«Quiero reiterar mi agradecimiento por este premio, que, al reconocer a las Cortes en el 40 aniversario de la Constitución española, reconoce y celebra también el gran proyecto democrático y social que ha conseguido impulsar a la España de nuestro tiempo»
Es para mí una gran satisfacción y un gran placer encontrarme hoy aquí para recibir, en nombre de las Cortes Generales, este Octavo Premio Gumersindo de Azcárate.
Junto al señor presidente del Senado; a los diputados y senadores; y a todos los que formamos parte de las instituciones encargadas de representar a la Nación española, quiero dar mis más efusivas gracias al Colegio de Registradores de España y al Decanato Autonómico de los Registradores de Madrid por esta honrosa distinción.
Gracias a la Junta de Gobierno de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España; a su decana, doña María Emilia Adán; a la decana autonómica de los registradores de Madrid, doña María Belén Merino; y los miembros del Jurado.
Resulta especialmente significativo para las Cortes Generales recibir un premio que lleva el nombre de Gumersindo de Azcárate; excepcional hombre público, significado en la España de su tiempo como letrado de la Dirección General de los Registros, como catedrático y como diputado por León.
Y figura perenne, incorporada para siempre a la historia de nuestro pensamiento político y jurídico, como autor de importantísimas obras que aún leemos con gran interés: así, por ejemplo, su estudio sobre El régimen parlamentario en la práctica, o sus consideraciones sobre El self-government y la monarquía doctrinaria.
Un jurista de la talla de Adolfo Posada usó las siguientes palabras para plasmar la semblanza de quien hoy da nombre a estos premios. Cito:
“Fue nuestro Azcárate un extraordinario maestro, un publicista de excepcional cultura en las llamadas Ciencias Morales y Políticas, un hombre social de gran corazón, un predicador laico, un político de acción de insuperable autoridad”.
Podría decirse, ciertamente, que Azcárate perteneció a la generación de pensadores que estaban convencidos de que la evolución moral de la sociedad tendría también su reflejo en la consolidación de un mejor sistema político.
Era aquella una generación de líderes cargados, a la vez, de espíritu crítico y de optimismo, confiados en la posibilidad de instaurar en las naciones hispanas un modelo constitucional y parlamentario como el que caracterizaba a las democracias más avanzadas del mundo.
Personalidades como éstas impulsaban nuestra lucha por establecer definitivamente las instituciones representativas; y hoy que está aquí el señor ministro de Justicia de la República de Colombia, no quisiera dejar de reconocer que esa lucha se dio también en las hermanas naciones de Hispanoamérica, con las que Azcárate mantuvo una especial vinculación como redactor de diversas entradas de Política y Sociología en el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano.
Era, en efecto, esa lucha cívica la que había expresado el gran político colombiano Rafael Núñez, varias veces presidente de su país y alma de la Constitución de 1886, cuyas palabras en favor de la paz y de la conciliación de los colombianos asociaban también esos objetivos al imperio de la ley y de las instituciones.
Pues, como dijo en 1880 ante el Senado colombiano, la paz que debía perseguirse era la paz que “se obtiene del cumplimiento estricto y fiel de la Constitución y de las leyes, única paz que empuja al país por el fecundo campo del progreso”.
Sin duda alguna, los españoles habíamos buscado también esa paz y esa conciliación durante mucho tiempo; pero sólo fue posible fundarlas definitivamente cuando nos decidimos a abordar juntos un ejemplar proceso de Transición a la democracia.
Resueltos a vivir en concordia y a diseñar una España de futuro donde cupiésemos todos, el primer éxito de aquella decisión fue sin duda la recuperación de nuestras instituciones representativas tras las elecciones de junio de 1977.
En aquella fecha, los españoles pudimos elegir nuevamente unas Cámaras legislativas, que recibieron del pueblo el mandato de elaborar una Constitución para todos.
La restitución de nuestras instituciones parlamentarias contó con la voluntad de hombres y mujeres generosamente dispuestos a poner nuestra reconciliación por encima de intereses personales e ideológicos.
Aquellos diputados y senadores de la legislatura constituyente –algunos de los cuales se encuentran hoy aquí–, se hicieron acreedores a la gratitud y el reconocimiento de la Nación por cuyas libertades trabajaron desde las Cortes.
Por eso, al conmemorar las Cortes Generales, el año pasado, el 40 aniversario de esos comicios que nos permitieron volver a contar con representantes democráticos, quise recordar en la sesión solemne celebrada al efecto que “al recibir en las urnas el respaldo de la soberanía popular, la Constitución selló un proceso de construcción democrática profundamente incluyente, hecho para fundar una libertad y una concordia duraderas, pues a ambas habíamos dado los españoles nuestro voto mayoritario”.
En virtud de ello, el Rey Don Juan Carlos comenzó su discurso de apertura de aquellas primeras Cortes, el 22 de julio de 1977, diciendo: “Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español…”.
Y hoy conviene hacer hincapié en que, efectivamente, en la España democrática no ha existido ni existe un grupo de ciudadanos pertenecientes a una corriente política o a una localización geográfica que no participe de la titularidad de la soberanía nacional.
Y ello es así porque todos por igual nos hallamos amparados por la Constitución; porque todos somos sujetos de derechos inalienables y de las máximas libertades políticas y sociales.
