Me remito a la bienvenida realizada por la decana de la Comunidad de Madrid; simplemente permítanme que salude expresamente al director de la RAE, D. Santiago Muñoz Machado; al director honorario, D. Víctor García de la Concha; al vicedirector, José Manuel Sánchez Ron, así como a los numerosos académicos que nos acompañan realzando con su presencia la importancia de este premio. Os agradezco de corazón vuestra presencia.
Asistimos a una nueva edición, la décimo tercera, del Premio Gumersindo de Azcárate, que ha recaído en la RAE, reconociendo también a su director Santiago Muñoz Machado. Indirectamente, este reconocimiento alcanza a la lengua española, un tesoro que nos une a ambos lados del Atlántico.
Este reconocimiento también queremos hacerlo extensivo al resto de lenguas que conviven en España, enriqueciendo nuestro acervo cultural.
En terminología decimonónica, la que se usaba en tiempos de D. Gumersindo, con este premio abordamos hoy la “cuestión de la lengua”. Las palabras pueden ser guardianes de la libertad, pero también agentes activos de la manipulación. D. Gumersindo usó la palabra en sus numerosas intervenciones parlamentarias y en sus escritos para defender valores como la libertad de pensamiento, los derechos y libertades individuales y la justicia social.
Nadie como él era consciente del poder de las palabras, cuyo uso torticero puede llegar a crear una realidad paralela, a convertir en verdad oficial lo que antes no lo era o a desacreditar los valores sobre los que se asienta nuestra civilización. Así lo decía el personaje de Lewis Carroll, Humpty Dumpty: “cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión — zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el que manda…, eso es todo.
Se precisa de la palabra para inspirar, para convencer y para legislar.
Para salvaguardar la neutralidad del lenguaje, para evitar su uso espurio, la RAE acomete la tarea esencial de fijar su contenido. De modo tal que no quede margen para otros contenidos no deseados. La labor de la RAE trasciende lo meramente lingüístico, buscando el consenso terminológico que trasciende a lo conceptual.
“Desde la Vocalía de Responsabilidad Social Corporativa los registradores trabajamos por difundir con palabras claras y sencillas los principios que aplicamos mediante la elaboración de glosarios y diversas actuaciones que persiguen la popularización de los conceptos jurídico-registrales”
Por ello, y por tantas otras cosas, no hay que dejar de alabar el logro, que coordinado por su actual director, Santiago Muñoz Machado, y en colaboración con el CGPJ, supuso la publicación primero del Diccionario del español jurídico (DEJ), y más tarde del Diccionario panhispánico del español jurídico, que actualmente, en versión digital, con vínculos a la jurisprudencia y legislación de los diversos países, está al alcance de cualquier ciudadano del mundo.
El Diccionario panhispánico del español jurídico es un instrumento imprescindible para el fortalecimiento del necesario espacio jurídico iberoamericano. Contamos con la ventaja de una cultura jurídica y un lenguaje común. Esta tarea en Europa es más difícil, inmersos en una torre de Babel. Aún así, los registradores europeos trabajamos para lograr una semántica jurídica común a través del programa IMOLA, recientemente expuesto en el IX Congreso Internacional de la Lengua española, celebrado en Cádiz del 27 al 30 de marzo.
Como complemento al diccionario, quiero recordar la existencia de un valioso Libro de estilo de la Justicia que, dirigido por el hoy director de la RAE, tiene como destinatarios a todos los juristas que soñamos con acercar a la ciudadanía las Instituciones Jurídicas mediante el uso de un lenguaje claro y sencillo.
