“La seguridad jurídica se configura como clave de bóveda del ordenamiento constitucional”
Recientemente nombrado abogado general del Estado, David Vilas aborda en esta entrevista, desde la perspectiva de su anterior cargo como director general de Cooperación Jurídica Internacional, algunas de las cuestiones de la actualidad europea y analiza la presidencia española del Consejo de Europa, de la que comenta que “ninguna institución o Estado Miembro deja de reconocer en público y en privado el éxito que supuso”.
Nos conocimos en enero de 2018 cuando ocupabas el cargo de consejero coordinador de Justicia en la Representación Permanente de España en Bruselas. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época?
Fueron cinco años de trabajo intenso en defensa de los intereses de España ante las instituciones europeas; cinco años enormemente gratificantes. Negociar el reglamento de la Fiscalía europea, la directiva de terrorismo, la relativa a los intereses financieros de la Unión, o la de modificaciones estructurales de sociedades, entre otras muchas tareas constituyen recuerdos profesionales imborrables.
Fueron tiempos de gran aprendizaje profesional, identificando lo importante que es ganar influencia en el ámbito europeo, y lo importante de este ámbito sobre la normativa nacional ulterior. Desde un plano personal ayudó también a darme cuenta de la distancia entre las bondades de lo español y cierto ensimismamiento o minusvaloración de los activos que podemos ofrecer a la construcción europea.
Poco antes del segundo semestre del año pasado, fuiste nombrado director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, ahora de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ¿Puedes explicar a nuestros lectores cuáles son tus principales responsabilidades en el ejercicio de este cargo?
En esencia, son dos las principales labores encomendadas; aquellas que penden de la subdirección de Cooperación Jurídica, que implica la gestión de miles de expedientes civiles y penales de asistencia mutua, incluyendo la gestión transnacional de notificaciones, extradiciones, sustracción de menores, alimentos, entre otros; y aquellas que penden de la subdirección de la Unión Europea y Organizaciones Internacionales, que suponen velar por la representación española en el ámbito de la justicia ante organismos internacionales, señaladamente la Unión Europea, lo que también supone gestionar expedientes normativos vinculados al ámbito de la justicia.
También dirijo el ejercicio de funciones de ayuda a la cooperación, vinculadas a la gestión de tratados internaciones, acuerdos internacionales no obligatorios, y otras actividades.
“Nuestra actividad en la Red Judicial Europea y en las redes especializadas existentes, tanto en Latinoamérica como en Europa, es constante”
El 31 de diciembre del pasado año concluyó la quinta presidencia española del Consejo de Europa, en la que tu Dirección General tuvo un papel fundamental. Tanto desde la perspectiva personal como profesional, ¿cómo valoras esta experiencia?
De forma muy positiva. En un sentido amplio ninguna institución o Estado Miembro deja de reconocer en público y en privado el éxito que supuso.
Por un lado, por la marca España generada con su ejecución a lo largo de todo el territorio nacional -que no solo ayudó a enseñar toda la geografía española a Europa, sino también Europa y sus instituciones por toda la geografía nacional-.
Por otro, dicho éxito también provino de los expedientes legislativos concluidos durante nuestra presidencia, con récord cuantitativo histórico -71-; además, muchos de tales expedientes presentaban un gran peso cualitativo (como el de Inteligencia Artificial, el pacto migratorio, la agenda verde, la ampliación de Schengen, el acuerdo financiero…).
En el ámbito más concreto de la justicia hemos participado también en esa cuota de éxito: su principal reflejo son cinco expedientes normativos acordados durante nuestra presidencia (Directiva de sanciones penales por incumplimiento de medidas restrictivas; de responsabilidad por productos defectuosos; de protección frente a demandas abusivas; reguladora del delito medioambiental; y Directiva de embargo y decomiso); además, cabe mencionar dos expedientes enormemente avanzados a pesar de su dificultad política, en que el acuerdo llegó en los albores de la presidencia belga gracias a nuestra labor previa (violencia contra las mujeres y trata); en otro alcanzamos un acuerdo en el Consejo que pudo ser llevado a efecto por la Presidencia Belga -reglamento de transferencia de procesos penales-; así mismo, es digno de mención el impulso de las relaciones de cooperación con América Latina y el Caribe; la aprobación de la Estrategia Digital 2024-2028 en el ámbito de la justicia; las conclusiones del Consejo sobre acceso a la justicia…
En suma, un resultado óptimo logrado principalmente por el denodado esfuerzo de nuestros representantes en la REPER, y así reconocido de modo general.