Afirmar lo contrario no sólo es faltar a la verdad, sino impugnar el proyecto incluyente que refleja nuestra Constitución.
Queridos amigos:
Más que una fecha histórica, lo que los españoles celebramos al recordar la entrada en vigor de nuestra Carta Magna es ese modelo de convivencia política y social que fuimos capaces de poner en pie hace cuarenta años, y que no sólo nos ha permitido avanzar juntos, sino también avanzar mucho.
Al analizar las transformaciones experimentadas por nuestro país gracias al sistema democrático, algunos autores prefieren hablar de Transición de transiciones, en razón de los enormes progresos logrados en todos los ámbitos.
Así, por ejemplo, no puede obviarse el hecho de que la nueva estructura democrática resultó fundamental para nuestro ingreso en 1986 en la entonces Comunidad Económica Europea.
Un acontecimiento que reforzó notablemente nuestra inserción en la modernidad; que dio un valioso respaldo a nuestra democracia; y que supuso también para España el fortalecimiento de su economía, la participación en la moneda única y el disfrute de los beneficios del mercado común.
Como miembro de la Unión Europea, el papel de nuestro país en el concierto de las naciones libres y desarrolladas se ha consolidado a lo largo de estas décadas, y hemos recuperado el peso que nos corresponde en los diversos foros internacionales.
Asimismo, nuestro modelo constitucional de Estado social y democrático de derecho ha afianzado y generalizado el alcance de unas políticas del bienestar volcadas a atender las condiciones sociales, sanitarias, educativas, laborales y económicas de los ciudadanos.
Un sistema de protección social que constituye un compromiso de primer orden para el Estado, y que ha logrado mantener sus prestaciones en el contexto de la severa crisis económica que entre todos hemos conseguido superar con esfuerzo y sacrificio.
De igual manera, el marco jurídico e institucional fijado por la Constitución fomentó la confianza de la inversión nacional e internacional para emprender en el desarrollo de los servicios públicos, de la ciencia, de la tecnología o de las grandes infraestructuras.
Ese desarrollo vincula nuestro sistema democrático a obras de gran calado que han contribuido sustancialmente a la mejora de las condiciones de vida y a la vertebración del territorio nacional.
Junto a ello, la Constitución ha sentado las bases de la modernización política y administrativa de España, reconociendo su diversidad geográfica y su riqueza cultural.
A partir de la configuración trazada en nuestra Carta Magna, desarrollamos un modelo territorial que ha conferido las cotas más grandes de autonomía a las distintas regiones de España, y que nos ha convertido en uno de los países más descentralizados del mundo.
Y, junto a las comunidades autónomas, el conjunto de nuestra sociedad ha ganado también en el reconocimiento de sus derechos y en el respeto a la libre personalidad.
Nadie puede negar que la España de hoy es más abierta, más plural, más inclusiva, más comprometida con los derechos de la mujer –aunque todavía quede mucho por hacer en ese terreno– y más empeñada en derribar barreras y en luchar contra la injusticia, la discriminación y la violencia.
«Para las Cortes Generales, la memoria de Gumersindo de Azcárate y de su obra representa siempre la renovación de nuestro compromiso con los valores más altos del sistema parlamentario»
La foto fija de la España de 1977 y su comparación con el país que hoy tenemos nos muestra una enorme evolución, y retrata a nuestra democracia –sin lugar a dudas– como el periodo de mayores conquistas ciudadanas, de mayor libertad y de mayor desarrollo político, económico y social de nuestra historia.
Señoras, señores:
Los cuarenta años de nuestra Carta Magna constituyen una ocasión muy importante para celebrar ese hito que se singulariza entre todos los grandes sucesos de la España contemporánea.
En virtud de ello, las Cortes Generales han promovido la conformación de un Comité Asesor integrado por significados juristas, parlamentarios, catedráticos, académicos e intelectuales, que generosamente han aceptado poner su conocimiento y buen criterio al servicio de la conmemoración oficial impulsada por las Cámaras.
La conmemoración es una fiesta de todos los españoles; y, más allá de la agenda prevista por el Congreso y el Senado, quisiéramos que toda la sociedad se implicara de manera muy activa en esta celebración de aquello que más nos une: nuestro deseo de vivir libremente, nuestro avance hacia una sociedad cada vez más justa, nuestra solidaridad como pueblo, nuestro compromiso con la paz, nuestra responsabilidad con el país que legaremos a las próximas generaciones.
Es por todo ello por lo que quiero reiterar mi agradecimiento por este premio, que, al reconocer a las Cortes en el 40 aniversario de la Constitución española, reconoce y celebra también el gran proyecto democrático y social que ha conseguido impulsar a la España de nuestro tiempo.
Para las Cortes Generales, la memoria de Gumersindo de Azcárate y de su obra representa siempre la renovación de nuestro compromiso con los valores más altos del sistema parlamentario, basado en el contrapeso de las distintas ramas del poder público, y en una conducta que Azcárate describió mediante aquellas palabras de Fenelón que, según él, debían estamparse en todos los Parlamentos del mundo: “El hombre digno de ser escuchado es el que no pone su palabra sino al servicio del pensamiento, y el pensamiento al servicio de la verdad y de la virtud”.
Muchas gracias.