“La RAE es una cuestión de Estado, así lo afirma en su web, y como tal es merecedora, a nuestro entender, de este reconocimiento a su labor no siempre suficientemente realzada de apoyar la convivencia y propiciar el entendimiento”
Comparto con el director de la RAE el temor de no lograrlo. Nos preocupa la percepción social de que el lenguaje jurídico es oscuro, como dice D. Santiago Muñoz Machado, y hago mías sus palabras: “no debería ser así, porque la mayor parte de sus expresiones son de uso común y popular. Pero lo cierto es que, a juicio de muchos, ocurre de ese modo y eso es algo que pone en juego el Estado de derecho. Y, si los ciudadanos no entienden las leyes, el Estado de derecho no funciona bien”.
Esta preocupación es sentida por los registradores españoles, que trabajamos, desde la Vocalía de Responsabilidad Social Corporativa, por difundir con palabras claras y sencillas los principios que aplicamos mediante la elaboración de glosarios y diversas actuaciones que persiguen la popularización de los conceptos jurídico-registrales. Creo que es tarea de todos los juristas colaborar con la RAE en esta trascendental misión.
Nos asomamos a mundo globalizado y en plena transformación digital, donde el uso de anglicismos para definir las instituciones jurídicas se asemeja a un caballo de Troya que pretende sustituir nuestra tradición jurídica mediante la redefinición de los conceptos. Una vez más hay que alabar la iniciativa de la RAE, que a través del proyecto LEIA, en unión con las grandes empresas tecnológicas, se incorpora a la inteligencia artificial, haciendo presente el español en sus “asistentes de voz, procesadores de texto, buscadores, chatbots, sistemas de mensajería instantánea, redes sociales y cualquier otro recurso”. Las tecnologías emergentes hablarán así un español sujeto a los criterios ortográficos y gramaticales fijados por la RAE. En esta línea hay que alabar el ingreso como académica de D.ª Asunción Gómez, miembro también del proyecto Jubilare, auspiciado por los registradores y sobre el envejecimiento activo.
Los registradores, al calificar, esto es al realizar el control de legalidad de los documentos que acceden al Registro, y que en exclusiva nos ha confiado el legislador, diseccionamos el lenguaje utilizado por las partes para llegar hasta la verdadera naturaleza del derecho querido por ellas y cuya inscripción se pretende. Trabajamos por simplificar y clarificar el haz de facultades que el titular del derecho ha adquirido, y consiguientemente puede oponer a los terceros. Interpretamos el derecho a través del lenguaje, contrastando el lenguaje convencional y el jurídico en la búsqueda de la verdad oficial que publican los folios registrales.
La RAE es una cuestión de Estado, así lo afirma en su web, y como tal es merecedora, a nuestro entender, de este reconocimiento a su labor no siempre suficientemente realzada de apoyar la convivencia y propiciar el entendimiento.
“Especialmente quiero reconocer a Santiago Muñoz Machado, fino jurista cuya impronta está dejando una huella indeleble en la Institución, primero como secretario y ahora como director. Los profesionales del derecho tenemos contigo una deuda de gratitud”
Especialmente quiero reconocer a Santiago Muñoz Machado, fino jurista cuya impronta está dejando una huella indeleble en la Institución, primero como secretario y ahora como director. Los profesionales del derecho tenemos contigo una deuda de gratitud. La RAE limpia, fija y da esplendor a los conceptos jurídicos que viven en nuestra cotidianeidad, porque hablando se entiende la gente, pero siempre que se hable el mismo idioma, que las palabras respondan al mismo concepto en quién habla y en quién escucha. La RAE está empeñada en que el español propicie la concordia entre quienes lo hablan.
Mirando al futuro, inmersos en una transformación digital, sin perder nunca de vista que a quien servimos es al ser humano, dejando al lado intereses corporativos, con espíritu crítico, nos disponemos a superar los retos que los tiempos requieren. Para ello, esperamos seguir contando con la confianza de un Ministerio que siga creyendo en nuestra capacidad para transformar la institución, con una Dirección General que nos escuche y exija.
Ofrecemos lealtad, trabajo, y confianza en aquella Institución a la que nos encomendó la Ley Hipotecaria: el Ministerio de Justicia.
El esplendor de la lengua será el esplendor de la convivencia.