Durante estos años, hemos visto como la apuesta por la transformación digital y medioambiental se ha materializado en muchas propuestas de Directivas y Reglamentos, como la transposición de la Directiva que entró en vigor el pasado 9 de mayo que dio lugar a la plena implantación del Registro electrónico. Llegados ya a 2024, ¿qué podemos esperar de los próximos años?, ¿se esperan más iniciativas legislativas o el nuevo marco legal puede darse por concluido?
Difícilmente se puede pensar en un agotamiento de las posibilidades normativas de la Unión, menos en un mundo tan cambiante como el actual. Ahora bien, para eso hace falta tomar un poco de impulso: será preciso conocer qué colegio de comisarios resulta tras las elecciones europeas y qué mayorías compondrán un nuevo Parlamento, para que se empiece a fijar por la Comisión, como principal órgano con iniciativa legislativa, qué novedades están por venir.
De tu Dirección General no sólo dependen los asuntos europeos sino también los relativos a la cooperación con América Latina. Conoces la Red Registral Iberoamericana, IBEROREG, su trabajo para fomentar la cooperación jurídica internacional en materia registral y, de esta forma, contribuir a un fortalecimiento del espacio jurídico iberoamericano. En tu opinión, ¿qué papel tienen en el futuro las redes de cooperación jurídica internacional?
Lo cierto es que fuera de Europa -y sin perder de vista al Reino Unido y Estados Unidos de América-, las regiones del Norte de África y Oriente Próximo, por un lado, y Latinoamérica, por otro, forman los territorios que concitan el mayor de nuestro interés por vínculos históricos o geoestratégicos.
Evidentemente en el caso de América Latina somos punta de lanza de la cooperación desde Europa, junto con Portugal, participando activamente, por un lado, a través de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica), en la red deudora de dicha conferencia, Ibered y en la plataforma que debe gestionar dicha red la plataforma Iber@, todo ello tras la ratificación del Tratado de Medellín, que está resultando un éxito.
Dicho lo anterior, tanto IBEROREG como las redes de cooperación jurídica internacional deben fortalecerse y hacerse más útiles, fomentando su presencia sucesiva pero sin solaparse entre sí.
Nuestra actividad en la Red Judicial Europea y en las redes especializadas existentes, tanto en Latinoamérica como en Europa, es constante.
Uno de los temas de mayor interés en los últimos años, tanto a nivel europeo como latinoamericano, es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde la Unión Europea, se ha ido regulando en un marco común para todos los Estados miembros, pero, siendo un fenómeno global, ¿debería fomentarse la cooperación con otros países para desarrollar prácticas comunes?
Las sucesivas reformas de normas europeas en la materia son, en efecto, una constante, con dos focos de actuación.
Por un lado, la prevención, que afecta en particular a los Registros públicos, sin cuya asistencia no sería posible un modelo como el actual. En efecto, ello es resultado de un paquete de medidas que consta de un Reglamento para crear una Autoridad de la UE de Lucha contra el Blanqueo de Capitales; un Reglamento relativo a las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales aplicables al sector privado; una Directiva relativa a los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y una revisión del Reglamento sobre Transferencias de Fondos.
El paquete de la Comisión se basó en su Plan de Acción de 2020 y en varios textos de Conclusiones del Consejo, entre ellas las Conclusiones del Consejo de 5 de noviembre de 2020. Recientemente, el pasado 18 de enero, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el paquete
Por otro lado, la punición: se han producido sucesivas modificaciones de los tipos penales que luchan contra el blanqueo de capitales, y el último ejemplo al respecto es la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (D.O.U.E.L. de 12 de noviembre de 2018).
“Difícilmente se puede pensar en un agotamiento de las posibilidades normativas de la Unión, menos en un mundo tan cambiante como el actual. Ahora bien, para eso hace falta tomar un poco de impulso y será preciso conocer qué colegio de comisarios resulta tras las elecciones europeas”
Por último, ¿cuál crees que es el papel de la seguridad jurídica en el mundo y, de manera particular, el de los registradores en él?
La seguridad jurídica se ha elevado de principio general del derecho, que impone que toda persona tenga conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y omisiones a principio constitucional que ha de regir la actividad de los poderes públicos. Se configura como clave de bóveda del ordenamiento constitucional, pues, de hecho, resulta esencial para el mejor desempeño de toda sociedad desarrollada.
En ese contexto, la actividad registral resulta esencial para dar todo viso de garantía a su respeto en nuestro ordenamiento, desde el punto de vista mobiliario e inmobiliario, favoreciendo el tráfico jurídico precisamente por su predictibilidad, a la que tanto contribuye la función registral.
Sergio Saavedra
