderes públicos para reaccionar ante los imprevistos. Y sí, ha habido Estado, aunque, por desgracia, los últimos en sentirlo han sido los más afectados, quienes lo han perdido todo.
Una revisión del Estado autonómico se hace del todo imprescindible. Durante la pandemia, que paralizó al mundo, vista ya con cierta perspectiva puede convenirse en que las instituciones españolas y europeas, con comienzos de pánico por el desconocimiento de cómo parar la enfermedad, funcionaron. Siempre quedarán los hitos que se alzaron durante y después de la enfermedad de cómo el mundo supo ponerse de acuerdo para salvar a la humanidad.
El análisis más somero indica que la enormidad de la tarea jamás la hubieran podido hacer por sí solos los ciudadanos llegados de todas partes de España. Sin los servicios públicos, las organizaciones humanitarias, muy profesionalizadas en España, Protección Civil, la UME y las Fuerzas Armadas, las zonas afectadas hubieran desaparecido
En España el estado autonómico trabajó durante ese tiempo tenebroso acorde a su esencia compuesta por singularidades territoriales. No hubo uniformidad porque no podía haberla ante situaciones diferentes. Se inauguró la llamada “cogobernanza”. Ahora, en otra escala, urgía y, aún es imprescindible, el acuerdo del gobierno central y los autonómicos implicados, singularmente con el de la Comunidad Valenciana. El Estado, está volcado, es una evidencia, pero no tuvo la suficiente agilidad. No puede darse la razón a los negacionistas del todo cuando proclaman que España es un “Estado fallido”. No lo es. El despliegue de las Fuerzas Armadas, de los operarios encargados de la reconstrucción de las infraestructuras, los decretos para ayudas directas, la activación de los mecanismos europeos para casos de emergencia, desarrolladas en decenas de medidas concretas, muestran que el Estado existe. La contribución de los distintos actores de la arquitectura institucional, como ha sido el Colegio de Registradores de la Propiedad, con su prestación de ayuda gratuita no ha sido una excepción.
La respuesta masiva, eficaz, imprescindible se ha producido. No puede negarse, sin embargo, el desamparo y la ausencia de ayuda pública en las primeras horas, en los primeros días. La admirable actuación de miles de voluntarios condujo necesariamente a una primera sentencia: “Si no hubiera sido por ellos…”.
El análisis más somero indica que la enormidad de la tarea jamás la hubieran podido hacer por sí solos los ciudadanos llegados de todas partes de España. Sin los servicios públicos, las organizaciones humanitarias, muy profesionalizadas en España, Protección Civil, la UME y las Fuerzas Armadas, las zonas afectadas hubieran desaparecido.
Ningún representante del Estado debe quedar por encima de los demás en esta crisis. Si el Estado entrara en quiebra afectaría a todos ellos, por lo que es imprescindible el examen pormenorizado de todas las actuaciones ante los evidentes fallos y, desde luego, negligencias. El Estado es quien debe salvar al pueblo. Su ausencia, solo entraña peligro y oscuridad.
Anabel Díez
