Cuando Luís Salom, un joven asesor del Partido Popular en Valencia, preguntó, a través del Portal de Transparencia, por el coste del viaje del presidente Pedro Sánchez y su familia a Castellón en julio, obtuvo en diciembre una respuesta decepcionante: 282,92 euros. El desplazamiento costó obviamente mucho más, pero La Moncloa solo reveló la cifra correspondiente a los gastos de protocolo. El resto es materia clasificada, según la Ley de Secretos Oficiales de 1968 aun en vigor.
En muchos países europeos, sobre todo en los escandinavos, tal secretismo es inimaginable. En Dinamarca, por ejemplo, las facturas del primer ministro, de sus almuerzos o de sus viajes, se colocan en la web sin que nadie deba preguntar por ellas.
No solo la oposición al Gobierno de turno -ahora el PP, pero antaño también el PSOE- padece esta opacidad informativa. Los periodistas están en primera línea. Datos relevantes que en otros Estados miembros de la UE se divulgan con celeridad a través, por ejemplo, de las webs de los ministerios, son en la práctica secretos en España.
Abundan los ejemplos. La inmigración irregular batió un nuevo record en 2018 con la llegada de 64.298 “sin papeles”, un 131% más que el año anterior. El Ministerio del Interior de España proporciona, cada dos semanas a través de su web, los datos globales, pero no el desglose por nacionalidad declarada, sexo, el porcentaje de menores o el puerto de desembarco. En Italia, sin embargo, Interior actualiza a diario su web que contiene todas esas informaciones que facilitarían un análisis más detallado del fenómeno migratorio. Algunas webs de agencias de Naciones Unidas, como la de la Organización Internacional de Migraciones o el Alto Comisionado para los Refugiados, y también de la UE, como Frontex, proporcionan en ocasiones más información sobre las corrientes migratorias que afectan a España que las de Interior y Fomento.
Cuando un asunto se convierte en sensible las administraciones españolas tienden además a veces a restringir la información. Tampoco faltan los ejemplos. Ya en tiempos del Partido Popular en el Gobierno, Interior alargó, de una a dos semanas, la frecuencia de sus informes semanales públicos sobre migración. Ahora, en diciembre, Fomento ha vetado que Salvamento Marítimo comunique a diario a través de Twitter los rescates que efectúa y a cuantas personas salva la vida.
Cuando los equipos de prensa de ministerios u otros departamentos de la Administración del Estado no responden satisfactoriamente, los periodistas buscan otros cauces para informarse. Desde 2014 recurren al Portal de Transparencia y también a las preguntas que, a petición suya, algunos parlamentarios, generalmente de la oposición, acceden a formular al Gobierno.
El método es lento –un plazo de dos meses- aunque suele dar mejores resultados porque el Ejecutivo se los toma más en serio. A veces, sin embargo, contesta solo parcialmente a la pregunta o no responde alegando que se trata de una materia secreta. Ese fue, por ejemplo, el argumento invocado para omitir dar a un senador el desglose, que había solicitado, por lugar de residencia y por sexo, de los 266 yihadistas que salieron de España en los últimos años para incorporarse a organizaciones terroristas en Oriente Próximo. Semanas antes de que el Ejecutivo le respondiera negativamente, la prensa belga y la alemana había publicado esa misma información sobre sus respectivos países. Allí no era secreta.
Estos episodios dan una idea del camino que le queda por recorrer a España para ser una democracia transparente. La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno supuso, en diciembre de 2013, un primer paso, pero se ha quedado corta. No prevé sanciones para quienes la incumplan, no obliga a justificarse a quienes no contesten y, sobre todo, no abarca a las administraciones autonómicas ni municipales.
Otra gran tarea pendiente, más allá de mejorar la transparencia, es elaborar una nueva Ley de secretos oficiales que sustituya a la aprobada hace 51 años y que, en la práctica, impide desclasificar documentos, algo insólito en Europa. Tras años de parálisis, en junio de 2018 se reactivó la ponencia de la Comisión Constitucional que estudia la reforma. La iniciativa la lleva el Partido Nacionalista Vasco que propone desclasificar en 25 años los documentos secretos y en 10 los reservados, pero los grandes partidos han presentado numerosas enmiendas. Apenas se ha avanzado en los últimos siete meses. A la hora de trabajar sobre el siglo XX los historiadores andan aún cojos.
Ignacio Cembrero
